Acabo de leer esta frase de Matt Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, a propósito del decreto firmado en marzo pasado por el presidente Donald Trump que anula el derecho a la negociación colectiva en amplios sectores de trabajadores federales. El líder de los trabajadores estadounidenses describió en pocas palabras la fuerte corriente que impera en el país del norte: “Se ha abierto la temporada de caza de sindicatos”.
Esta anulación de la negociación colectiva conlleva estar impedidos a reclamar toda mejora salarial y de condiciones de trabajo en la mayor parte del sector burocrático federal del país norteamericano, así como facilitar los despidos masivos en la función pública.
Este retroceso en los derechos laborales representa un golpe directo a las conquistas sindicales en Estados Unidos. Al desmantelar los canales institucionales de diálogo entre los trabajadores y sus sindicatos, se debilita la defensa colectiva y se fomenta un clima de inseguridad laboral que amenaza con extenderse a otros sectores.
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Anteriormente, la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978, sólo se aplicaba en áreas restringidas de seguridad nacional como el FBI o la CIA, pero la orden de marzo ahora la amplía a los empleados de 18 departamentos gubernamentales, como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional de Comunicaciones y el Departamento de Energía, entre otros.
Este decreto se agrava con la decisión reciente del 19 de agosto pasado de declarar inconstitucional la “Ley Nacional de Relaciones Laborales” (NLRA por sus siglas en inglés), equivalente a nuestra Ley Federal del Trabajo, dejando sin posibilidad a los trabajadores de los estados de Texas, Louisiana y Mississippi de llevar a cabo el ejercicio de la libre asociación.
Se prohíbe a los trabajadores reunirse para obtener un contrato colectivo. No juntarse, no convivir, no unirse, no dialogar, no pactar acuerdos laborales de ningún tipo con el patrón. Se pretende reducir al empleado a una figura aislada, vulnerable, sin voz ni capacidad de defensa frente a las decisiones unilaterales del Estado.
Lo que está en juego aquí no es solamente la mejora de prestaciones, sino el derecho fundamental a ser escuchado, a participar en la construcción de su propia realidad laboral, y a resistir colectivamente frente a los abusos de poder. En definitiva, esta prohibición constituye un intento por desarticular cualquier forma de organización obrera, y dejar al trabajador en la más absoluta indefensión.
Si bien es cierto que Elon Musk no participa en el gobierno estadounidense, ha sabido convencer a los jueces electos por Donald Trump para que emitan una sentencia de inmunidad laboral para su empresa SpaceX, y las empresas de servicios sociales Aunt Bertha y la empresa de oleoductos Energy Transfer LP.
La resolución consistió en dejar sin sustento jurídico la legislación que permite la organización sindical en los tres estados de la Nación americana ya indicados.
El equipo de abogados del milmillonario Musk, y de otros dos empleadores, ha logrado por declaración judicial no tener la obligación de responder a la demanda presentada en contra de su empresa espacial acusada de violar los derechos sindicales de sus empleados. Esto implica obstaculizar toda forma de solidaridad y acción colectiva.
Ellos dicen: Si la supuesta ley laboral que reconoce el derecho a organizarse sindicalmente está fuera de la norma jurídica, entonces toda organización sindical que se jacte de serlo es inexistente, y por tanto todas sus reclamaciones.
En el razonamiento de los jueces Don R. Willett y Stuart Kyle Duncan, ambos designados por Trump durante su primer mandato, la ley laboral americana es inconstitucional, otorgando amparo a SpaceX y prohibiendo a la autoridad laboral estadounidense hacer las tareas que ha realizado durante los últimos 90 años. El caso queda en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Esta resolución, que invalida la ley laboral en los estados de la jurisdicción del 5.º Circuito (Texas, Louisiana y Mississippi), representa un grave precedente que ninguna otra autoridad judicial había emitido. Ahora existen dos realidades legales en la Unión Americana: una donde la ley laboral de 1935 ya no es válida, y la otra que opera en el resto del país, donde aún existe con muchas dificultades.
Este tipo de resoluciones tan graves en perjuicio de los trabajadores estadounidenses obliga al Estado mexicano a pugnar por la implementación simétrica del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, y no sólo tiene el derecho, sino la obligación de reclamar el incumplimiento por parte del gobierno estadounidense de las obligaciones del T-MEC, como lo establece el Artículo 31 del Tratado.
Si el Estado mexicano se queda callado ante esta agresión a la libertad sindical y la negociación colectiva, no sólo representa indolencia o desdén, sino complicidad.
Desaparecer de un golpe la ley laboral de Estados Unidos de Norteamérica también es competencia desleal en el comercio. Es un descarado y violento dumping laboral para evitar que los trabajadores del país vecino del norte se organicen y demanden salarios y mejores prestaciones.
Es tiempo de que el gobierno mexicano exija a los integrantes del T-MEC que cumplan sus obligaciones como miembros de la OIT, en particular sobre “la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva” que ahora se desconoce por todos lados, lamentablemente también en México.
Aquí, los patos no disparan contra las escopetas porque éstas, en todo tiempo, hacen su tarea de exterminio sindical.
De otros avatares
Este 30 de agosto se cumplieron 10 años de la constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) que nació y fue reconocido con mucho retraso, casi 6 meses después, por las autoridades que en ese tiempo encabezaba Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
En el año de 2015 la Coparmex exigió que no se otorgara el registro sindical a aquellas mujeres porque, de seguro, pondrían banderas de huelga en cada hogar, eso decían. Nada de esto ocurrió. Por el contrario, ellas han logrado en estos años reformas importantes a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, pero que sólo están en el papel, les dicen por todos lados, por falta de presupuesto.
Norma Palacios y María de la Luz Padua siguen como Secretarias Generales Colegiadas de SINACTRAHO, contra viento y marea, exigiendo que haya seguridad social plena, salarios y trato digno para las trabajadoras del hogar.