Barcelona, España. El accidente ferroviario ocurrido la noche del domingo 18 de enero en Adamuz, un municipio de la provincia de Córdoba en Andalucía, ha sacudido a España con un balance provisional de 39 fallecidos y más de 150 heridos, convirtiéndose en el primer siniestro de esta magnitud en la red de alta velocidad española (AVE) desde su inauguración hace más de tres décadas. La tragedia ocurrió en uno de los corredores ferroviarios más importantes del país, que conecta la capital Madrid con el sur de la nación mediterránea.
Lo que se sabe
El accidente se produjo alrededor de las 19:45 horas (13:45 horas de Ciudad de México) cuando los últimos vagones de un tren de la operadora privada Iryo, de origen italiano y una de las tres empresas que compiten en el mercado ferroviario español liberalizado, descarrilaron poco después de realizar parada en la estación de Córdoba. El convoy transportaba 317 pasajeros. Los vagones descarrilados invadieron la vía contigua por la que circulaba en sentido contrario un tren Alvia de Renfe (la empresa ferroviaria estatal española) con aproximadamente 100 pasajeros.
Los dos primeros coches del Alvia cayeron por una pendiente de cuatro metros tras el impacto. Las labores de rescate se prolongaron durante toda la noche, con la movilización de múltiples equipos de emergencia, incluyendo la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, cuerpo similar a la Guardia Nacional mexicana, y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). De acuerdo a reportes del gobierno, 27 médicos forenses participan en diversas tareas como el levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras y la práctica de autopsias.
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El balance de víctimas 24 horas después del accidente es de 39 fallecidos, 152 personas heridas, 24 de ellas graves. Entre los fallecidos se encuentra el maquinista del tren Alvia y una familia completa procedente de una localidad costera de la provincia de Huelva. Para dimensionar la tragedia, se trata del peor accidente ferroviario en España desde el descarrilamiento de Santiago de Compostela en 2013, que dejó 80 muertos, y el primero de alta gravedad en la red de alta velocidad, que hasta ahora había sido considerada una de las más seguras del mundo.
Un accidente “tremendamente extraño”
Lo que resulta particularmente desconcertante para los expertos es que el accidente se produjo en una recta, en condiciones que sobre el papel deberían haber sido seguras. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el suceso de "tremendamente extraño" y "muy difícil de explicar", señalando que la infraestructura había sido renovada recientemente con una inversión de 700 millones de euros y en la zona del accidente los trabajos de renovación habían concluido en mayo.
Además, de acuerdo a la empresa operadora, el tren de Iryo había sido revisado el pasado 15 de enero, y se fabricó apenas en 2022. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, descartó el error humano como causa, apuntando a posibles fallos en el material móvil de Iryo o en la infraestructura, aunque reconoció que es prematuro determinar las causas exactas.
Sin embargo, reportes de hemeroteca indican que el año pasado el Gobierno español reconoció ante una pregunta del Senado que el 5 de junio de 2025 se produjeron dos incidencias técnicas en los sistemas de señalización de la línea de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. Varios maquinistas que circularon por la misma línea habían expresado preocupación sobre el estado de la vía a la administradora estatal de infraestructuras ferroviarias, Adif, criticando que era usual enfrentarse a limitaciones temporales de velocidad por defectos en los desvíos o por los baches en la vía, lo que no debería ser normal.
La investigación será un proceso complejo y prolongado
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha asumido la dirección técnica de las pesquisas desde la mañana del lunes. Este organismo independiente, creado en 2007 y adscrito al Ministerio de Transportes, tiene la responsabilidad de determinar las causas técnicas del accidente.
El informe de la investigación se hará público en el plazo más breve posible, siendo el máximo doce meses desde la fecha del suceso. Sin embargo, precedentes como el descarrilamiento de Angrois en 2013, sugieren que investigaciones de esta envergadura pueden extenderse más allá del plazo previsto y generar controversia sobre sus conclusiones.
El ministro Puente ha pedido prudencia con los análisis precipitados y basados en meras especulaciones, insistiendo en que será la CIAF quien determine las causas del siniestro. Por su lado, el presidente de la Junta de Andalucía ha advertido que el trabajo de identificación de las decenas de víctimas mortales va a ser "duro y complicado".
Respuesta institucional: unidad interadministrativa y tres días de luto
La respuesta institucional ha estado marcada por una coordinación entre las diferentes administraciones públicas que ha sido destacada tanto por el Gobierno central socialista como por la Junta de Andalucía, gobernada por el conservador Partido Popular (PP). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro.
