Hablar de finanzas públicas municipales es hablar de la calidad de la vida cotidiana, pues son los municipios los responsables del alumbrado público, las calles, los parques y la recolección de basura; entre otros servicios que usamos todos los días y cuya provisión depende, en gran medida, de la solidez de sus ingresos. Sin embargo, en México, esa base sigue siendo frágil. La recaudación tributaria municipal apenas alcanza 1.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. A ello se suma una alta dependencia hacia las transferencias federales, que representan más de 70 % de los recursos municipales. Esta estructura limita la autonomía local y limita su capacidad de respuesta ante las necesidades más inmediatas de la población.
En este contexto, el impuesto predial y el Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) representan una oportunidad que no termina de aprovecharse. Ambos gravámenes constituyen casi la mitad de los ingresos propios municipales y cuentan con características deseables para cualquier impuesto: tienen bases relativamente estables, son progresivos y con un claro potencial redistributivo. Aun así, su recaudación conjunta equivale apenas a 0.2 % del PIB, una cifra que contrasta con el peso que tienen los bienes inmuebles en el patrimonio de las familias mexicanas.
La vivienda no sólo es un derecho, también se ha convertido en un instrumento de inversión, particularmente entre los hogares de mayores ingresos. En contraste, para amplios sectores de la población, el acceso a una vivienda digna es cada vez más costoso. Ante este escenario, el predial y el ISAI pueden funcionar como herramientas fiscales que, además de fortalecer las haciendas municipales, contribuyan a corregir desigualdades y a mitigar los efectos de la especulación inmobiliaria.
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¿Qué impide entonces elevar la recaudación local a través de estos instrumentos? Parte de la respuesta se encuentra en las debilidades administrativas que dificultan su aprovechamiento. Esto es: catastros desactualizados, sistemas fragmentados y limitaciones técnicas reducen la eficiencia recaudatoria. Modernizar y homologar estos sistemas no sólo permitiría cobrar mejor, sino también planear de manera más ordenada el desarrollo urbano.
Fortalecer el predial y el ISAI no implica cargar nuevas responsabilidades a quienes menos tienen. Por el contrario, abre la puerta a esquemas más justos, donde quienes poseen o adquieren inmuebles de mayor valor contribuyan más, y donde los recursos recaudados puedan destinarse a mejorar tanto servicios públicos, como políticas de acceso a la vivienda.
La discusión sobre estos impuestos es, en realidad, una discusión sobre el papel de los municipios en el desarrollo del país. Aprovechar su potencial recaudatorio es un paso necesario para construir gobiernos locales más sólidos, menos dependientes y mejor preparados para atender las desigualdades que hoy se reflejan en el territorio. El CIEP elaboró una investigación al respecto que puedes consultar en www.ciep.mx.
Emilio Sánchez Salazar*
Economista por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con especializaciones en Economía Pública y Desarrollo Sostenible, así como de Economía Aplicada y Ciencia de Datos por la misma institución. Actualmente colabora como investigador en el área de finanzas públicas subnacionales en el CIEP. Sus áreas de interés son el federalismo fiscal, economía del desarrollo, la economía conductual y la ciencia de datos aplicadas al deporte. Ha tenido la oportunidad de incidir en la discusión sobre la coyuntura subnacional por medio de investigaciones que permiten conocer el contexto de la coordinación fiscal actual, así como para fomentar la independencia fiscal de los gobiernos subnacionales. Considera que toda política pública puede ser más efectiva si se implementa desde lo local