El 2026 se perfila como un periodo atípico para las finanzas públicas en México, pues la celebración de la Copa Mundial de la FIFA es un evento de gran magnitud que puede alterar, de manera transitoria, el comportamiento de algunas variables fiscales. Este evento deportivo y social también representa un choque económico puntual sobre el consumo privado y la demanda de servicios, factores que requieren una planeación presupuestaria que articule la captación de ingresos extraordinarios con la gestión del gasto público destinado a la operatividad logística.
En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anticipa que el sector servicios mantendrá un desempeño favorable debido al consumo de los hogares, el comercio minorista y los servicios de esparcimiento. A este dinamismo se sumará, posiblemente, un impulso adicional en los servicios culturales, deportivos y turísticos asociados al Mundial de Futbol, así como en el comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, actividades que concentran una parte relevante de la demanda inducida por eventos de esta magnitud.
La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 proyecta una cifra de 8.72 billones de pesos, lo que implica un crecimiento real de 4.6 % respecto al año previo. De este total, el 66.9 % corresponde a ingresos tributarios, impulsados de manera significativa por los impuestos al consumo, como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). La SHCP estima que la recaudación por IVA podría alcanzar 1.59 billones de pesos, equivalentes a 4.25 % del PIB, lo que representaría un crecimiento real de 4.9 %; por su parte, para el IEPS, se espera alcanzar los 761 mil 501.9 millones de pesos, equivalentes al 2.0% del PIB, esto es, 3.0% más que hace un año. En este último, el dinamismo puede explicarse, en parte, por el incremento esperado tanto en combustibles automotrices como en el consumo de bebidas con contenido alcohólico, saborizadas y juegos con apuestas, rubros relacionados con la afluencia turística y la concentración de eventos deportivos.
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Por otro lado, en materia de gasto, para 2026 el Gobierno Federal planea gastar 652 mil 065 millones de pesos (mdp) en infraestructura pública. Las tres entidades federativas que albergan partidos del Mundial: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, concentran el 21% de estos recursos. Sin embargo, este gasto muestra matices importantes pues, mientras que en Nuevo León se proyecta un crecimiento del 3.1 % con un gasto de 136 mil 880 mdp, y en Jalisco un incremento del 3.5 % con 16 mil 823 mdp, la Ciudad de México presenta una reducción del 0.3 % respecto a lo aprobado en 2025, con 99 mil 589 mdp.
De manera complementaria, el Gobierno Federal prevé que sectores como transporte y alojamiento se beneficien de la consolidación de proyectos estratégicos de infraestructura, entre los que destacan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. A ello se suman las adecuaciones en infraestructura vial, de transporte y el incremento en la capacidad hotelera en las ciudades sede del Mundial, inversiones que buscan atender el aumento esperado en la movilidad y la demanda de servicios.
En el análisis de la composición del gasto, una parte considerable de los recursos se orienta a la operación y administración de la infraestructura existente, más que a la creación de obra nueva. En el sector aeroportuario, por ejemplo, el gasto de 4 mil 754 mdp se destina principalmente a funciones operativas. Casos específicos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto de Tulum muestran partidas destinadas a administración, supervisión y verificación, sin que se registren recursos para nuevas obras de infraestructura en el contexto del evento. No obstante, el sector transporte y la movilidad urbana concentran montos de 199 mil 674 mdp y 194 mil 823 mdp, respectivamente.
Así, 2026 se perfila como un ejercicio en el que los ingresos públicos estarán influidos por un choque positivo de corto plazo, pero cuya evaluación integral solo podrá realizarse cuando se cuente con información completa y comparable. Desde una perspectiva de finanzas públicas, es importante subrayar que buena parte de estos ingresos tienen un carácter transitorio. El Mundial no modifica de manera estructural la base tributaria, ni garantiza una senda permanente de mayor recaudación. Por ello, más que anticipar beneficios fiscales definitivos, el verdadero reto será realizar, una vez concluido el evento, un análisis costo–beneficio (expost) que permita evaluar si la derrama económica, fiscal y de inversión asociada al Mundial efectivamente compensa los recursos públicos destinados a infraestructura, servicios y logística.
* Katherine Olvera Juárez
Investigadora
Economista egresada de la Facultad de Economía de la UNAM, con formación especializada en análisis económico-energético y finanzas públicas. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, participó en la elaboración de reportes sobre energías renovables y tarifas públicas, así como en la actualización de bases de datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) e inflación energética. Actualmente es investigadora del CIEP en temas relacionados con inversión pública e infraestructura.
**Jonathan Hernández Reséndiz
Investigador
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Colaboró con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO), donde llevó a cabo investigaciones y estudios sobre crecimiento económico, empleo formal y desempleo. Asimismo, realizó análisis sociodemográficos dirigidos a respaldar la toma de decisiones de los líderes políticos en la administración pública local. Sus áreas de interés incluyen la economía aplicada, las finanzas públicas, la economía del comportamiento, el desempleo, la gentrificación y los precios de la vivienda en México. Actualmente colabora como investigador en el área de ingresos y deuda pública en el CIEP. Considera el conocimiento económico esencial para la vida de las personas y está convencido de que debe ser transmitido de manera clara y accesible, para que todos puedan aprovechar sus beneficios.