Hablar del Centro Histórico es hablar del alma de la Ciudad de México. En sus calles conviven la historia, la vida cotidiana, el comercio, el turismo y la identidad de millones de personas. Por eso, cada decisión que se toma en este espacio emblemático tiene un impacto profundo en la forma en que habitamos la ciudad. El reciente decomiso de 50 mil 376 vapeadores y cigarrillos electrónicos no es únicamente un operativo exitoso; es una acción que refleja una visión clara de gobierno: cuidar la salud, recuperar el espacio público y hacer cumplir la ley.
Bajo el liderazgo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el Gobierno de la Ciudad ha asumido con firmeza una tarea que por años fue postergada. Como ella misma lo ha señalado, un solo vapeador puede equivaler hasta a cuatro cajetillas de cigarros en contenido de nicotina. Esta realidad nos obliga a reflexionar sobre el daño silencioso que estos productos están causando, particularmente entre niñas, niños y jóvenes, quienes son el principal objetivo de una industria que disfraza la adicción con colores llamativos y empaques atractivos.
Hoy tenemos evidencia clara de sus efectos. En hospitales de la ciudad ya se atiende a adolescentes e incluso a menores de 10 o 12 años con problemas respiratorios derivados del consumo de vapeadores. Frente a este escenario, la omisión no es opción. Retirar del mercado más de 50 mil dispositivos —mercancía prohibida por la normatividad federal— es una decisión que pone la vida y el bienestar por encima de cualquier interés económico.
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Pero esta acción va más allá de la salud. Como lo expresó la Jefa de Gobierno, el decomiso envía un mensaje contundente: el Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal. Este resultado es producto de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras áreas del Gobierno de la Ciudad, que han cerrado el paso a redes de distribución de productos prohibidos y de contrabando.
Los datos muestran la dimensión del esfuerzo. Tan solo en 2025, se retiraron 24 mil 572 piezas de mercancía ilegal, se desmontaron estructuras que invadían la vía pública y se realizaron múltiples remisiones administrativas y penales. En lo que va de 2026, el proceso de reordenamiento continúa, porque la recuperación del Centro Histórico es un proyecto permanente, no una acción aislada.
Desde el Gobierno de la Ciudad creemos en el diálogo como herramienta principal. Así lo ha reiterado la Jefa de Gobierno: hablar con todos los sectores, escuchar y construir acuerdos es indispensable. Pero el diálogo no puede ser sinónimo de permisividad. Los acuerdos se respetan, y cuando no se respetan, el Gobierno tiene la obligación de actuar. No se permitirá la venta de mercancía prohibida, ni la ocupación indebida de espacios que deben ser para el libre tránsito y la convivencia.
El comercio en vía pública tiene un lugar en la ciudad, siempre que sea ordenado y legal. Sin embargo, las calles del Centro Histórico no pertenecen a unos cuantos. Son de quienes viven ahí, de quienes lo visitan, de quienes trabajan y de quienes transitan todos los días. Recuperarlas es garantizar derechos, no restringirlos.
Finalmente, quiero reconocer el trabajo de las y los servidores públicos que hacen posible esta labor. El personal de reordenamiento enfrenta diariamente situaciones complejas y, aún así, cumple su función con compromiso y convicción. Como Gobierno, no toleraremos agresiones ni amenazas contra ellos. Defender el espacio público también es defender a quienes lo cuidan.
La recuperación del Centro Histórico avanza porque hay una convicción clara desde el Gobierno de la Ciudad de México: ordenar la ciudad es proteger la salud, la legalidad y el derecho colectivo a una ciudad más justa. En esa ruta seguiremos, con firmeza, diálogo y responsabilidad pública.