Como si México estuviera jugando un partido de futbol, los trabajadores se enojaron al enterarse que perdió en el Panel del caso de los trabajadores de Atento Servicios, con sede en Pachuca e Interplaza. Su mirada era como si hubiéramos recibido un gol en contra, de manera inesperada.
Al explicarles a mis acompañantes obreros que se trataba de una condena contra un Call Center y el gobierno mexicano, uno por propiciar y el otro por ser tolerante a prácticas antisindicales, amenazas a trabajadores, indiferencia ante despidos, impedir una organización gremial propia de los trabajadores y solapar a sindicatos de protección, vi en sus caras una mezcla de sorpresa e indignación. Era como si de pronto tomaran conciencia de una realidad que muchos sospechaban, pero pocos aceptan.
Me dijeron con molestia: ¿cómo se atreve el gobierno a usar el nombre del país para representar los intereses de una multinacional en contra de los trabajadores mexicanos para evitar que se organicen sindicalmente, cuando está obligado a hacerlos respetar?
Te podría interesar
Todo empezó con el incumplimiento de la empresa de pagar un bono triple cuando se lograron los objetivos de alto rendimiento. El 8 de diciembre de 2021 la empresa Call Center “Atento Servicios”, con sede en Pachuca, se sorprendió con el paro de más de mil trabajadores y, sólo ante tal presión, se sintió acorralada y accedió a cumplir con su promesa. Ante estos hechos, no demoró en buscar quiénes eran los líderes para iniciar con sus despidos.
Después la empresa intentó legitimar un Contrato Colectivo de Trabajo a través del sindicato de su preferencia, pero los trabajadores lo rechazaron rotundamente en noviembre de 2022. Esto encendió una doble alerta y, ante la inconformidad de los trabajadores, separó injustamente a 22 de ellos.
Atento Servicios simuló permitir una votación entre el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y el sindicato de la empresa, sobre el derecho a representar a los trabajadores a efectos de la negociación colectiva en la planta. Sin embargo, previo a la votación, al STRM no se le permitió organizarse en la planta y a los trabajadores se les amenazó con despedirlos y cerrar la empresa. A más de 30 simpatizantes se les despidió ilegalmente.
En contraste, el sindicato elegido por el Call Center accedió libremente a la planta e incluso les ofreció a los trabajadores entradas de cine a cambio de su apoyo. El resultado fue que Atento logró su objetivo de mantener al sindicato independiente (STRM) fuera de la planta. ¿Puede hablarse de libertad sindical cuando se bloquea a quienes realmente representan a los trabajadores?
El panel se constituyó el 22 de abril de 2024, a pesar de que se solicitó su creación desde un año antes. Sus integrantes electos por sorteo fueron Pablo Lazo Grandi, Graciela Bensusán y Kevin P. Kolben, quienes consideraron que la representación de México no hizo lo necesario para contrarrestar las medidas antisindicales impuestas por la empresa Atento.
El Panel acusa al gobierno de México de permitir a la empresa, en el periodo previo a la votación del 9 de agosto de 2024 sobre el nuevo convenio colectivo negociado entre Atento y el sindicato de su agrado, amenazar y coaccionar a los trabajadores para impedirles ejercer libremente sus derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.
El gobierno de México alegó en su defensa que la representación de Estados Unidos nunca demostró la denegación de derechos colectivos, a pesar de las evidencias y quejas de los trabajadores ante las autoridades mexicanas.
Además, alegó que a los trabajadores se les habían pagado sus liquidaciones conforme a la ley y que incluso había una manifestación de neutralidad de parte de la empresa, aunque en los hechos no la cumplió. Incluso la STPS llevó a cabo 33 sesiones de capacitación. En el papel siempre omitió lo que ocurría en el centro de trabajo.
Sin embargo, el Panel consideró, a partir de los testimonios de los trabajadores, que hubo un clima de temor a represalias debido a la forma en que se despidió a los líderes y miembros de la organización relacionada con el STRM, y cómo fueron expuestos en toda la planta.
En los hechos, la supuesta neutralidad y las medidas institucionales no lograron ocultar un entorno de intimidación, represalias y el control sindical impuesto.
La empresa decidió apoyarse en el Sindicato Nacional Presidente “Benito Juárez” de la Industria de la Comunicación de la República Mexicana, liderada por la abogada Andrea Mendoza Pérez, a quien dio todas las facilidades, mientras que al STRM se le impidió todo acceso al centro de trabajo.
En la resolución del 4 de julio, el Panel determinó que las plantas Pachuca 1 e Interplaza de Atento Servicios califican como una Instalación Cubierta conforme al Artículo 31-A.15(ii) del TMEC y que, por lo tanto, tiene jurisdicción para decidir si se ha producido una Denegación de Derechos y si esta ha sido subsanada.
El Panel concluyó que, en efecto, hubo una Denegación de Derechos en las Plantas Pachuca 1 e Interplaza y que las acciones tomadas para remediarla fueron insuficientes.
Ha transcurrido un año con nueve meses desde que el STRM solicitó la intervención del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el que se han sentado las bases para que el gobierno mexicano responda de manera positiva ante el reclamo de los trabajadores que han sido afectados gravemente en sus derechos colectivos sindicales. Es un paso significativo, pero el camino hacia la verdadera justicia aún está lejos de concluir.
De otros Avatares
Hay una fuerte controversia entre la CTM de Sonora y el Infonavit por no haber consultado a los trabajadores en el diseño de las viviendas que se pretenden construir. No están de acuerdo en el modelo de multifamiliares con hacinamiento en la colonia Altares, al sur de Hermosillo, Sonora.
Ellos dicen apoyar un Plan Nacional de Vivienda, y no escuchan la voz de los trabajadores.