En su primer mensaje de Año Nuevo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió la operación militar que calificó como “extraordinaria y ejecutada al detalle”, realizada por la Delta Force en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas ante tribunales federales estadounidenses.
Trump presentó el operativo como una demostración de la capacidad de Washington para actuar militarmente contra lo que considera amenazas estratégicas y como una señal de que la política exterior estadounidense ha entrado en una fase más agresiva.
En ese contexto, el mandatario aseguró el jueves 8 de enero, en una entrevista con la cadena Fox News, que el Ejército estadounidense ya se prepara para “atacar por tierra” a los cárteles de la droga que, según dijo, “están controlando México”.
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También se refirió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “amiga” y “buena mujer”, aunque insistió en que, a su juicio, son los cárteles quienes “gobiernan” el país. Asimismo, afirmó que en diversas ocasiones ha ofrecido apoyo al gobierno mexicano para combatir al narcotráfico.
Las declaraciones generaron un fuerte rechazo en México, donde el gobierno morenista ha reiterado que cualquier invasión constituiría una violación de la soberanía nacional. En Estados Unidos, legisladores demócratas también se han opuesto a las acciones militares unilaterales sin la autorización del Congreso.
Más allá de la viabilidad real de una ofensiva militar –cuestionada por especialistas en derecho internacional y seguridad global–, las declaraciones de Trump pueden interpretarse como un instrumento de presión política. Al amenazar con la posibilidad de actuar militarmente de manera unilateral, el mandatario estadounidense ha trasladado el costo del conflicto al gobierno mexicano y obliga a replantear el debate interno hacia las mafias de narcopolíticos que, según su narrativa, sostienen el poder territorial del crimen organizado.
El mensaje es claro: Washington no solo observa a los cárteles, sino también a las redes políticas que los protegen. Hasta dónde llegará esa presión y cómo responderá el Estado mexicano es una pregunta abierta, pero el tono de Trump al iniciar el nuevo año sugiere que el margen para la ambigüedad se está reduciendo.
En este sentido, Edgardo Buscaglia, analista político y especialista en crimen organizado, entrevistado por Carmen Aristegui, advirtió que la amenaza de Trump de intervenir militarmente en México tiene como objetivo presionar a la presidenta Sheinbaum para que desmantele la estructura política que protege a los cárteles.
El analista insistió en que la dimensión política es la base de todo el problema del narcotráfico en México y que la presión de Trump, aunque polémica, podría convertirse en una oportunidad histórica para la presidenta Sheinbaum.
“La presidenta puede pasar a la historia como la más valiente y efectiva, como estadista, si inicia un proceso de purga política de la delincuencia organizada”, afirmó Buscaglia.
Aunque en apariencia sorpresivas, las acciones de Trump habían sido definidas hacía un año. Desde el primer día de regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de enero de 2025, anunció el proceso para designar a varios grupos criminales transnacionales –incluidos cárteles de la droga con base en México– como Organizaciones Terroristas Extranjeras, marcando un punto de inflexión en su enfoque de política de seguridad contra el narcotráfico.
En febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su lista de organizaciones terroristas para incluir al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel del Noreste, a la Familia Michoacana y a los Cárteles Unidos, todos con presencia en México.
El periódico El País publicó en su portada, el 16 de mayo, un reportaje del periodista Tim Golden en el que señala que “Estados Unidos prepara una lista de políticos mexicanos sujetos a restricciones de visa por presuntos vínculos con el narco”.
El periodista, dos veces ganador del premio Pulitzer, indicó en su reportaje que dos agentes de la DEA elaboraron una lista de 35 servidores públicos, actuales y de la administración anterior, “después de que López Obrador comenzara a restringir la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidrogas”.
Desde que se conoció la información publicada originalmente en ProPublica, la agencia de noticias independiente con sede en Nueva York, la revelación generó molestia e inquietud entre la clase política mexicana. Esa tensión se incrementó después de que Golden, entrevistado por Aristegui, señalara que en la lista de políticos investigados por Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico, hay varios gobernadores estatales.
No es la primera vez que se habla de vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. Ahí está el caso de Abelardo L. Rodríguez, exgobernador de Baja California, quien desde la frontera brincó a la presidencia de la República en 1932, y ha sido considerado por The History Channel como uno de los primeros “embajadores de la mafia”. Rodríguez, según la serie televisiva, fue socio y aliado de mafiosos estadounidenses encabezados por Lucky Luciano, Al Capone y Meyer Lanski, quienes construyeron en Tijuana, Baja California, el casino y hotel Agua Caliente.
La historia de don Abelardo se ha repetido, con distintos estilos y personajes, en otros gobernadores y políticos mexicanos. Algunos están presos o andan prófugos, pero la mayoría ha burlado a la justicia, se ha enriquecido y continúa operando.
Ahora, tras el impacto mediático que significó la captura de Maduro, el presidente Trump ha enfocando su atención en los cárteles mexicanos. El viernes emitió una orden al Departamento de Estado para analizar todas las implicaciones jurídicas disponibles que permitan justificar una eventual intervención militar en México.
Sin embargo, no necesita soldados para presionar. Le bastan sanciones financieras, cancelación de visas, bloqueo de cuentas y acusaciones selladas. Medidas selectivas, personales y devastadoras que colocarían a políticos concretos bajo sospecha internacional sin necesidad de juicios públicos. Se trata de una presión quirúrgica que no viola formalmente la soberanía, pero exhibiría la debilidad del Estado mexicano para sancionar a los políticos ligados al crimen organizado.