Lo digital es político. No porque sea ideológico, sino porque organiza nuestras vidas: cómo nos informamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. Hoy, gran parte de eso ocurre en línea, y sin embargo, seguimos hablando de la tecnología como si fuera un asunto técnico o ajeno, reservado solo para especialistas.
En México, cada vez se vuelve más evidente que el ecosistema digital necesita atención decidida. No solo para resolver problemas urgentes, sino para construir una visión compartida de futuro. Y es que, en poco tiempo, han surgido reformas, nuevas reglas, iniciativas e ideas que impactan directamente el uso que hacemos de Internet y los derechos asociados a él. No todas son negativas; muchas de ellas buscan atender necesidades legítimas. Pero lo que preocupa no es solo el qué, sino el cómo: ¿estamos tomando decisiones de manera abierta, clara y participativa?
Desde distintos espacios, académicos, técnicos, ciudadanos, se ha insistido en la necesidad de un enfoque más integral, que contemple a todas las voces. Las decisiones sobre lo digital no pueden tomarse en automático ni con premura, porque tienen impactos profundos: en la privacidad, en la libertad de expresión, en la innovación, en la inclusión. México tiene todo para liderar una conversación madura sobre estos temas, pero eso requiere espacios reales de escucha y reglas que generen certeza tanto para quienes usan las tecnologías como para quienes las regulan o desarrollan.
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El debate no es sobre si regular o no, sino sobre cómo hacerlo bien. Se trata de encontrar el equilibrio entre proteger derechos y fomentar la innovación. Una ley o política pública debe dar garantías claras, independientemente de quién esté en el poder. La buena gobernanza digital no se mide solo por la intención, sino por la forma en que se implementa: con transparencia, con participación y con responsabilidad.
La ciudadanía no es ajena a lo digital: lo vive todos los días. Por eso, también debe formar parte activa de las decisiones que lo configuran. Reconocer las voces de quienes usan, desarrollan y estudian la tecnología es una oportunidad, no una amenaza, para hacer mejores leyes, más justas y sostenibles. Escuchar no retrasa: mejora.
Reconocer estos retos no es una crítica vacía ni una confrontación: es una invitación. Una oportunidad para que gobierno, sociedad y sector privado construyamos juntos una política digital con visión de largo plazo. Una que no dependa del ánimo de un solo actor, sino que esté respaldada por principios claros, con mecanismos que den garantías, incluso cuando cambien las administraciones.
Hoy más que nunca necesitamos reglas que cuiden, que orienten, que generen confianza. Y también necesitamos reconocer que no se trata de regular la tecnología por sí misma, sino de entender las relaciones humanas que están mediadas por ella. Si decimos que lo digital es político, es porque ahí también se juega nuestra ciudadanía.
Desde este lado, les deseo muy felices fiestas, que el siguiente año nos sigamos encontrando construyendo un mejor futuro digital para el país.