Sánchez compareció acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), la vicepresidenta primera María Jesús Montero, los ministros de Transportes Óscar Puente y del Interior Fernando Grande-Marlaska, así como del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno. En el actual contexto político español fuertemente marcado por la confrontación entre gobierno central y gobiernos regionales de distinto signo político, Sánchez ha destacado la cooperación que está habiendo entre administraciones, señalando que el Estado ha actuado "unido, coordinado y con lealtad".
El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial que comenzaron a las 00:00 horas del 20 de enero y se prolongarán hasta las 24:00 horas del 22 de enero. Durante este período, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos, se suspenden actividades oficiales y se han celebrado minutos de silencio en diversas instituciones.
La agenda política nacional se ha paralizado. El encuentro previsto entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, principal partido de oposición, fue aplazado a petición del propio Feijóo, quien apeló a la "mínima sensibilidad" ante la tragedia.
La disonancia de Vox y la manipulación de la desinformación
Mientras la mayoría de partidos políticos han suspendido su agenda y expresado condolencias sin entrar en confrontación política, el líder de Vox, Santiago Abascal, partido de ultraderecha que es la tercera fuerza en el Congreso español, ha marcado una excepción notable. Abascal ha sido el único líder político que ha aprovechado el accidente ferroviario de Adamuz para cargar directamente contra el Gobierno, escribiendo en redes sociales que "Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo" y calificando al Ejecutivo de "mafioso".
Vox no suspendió la agenda de las actividades políticas del lunes y su portavoz nacional, José Antonio Fúster, anunció que el grupo parlamentario trabaja para exigir responsabilidades al Gobierno.
Esta estrategia política inmediata ha generado críticas de diversos sectores que consideran prematuro atribuir responsabilidades cuando aún se desconocen las causas técnicas del accidente y los equipos de emergencia continúan trabajando en la identificación de víctimas.
En medio de la tragedia, Sánchez ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acceda solo a la información oficial sobre este accidente para huir de la desinformación que, ha dicho, genera mucha incertidumbre y dolor.
Desde las primeras horas, varios actores políticos vinculados a la ultraderecha española han difundido bulos que buscan responsabilizar directamente al presidente del Gobierno. Entre los más destacados se encuentran los agitadores ultraderechistas Javier Negre y Vito Quiles, quienes difundieron información falsa sobre supuestas transferencias económicas irregulares a Marruecos para su red ferroviaria en detrimento de la atención de la red española, cuando en realidad se tratan de préstamos estatales formales otorgados a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).
La SER, la cadena de radio más escuchada a nivel nacional, publicó en su web una imagen generada por inteligencia artificial como si fuera real, teniendo que pedir disculpas posteriormente. También circularon en grupos y redes mensajes falsos donde supuestamente las autoridades solicitaban la ayuda de los ciudadanos para colaborar en las tareas de rescate; la Agencia de Emergencias de Andalucía insistió en que los servicios de emergencia son los únicos autorizados a estar en la zona.
Este patrón de desinformación no es nuevo en España. Se observó previamente tras las inundaciones provocadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en la región de Valencia en octubre de 2024, donde se aprovechó la tragedia para difundir bulos y alimentar la polarización política. La diferencia es que en esta ocasión la maquinaria de la desinformación se activó de forma prácticamente instantánea, incluso antes de que se conociera el alcance real de la tragedia.
Los riesgos de la politización y la necesidad de respuestas
El accidente de Adamuz representa un punto de inflexión para el sector ferroviario español, que hasta ahora había mantenido un historial de seguridad ejemplar en alta velocidad. Las autoridades enfrentan ahora varios desafíos simultáneos:
En primer lugar, la necesidad de esclarecer las causas técnicas del accidente mediante una investigación rigurosa e independiente que genere confianza pública. La CIAF tiene una responsabilidad histórica en este sentido, especialmente tras las críticas a su actuación en el caso de Angrois.
En segundo lugar, gestionar la dimensión humana de la tragedia: la identificación de víctimas, el apoyo a familiares y la atención a más de 150 heridos. La coordinación entre las diferentes administraciones en este aspecto ha sido, hasta el momento, eficaz.
En tercer lugar, combatir la desinformación sin caer en la censura, un equilibrio delicado en una sociedad hiperpolarizada donde sectores de la política han encontrado en las tragedias una oportunidad para la agitación social.
La pregunta es si el consenso institucional actual podrá mantenerse una vez que la CIAF presente sus conclusiones. La experiencia de otras tragedias sugiere que la fase de determinación de responsabilidades será mucho más conflictiva que la de emergencia y duelo colectivo.
Por ahora, mientras los forenses trabajan en la identificación de víctimas y los ingenieros analizan cada centímetro de vía y cada componente de los trenes siniestrados, España guarda luto por las 39 personas que perdieron la vida en lo que ya es una tragedia que marcará al país.