El mundo occidental atraviesa un momento incómodo pero ineludible: el desmontaje del mito. Reconocer, por fin, que nos han visto la cara.
Estados Unidos, autoproclamado guardián de la democracia, se encuentra en una deriva autoritaria que no puede leerse como una anomalía coyuntural, sino como una continuidad histórica. La democracia estadounidense, durante décadas vendida como modelo universal, hoy se revela con mayor nitidez como lo que siempre ha sido en su dimensión imperial: una farsa funcional al poder.
Lo que hoy se presenta como una crisis institucional es, en realidad, la exposición de un sistema que combina procedimientos democráticos con prácticas autoritarias, coloniales y profundamente excluyentes. Una lógica de poder que ha operado históricamente desde la excepción, el control y la violencia selectiva. La diferencia es que ahora ya no se ejerce únicamente hacia afuera, sino también hacia adentro.
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La militarización de la vida cotidiana en Estados Unidos es uno de los síntomas más visibles de esta farsa, y no requirió tanques ni golpes de Estado. Se materializa a través de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): cuerpos civiles y administrativos convertidos en fuerzas de ocupación interna, con amplios márgenes de discrecionalidad y una lógica de enemigo interno propia de un Estado policial.
Sus operativos en barrios y ciudades con alta población racializada no buscan seguridad, sino sometimiento. Nada de esto es nuevo. Las pensadoras antirracistas y decoloniales lo han señalado durante décadas: el Estado estadounidense se edificó sobre la exclusión racial, la expansión territorial violenta y la administración coercitiva de poblaciones consideradas prescindibles. La persecución contemporánea de migrantes y disidentes no es una desviación del proyecto democrático, sino uno de sus pilares. La democracia, en su versión liberal, siempre ha sido compatible con la represión, mientras ésta se ejerza sobre cuerpos previamente deshumanizados.
La pregunta, entonces, no es solo qué ocurre dentro de Estados Unidos, sino por qué el mundo guarda silencio. ¿En qué momento la comunidad internacional se pronunciará frente a un país que normaliza la persecución política y la militarización del espacio público bajo el eufemismo de la seguridad nacional? La respuesta revela el núcleo de la farsa: ese momento quizá nunca llegue, porque Estados Unidos no es evaluado con los mismos parámetros que el resto del mundo.
Países del Sur Global han sido sancionados, bloqueados o intervenidos por prácticas que hoy encuentran paralelos inquietantes en Estados Unidos. Sin embargo, no hay condenas multilaterales ni sanciones económicas cuando la erosión democrática ocurre en Washington. No por falta de información, sino por cálculo político. No es el Estado de derecho, sino el poder, quien define la moral.
Frente a este escenario, es imprescindible desplazar la mirada y también el criterio. La democracia no puede seguir midiéndose por la existencia formal de elecciones o tribunales, sino por su capacidad efectiva de garantizar derechos, vidas dignas, espacios de disenso y límites reales al poder. En Estados Unidos, esas condiciones se erosionan aceleradamente, incluso mientras el lenguaje institucional insiste en su vigencia.
La culminación de la deriva autoritaria de Estados Unidos no es solo un problema interno: es un precedente global. Si el país que dicta las reglas del juego puede implosionar sin pagar costos internacionales, el mensaje al mundo es terrorífico.
Tal vez la pregunta no sea cuándo reaccionará el mundo, sino si el orden internacional actual está estructuralmente diseñado para no hacerlo. Y tal vez, el problema no sea que Estados Unidos haya dejado de ser una democracia, sino que durante demasiado tiempo aceptamos que esto era lo que la democracia podía ser.