José Manuel Aburto e Hiram Beltrán Sánchez publicaron en 2019 un análisis sobre el impacto de la violencia en la expectativa de vida de la población. Su principal hallazgo es que de 1995 a 2005, la esperanza de vida se venía incrementando, pero de 2005 a 2015 el crecimiento de este indicador se frenó abruptamente por la violencia.
Hoy las tasas mexicanas rondan los 76 años, y si uno acota la esperanza al indicador que ahora utiliza la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida saludable, la expectativa es ligeramente menor. Japón es el país con la mayor expectativa: 84 años para la población en general y casi 87 para las mujeres.
El principal factor que incrementa las posibilidades de vida a lo largo del tiempo es el acceso a la salud, sin duda, pero en países menos desarrollados, factores como la violencia y los accidentes pueden afectar severamente los números. En el caso mexicano, desglosando por estado, es Nuevo León el que logra mejores números, junto con Coahuila y Baja California Sur, que sobrepasan los 77 años. Chihuahua y Ciudad de México están ligeramente detrás.
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¿Qué tendríamos que hacer como política pública para incrementar la esperanza de vida? Suponiendo, sin conceder, que tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, me parece que hay muchos otros elementos que nos fallan. Quiero decir, dejando las políticas de salud de lado, reducir la violencia y las muertes por accidentes evitables puede ser clave para incrementar la esperanza de vida.
En contextos donde la salud pública ya ha alcanzado cierto estándar, el siguiente gran reto es otro: evitar las muertes accidentales se vuelve un elemento clave. Incidentes de tránsito, consumo accidental de sustancias tóxicas, caídas, quemaduras, ahogamiento, suicidio, violencia, entre otros.
Cuando nosotros, México, nos comparamos con países desarrollados en estas materias, vemos que más allá de las políticas de salud, podríamos hacer muchísimo por incrementar la esperanza de vida saludable: mientras la mayoría de los países europeos tiene tasas de mortalidad por incidentes de tránsito inferiores a los 10 casos por cada 100 mil habitantes, y en algunos casos no supera las 5, aquí andamos por los 12, según estadísticas de 2021 de la Organización Mundial de la Salud.
La violencia y los accidentes viales han venido creciendo en México, o al menos en algunas regiones. La Ciudad de México venía en declive hasta que malas decisiones de la administración 2018-2024 revirtieron la tendencia descendente. Cuando vemos en lo micro qué está ocurriendo, en las calles se percibe prisa innecesaria: gente que quiere correr aun cuando hay tráfico, el transporte público sigue echando carreritas. Pero además también tenemos esos pequeños detalles que no nos damos cuenta pero que contribuyen de forma silenciosa —pero constante— a que los siniestros ocurran y sean más graves: puntos ciegos derivados del comercio informal, vehículos modificados, falta de capacitación de los conductores, antigüedad del parque vehicular, entre muchos otros.
Si a esto sumamos muchas otras imprudencias, podemos concluir que con cambios sutiles podríamos reducir de manera considerable las muertes por incidentes viales. En Atlacomulco, hace unos días, el tren se llevó a un autobús lleno de pasajeros que no debió avanzar hacia las vías en medio de la congestión. El problema es que en los cruces del tren con vialidades constantemente se ven este tipo de imprudencias.
A todo esto sumemos la tragedia de Santa Martha, en la que no sólo participan quienes fallecieron por la explosión, sino las decenas de personas que a partir de ahora tendrán baja calidad de vida por sus quemaduras. La tragedia era evitable, sin duda, con diseños viales seguros e intuitivos, con una mejor conducción del camión y con un mejor mantenimiento a su hermeticidad.
Acción tras acción, México debería reducir las muertes por hechos evitables. Se necesitan políticas públicas, se necesita ir un paso adelante en la supervisión de quienes generan los riesgos. Hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden acompañar: por ejemplo, para detectar la conducción temeraria de vehículos de transporte colectivo de pasajeros o de sustancias y residuos peligrosos, antes de que ocurra la tragedia.
Urge medir y detectar mejor, urge coordinar mejor las acciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, con las entidades federativas. Urge tomar el toro por los cuernos y combatir o gestionar riesgos, uno por uno, hasta eliminar las muertes evitables. El choque del tren con un autobús en Atlacomulco no debió suceder, la explosión de una pipa en Iztapalapa, tampoco, ni muchos otros incidentes que ocurrirán en los años venideros si no hacemos nada.