En ocasiones, antes de iniciar una reunión de análisis, reviso y releo varias veces los datos que dan cuenta de los cierres de empresas y las repercusiones que tienen sobre los trabajadores y sus familias.
Tan sólo en diciembre de 2025 cerraron 6 mil 839 empresas, lo que ha representado en ese mes 220.6 autoclausuras por día. Se trata de una cifra preocupante desde cualquier perspectiva que se pretenda ver, ya que refleja esperanzas y proyectos que se frustran ante la falta de viabilidad económica.
Durante 2025, de enero a diciembre, se dieron de baja 25 mil 667 empresas, de acuerdo con datos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representó un promedio de 70.32 cierres diarios.
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Sumando los años de 2024 y 2025, la mortandad de empresas alcanzó la cifra de 43 mil 578 centros de trabajo, que representa en promedio 59.7 cierres diarios.
Para tener una idea clara del problema, tomando cifras oficiales, el 56% de las bajas patronales en el periodo fueron de negocios que empleaban de 2 a 5 personas.
El 16% de las unidades económicas que se dieron de baja correspondieron a negocios con plantillas de entre 6 y 50 trabajadores, lo que evidencia la vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas frente al entorno económico actual. Además, durante 2024 y 2025, 13 grandes empresas que emplean de 501 a mil trabajadores cancelaron su registro ante el IMSS.
En la mayoría de los casos, los trabajadores se enfrentan a despidos sin posibilidad de ser reincorporados o que se les paguen indemnizaciones y, cuando llegan a recibir algún monto, no representa ni la décima parte de lo que les corresponde. Las empresas desaparecen de un día para otro y, cuando los empleados citan en los centros de conciliación a sus patrones, estos ya emigraron a otro lugar.
He podido atestiguar la desaparición de centros de trabajo ante los ojos impotentes de los trabajadores: terrenos, inmuebles y departamentos quedan vacíos, sólo dejan basura. Cuando la autoridad intenta citarlos a una conciliación o los busca para que contesten una demanda, son ilocalizables.
La ausencia de información sobre la situación financiera que viven las empresas, sumado a la falta de contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales abonan para que se genere la impunidad patronal.
María Xelhuantzi López, en su “Ensayo sobre el Sistema Laboral en el Sistema Político en México”, realiza un análisis sobre los entuertos de poder que impiden una verdadera democracia laboral. Reflexiona sobre la inexistencia en los contratos colectivos y en la legislación laboral de exigir a las empresas transparentar la información financiera en la que se encuentran.
María Xelhuantzi, doctora en ciencias políticas por la UNAM, lamenta que “prácticamente ningún sindicato mexicano ha logrado evolucionar su lenguaje contractual al punto de incluir en sus contratos colectivos de trabajo la cláusula de revelación de información”.
La estudiosa mexicana destaca que esta clase de cláusulas de revelación de información empresarial es obligatoria en contratos colectivos celebrados entre empresas y sindicatos de los países de Estados Unidos de América y Canadá, ambos socios del T-MEC, pero también ocurre en otros países desarrollados.
En nuestro país, este tipo de obligaciones empresariales son prácticamente desconocidas y no se encuentran en los proyectos de modificación de los contratos colectivos de trabajo. Normalmente, los trabajadores procuran reformar sus cláusulas económicas y no las que tienen que ver con su subsistencia laboral a mediano y corto plazo.
Sin embargo, es imprescindible que las empresas transparenten su situación financiera regularmente en periodos específicos, como base de sus negociaciones contractuales, principalmente para evaluar riesgos ante aumentos insostenibles de pasivos y altas deudas contratadas, para tomar medidas frente a las posibles quiebras y cierres de centros de trabajo, y además para verificar el cálculo correcto del PTU durante el año y su cumplimiento.
A esta crisis de estrategia sindical se suma el tema de los despidos, que no hay manera de detenerlos. No se exigen fianzas en la legislación laboral mexicana que protejan al trabajador en caso de cierres intempestivos de empresas.
Detrás de cada empleo perdido por el cierre de una empresa, hay familias afectadas y un sistema laboral que no protege al trabajador. Sin cambios en la legislación y en la estrategia sindical, la impunidad patronal y la vulnerabilidad laboral seguirán siendo la norma en México.
Apenas el 8 de enero de 2026, el IMSS publicó los últimos datos de empleo formal correspondientes al año pasado (2025) que confirman el dramático descenso que tuvo la generación de puestos de trabajo: en el mes de diciembre de 2025 se perdieron 320 mil 692 empleos de trabajo formal, de los cuales 234 mil 705 eran trabajadores con empleos permanentes (73.2%), mientras que 85 mil 987 (26.8%) eran trabajadores temporales. Lo que representó 198 mil 293 puestos menos para los hombres (61.84%) y 122 mil 399 para las mujeres (38.16%).
Este retroceso superó en gran medida el total de puestos creados en todo 2025, que fueron 278 mil 697 empleos formales registrados en el IMSS (a pesar de haberse incluido a los trabajadores seudo formalizados de las plataformas digitales).
Es sintomático que, de los 6 estados maquiladores de la frontera norte del país, 5 de ellos tuvieron pérdidas en el empleo formal en 2025: Coahuila (-22 mil 681), Baja California (-16 mil 297), Sonora (-13 mil 148), Chihuahua (-10 mil 886) y Tamaulipas (-9 mil 421). Solamente Nuevo León tuvo incrementos en el empleo formal del orden de 19 mil 387 personas.
Adicional, los estados altamente maquiladores del centro del país también se han visto afectados, como el estado de Guanajuato con apenas 585 empleos formales generados, al igual que Aguascalientes con 1 mil 900 puestos de trabajo creados durante todo 2025.
El panorama económico es incierto ante los despidos y el constante cierre de empresas que no se detienen a pesar de los esfuerzos gubernamentales.
¿Hasta dónde llegaremos?