La intervención militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) al régimen venezolano tendrá repercusiones en todos los ámbitos de América Latina, de manera especial en México, debido a su cercanía territorial. Los efectos se manifestarán en el marco comercial, seguridad nacional, narcotráfico, migración, política interna, recursos energéticos, e incluso en materia laboral.
“Doctrina Donroe”
Esta acción militar se enmarca en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump, dada a conocer a altas horas de la noche del pasado jueves 4 de diciembre de 2025, proclamando una nueva era de intervencionismo en América Latina dirigido en su mayor parte contra gobiernos con tendencia de izquierda.
Los objetivos de Washington son el recorte drástico de la migración, la neutralización de los cárteles de la droga y de la delincuencia transnacional, el desplazamiento de las inversiones de China en la región. Asegurar las cadenas de suministros fundamentales y garantizar su acceso continuado en áreas estratégicas en América Latina, particularmente aquellas vinculadas a los recursos energéticos, ya sea por las buenas o por las malas.
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Es el resurgimiento, dos siglos después de la doctrina Monroe del siglo XIX ahora interpretada bajo el estilo y la lógica de Trump. Ya se le conoce como “Doctrina Donroe”, por la D de Donald Trump.
El gobierno de México tiene el reto de asumir una defensa firme a su soberanía nacional, de rechazar toda intervención bélica y al mismo tiempo revisar el TMEC con alta diplomacia, neutralidad y alejada de tintes ideológicos que eviten se radicalicen posiciones.
Más aranceles y despidos
El riesgo después de estos acontecimientos bélicos en Venezuela puede dificultar las renegociaciones del TMEC y que éstas se conviertan en imposiciones que afecten el empleo, derechos laborales y la economía nacional. Los aranceles aplicados durante el año de 2025 generaron miles de despidos en áreas vinculadas a los intereses comerciales de EUA.
El efecto negativo en el sector manufacturero ha sido mayúsculo: el personal ocupado, con el último dato disponible del mes de octubre, tuvo una caída del 2.5% anual que representaron 101 mil 058 empleos perdidos.
A nivel subsector, las caídas anuales más profundas de empleo se observaron en la fabricación de autos, camiones y autopartes (-7.32%), fabricación de maquinaria y equipo (-5.80%), fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir (-4.09%), fabricación de insumos textiles (-3.95%) e industrias metálicas básicas (-3.49%).
La pérdida sostenida de empleos está generando una caída en el consumo interno y una desaceleración más profunda. Los aranceles no solo están afectando a las grandes exportadoras, sino también a miles de micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de ellas como los proveedores de la industria automotriz distribuidos en todo el país. Aún no se han cuantificado sus efectos totales sobre el deterioro del mercado laboral.
El gobierno mexicano incumple compromisos internacionales.
Resulta evidente que el gobierno mexicano ha dejado de cumplir cabalmente con sus compromisos internacionales al no aportar el presupuesto suficiente a las instituciones relacionadas con la reforma laboral.
Esta tragedia la sufren el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los Tribunales Laborales, tanto en materia individual como colectiva, los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en materia de trabajo, los cuales tienen congelados sus presupuestos a pesar de cargar con un número excesivo de casos que rebasa su capacidad de atención y resolución.
La reforma laboral de 2019 tuvo como propósito central el terminar con los contratos colectivos de protección, garantizando la participación efectiva a los trabajadores y lograr una ansiada libertad sindical. Sin embargo, el proyecto se ha truncado en un sistema que, mediante el estrangulamiento presupuestal, ahoga deliberadamente a las instancias encargadas de impartir justicia laboral, vaciando de contenido los avances normativos alcanzados.
Los juicios de titularidad de contratos colectivos tardan dos y hasta tres años en consumarse, a pesar de la reforma laboral, lo cual anula la posibilidad de que los trabajadores puedan hacer efectiva su libertad de elegir al sindicato de su preferencia. La mayoría de los patrones detestan la posibilidad de que haya un sindicato en su empresa. En cuanto ubican a los trabajadores que encabezan su derecho legítimo a tener un sindicato real, éstos son despedidos, sin que haya autoridad que lo impida.
El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) ha sido un medio en que los trabajadores, ligados a los sectores de exportación o importación de productos o servicios, han logrado que se mejore su derecho a la contratación colectiva, e incluso obligar a las empresas a reinstalar a quienes despiden, pero esto ha beneficiado a una absoluta minoría.
Del universo de trabajadores vinculados al sector comercial con EUA que son 3 millones 198 mil 516, solo 60 mil trabajadores (1.9%) han podido lograr algún beneficio de respeto a sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
No se diga el lograr un contrato colectivo de trabajo que sigue siendo un proceso plagado de obstáculos. La mayor parte de trabajadores mexicanos no solo carece de uno, sino que ni siquiera conoce ese derecho.
Insuficiente incremento al CFCyRL
Entre 2024 y 2025 el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral sufrió la mutilación de un 35.6% en su presupuesto, en términos reales, debilitando gravemente su capacidad operativa. Para 2026 tiene un incremento esperado del 70.1%. Sin embargo, tomando en cuenta el agudo descenso presupuestal que tuvo en 2025 sumado a la inflación observada en ambos años, el aumento es insuficiente, apenas de un 5.8% en términos reales. Que apenas si repone el presupuesto original que tenía en el año de 2022, cuando ya operaba con enormes limitaciones.
El CFCyRL sigue manteniendo bajos salarios para sus operadores e inestabilidad laboral, siendo un 81% de ellos personal eventual. Mientras tanto, tribunales laborales y de amparo inician el año con cero incrementos en sus presupuestos.
Consultas simuladas
El gobierno mexicano ha abierto consultas simuladas a las organizaciones sindicales y empresariales para establecer una estrategia para la próxima renegociación del TMEC. Sin embargo, solo ha servido para tomar nota en papeles fríos sin comprometerse a facilitar una participación presencial.
Es cierto que a quien le toca negociar directamente es al gobierno mexicano, pero puede establecer una mesa de consulta en tiempo real con representantes de los sectores sindicales y no solo empresariales. Hasta ahora no ha mostrado esa intención.
Lo ocurrido militarmente el día 3 de enero en Venezuela tendrá repercusiones significativas en el sector laboral ante la posibilidad de que se fraccione el TMEC, y los acuerdos sean de carácter binacional lo que incrementaría las afectaciones comerciales y una mayor intervención en los recursos energéticos.
En el ámbito laboral es previsible que haya mayores ajustes en la aplicación del MLRR, se amplié el concepto de instalación cubierta, se exija un mayor presupuesto en las instituciones vinculadas a la reforma laboral y se hostigue más a las inversiones extranjeras para que abandonen el país.
¿El gobierno de EUA entenderá en la renegociación del TMEC que son tiempos de diálogo y apertura de beneficio mutuo? ¿O correrá la imposición a un solo lado?