Desde su creación, el amparo ha sido el instrumento jurídico de defensa de los mexicanos frente a la autoridad. Sus beneficios se han demostrado históricamente: desde el reconocimiento de los matrimonios igualitarios, o la despenalización del aborto, hasta la protección de los Derechos Humanos vía tratados internacionales, entre otros.
Cada año, se estima que en México se presentan más de 600 mil amparos y está cifra creció casi el 20% durante el último sexenio; es decir, cada vez más mexicanos han sentido la necesidad de protegerse frente a los actos arbitrarios de las autoridades.
Hoy, la garantía de defensa está en riesgo gracias a la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Esta iniciativa, aunque propone claros avances sobre el acceso digital y la agilización de los plazos, está enfocada a favorecer a las autoridades, dejando de lado la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con un medio efectivo para defenderse.
Basta revisar la propuesta para darse cuenta de que los nuevos requisitos restringen el acceso a la protección de nuestros derechos. Por ejemplo, ahora la persona que presenta un amparo debe demostrar una lesión jurídica actual, esto quiere decir que, si una comunidad quiere defenderse de una mega obra, como las que acostumbra a hacer el gobierno actual para desperdiciar los recursos públicos, tiene que demostrar que su construcción ya le está afectando directamente en ese momento, lo que limita la capacidad de las personas para defender de manera preventiva sus derechos.
La reforma señala que las autoridades no tienen que cumplir sentencias si están imposibilitadas jurídica o materialmente. Es decir, si te enfermas y le pides a un juez que te proteja ordenándole a la autoridad de salud que te dé medicamentos, bastará que el hospital diga que no cuenta con ese tratamiento o que no te lo puede aplicar para que la justicia no te proteja.
Aunado a esto, los jueces tendrán que valorar si las suspensiones a los actos de autoridad afectan el interés social o público. En otras palabras, ningún contrapeso a las decisiones del gobierno.
Las intenciones son claras: además de controlar el Poder Judicial gracias a la reforma con la que lo destruyeron, el régimen quiere ahora deshacer cualquier medida con la que los ciudadanos y la oposición puedan defenderse de los abusos de poder que cometen sistemáticamente.
De aprobarse, el amparo dejará de ser el instrumento que permite la defensa de los derechos y garantías para convertirse en una simulación más para favorecer los intereses de Morena y aliados. Ya no será el refugio para los desprotegidos, sino la ventanilla de los poderosos para fingir que se escucha a los ciudadanos.
Aunque existan formalmente los medios para detener al gobierno, los nuevos jueces afines al régimen no permitirán que los ciudadanos se defiendan.
El uso de la justicia será exclusivamente político y afín a los deseos de la Cuarta Transformación, no a los argumentos jurídicos que provienen de la ley y sus instituciones democráticas.
No habrá espacio ni autoridad a la cual acudir para detener al Estado cuando su actuar esté siendo injusto.
Si permitimos que el control total de Morena siga avanzando, estaremos renunciando a nuestro derecho a incomodar al poder, cuestionarlo, y frenarlo inclusive, porque callar no es una opción, mientras las víctimas siguen en el olvido y los ciudadanos se quedan sin defensa.
Al tiempo.