La reciente determinación del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional de no transmitir la entrevista de la escritora Sabina Berman al político y productor Eduardo Verástegui en el programa “Largo aliento” ha encendido un debate medular sobre la función de los medios públicos en el México de 2026.
El comunicado conjunto de las Defensorías de las Audiencias sostiene que el contenido de la charla vulnera los “derechos de las audiencias”, al promover una “noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres”. Esta resolución, fundamentada en los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, coloca a las instituciones ante un gran dilema: ¿es el medio público un tutor moral o un facilitador de la pluralidad?
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Ciertamente, la responsabilidad social exige a los medios públicos un estándar ético riguroso para evitar la propagación de narrativas de odio. Por ello, el valor de contar con defensores de audiencias es innegable como mecanismo de rendición de cuentas, pero su labor debe equilibrar la vigilancia ética con el respeto al pluralismo informativo. En una sociedad democrática, el derecho a recibir información no debería ser una concesión mediada por una curaduría administrativa que decida, de antemano, qué ideas son lo suficientemente seguras o meritorias como para ser procesadas por el ciudadano.
La verdadera fortaleza de un sistema de medios públicos no reside en la exclusión profiláctica de lo incómodo, sino en su capacidad para poner en contexto las ideas, para el debate razonado y para el contraste de visiones disonantes. Los medios públicos sirven y representan a los ciudadanos y, nos guste o no, estos tienen sensibilidades diversas que no siempre coinciden con los consensos institucionales. Una audiencia “tutelada” es una audiencia cuya ciudadanía se ve disminuida en su capacidad de juicio, y los medios públicos deben ayudar a desarrollarla. Con esta decisión, la televisión pública podrá cumplir con los estatutos, pero, al hacerlo, paradójicamente, incumple su misión.
Hace apenas unos años, la cancelación de un programa de Canal 22, con el generador de contenido conocido como “El Temach”, provocó un ruido similar. “No tenemos por qué aguantar a un sujeto con ideas misóginas promovidas en un medio pagado con nuestros impuestos”, se decía, aunque lo hubiera entrevistado una activista feminista. No obstante, la diferencia entre los casos es cualitativa y política: mientras El Temach orbita en la cultura digital de la llamada “Manosfera”, el caso de Verástegui tiene un cariz político. Es un presumible aspirante a un puesto de elección popular que utiliza temas como el aborto —al que califica de “crimen y asesinato de un bebé”— para articular una base política real. Verástegui es más que un influencer que caza likes. Es un actor político de ideas ultraconservadoras que busca capitalizar lo que denomina la “mayoría silenciosa” para convertirse en una opción política.
Como muchos, no comulgo con sus ideas y, por supuesto, no votaría por él ni por partidos con esa plataforma. Pero vivimos al amparo de derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la información. En una democracia, conocer las posturas de quienes aspiran a puestos de elección popular no es un lujo, sino un deber, un requisito para el voto informado. Tenemos derecho a saber de forma seria y contextualizada lo que Verástegui defiende y, en consecuencia, actuar en las urnas.
La exclusión de sus posturas en medios públicos le otorga ahora una visibilidad y viralidad que simplifican el debate, radicalizan la polarización y nos privan del contexto informado que solo la televisión pública podía garantizar a partir de la autoridad y el prestigio de la entrevistadora.
De todas formas, dirán algunos, la entrevista la podemos ver ahora en YouTube, en el canal creado ex profeso por Sabina Berman. ¿Cuál es el problema? Que al migrar al entorno digital, la entrevista pierde el filtro, el rigor y la perspectiva contextual que solo un medio público con vocación de servicio puede ofrecer. En las plataformas privadas, el contenido queda a merced de la lógica del algoritmo, que no busca el entendimiento sino el engagement. El resultado es la creación de foros periféricos, clips virales replicados en otras redes y burbujas de eco en las que los discursos no se debaten ni se cuestionan, sino que se radicalizan. El gran valor de una televisora pública debería ser, precisamente, su capacidad para tratar temas polémicos con la madurez, profundidad, sensibilidad y el respeto que faltan en las redes, evitando la exageración y la simplificación que hoy dominan el consumo digital. En cambio, cuando el contenido se consume en la red social, el encuadre de servicio público desaparece y el espectador queda a merced de la pura espectacularidad del personaje.
Justo eso era el logro de Berman. Lejos de ofrecerle a Verástegui una plataforma complaciente, la escritora lo interpela sobre temas espinosos que no se reducen al aborto: desde su cercanía con Ricardo Salinas Pliego y su postura sobre el pago de impuestos, hasta las irregularidades señaladas por el INE respecto a un presunto financiamiento de 7 millones de pesos desde Miami.
Es aquí donde la decisión de la televisión pública resulta más incomprensible y contraproducente: al retirar el programa del aire, se pierde la oportunidad de ejercer el escrutinio público sobre sus ideas. Al expulsar voces como la de Verástegui de la plaza pública institucional, se fomenta su radicalización en foros periféricos donde la exageración, la simplificación y los verdaderos discursos de odio son la moneda de cambio.
La salud de nuestra vida pública no depende de la ausencia de conflictos, sino de nuestra capacidad para tramitarlos mediante la palabra. Aunque no concordemos con todas las voces, renunciar al filtro de la televisión pública es dejar libre el terreno a una radicalización que se alimenta, precisamente, de la exclusión informativa, en espacios donde no existen los defensores de audiencias.