Después de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara en una de sus conferencias mañaneras, el interés por impulsar una reforma electoral; particularmente se refirió de manera general a reducir el costo de las elecciones; disminuir del financiamiento público que reciben los partidos políticos, así como revisar el tema relacionado con la asignación de los cargos electos por la vía de la representación proporcional, el pasado 4 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Al respecto, en la parte considerativa se establece, entre otros aspectos, la convocatoria a toda la nación para pronunciarse sobre diversos temas a través de críticas, opiniones y análisis, “mediante métodos de debate público”.
Bajo este contexto, más allá de los temas que de forma general pronunció la presidenta Sheinbaum, a continuación, me permito presentar otros que, con base en mi experiencia electoral tanto a nivel local como federal, serían fundamentales analizar:
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- De entrada, es conveniente el apoyo presupuestal que las autoridades electorales solicitan para la consecución de sus obligaciones constitucionales y legales.
- Fortalecer la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) como garante en la organización y desarrollo de las elecciones.
- Dotar al INE de las facultades respectivas para emigrar hacia una plena transformación informática y digital en sus procesos relacionados con la organización de las elecciones.
- Fortalecer los proyectos de la Estrategia de Transformación digital que incluye, entre otras, la modernización del padrón electoral, listado nominal y credencial digital que abarate los costos de las elecciones.
- Avanzar hacia la materialización de dos proyectos institucionales: la implementación de un número importante de urnas electrónicas y el voto por internet al interior de la República. Recordemos que este mecanismo ya es utilizado como una opción de votación para las y los mexicanos residentes en el extranjero; en 2024 el 70% de la ciudadanía que participó prefirió este mecanismo de votación por encima del voto postal o el voto en consulados.
- Fortalecer la representatividad de grupos históricamente vulnerables: afrodescendientes; migrantes; con discapacidad; de la diversidad sexual, y la población indígena.
- Garantizar la materialización de los principios de paridad de género y de igualdad sustantiva tanto en los cargos de representación popular como en los cargos de designación. Un paso fundamental es establecer sanciones más robustas para abatir la violencia política contra las mujeres en razón de género.
- Fortalecer la transparencia proactiva obligatoria en tiempo real, así como incluir una figura de observación ciudadana que cuente con accesos a diversos rubros relacionados con la organización y desarrollo de las elecciones.
- Rediseñar y cambiar el modelo de fiscalización para establecer un sistema sancionatorio vinculante que permita inhibir la comisión de irregularidades; dotar al INE de facultades para investigar plataformas tecnológicas, proveedores digitales, empresas fachada, entre otros aspectos para revisar a terceros implicados en elecciones, aún y cuando no estén directamente vinculados a alguna candidatura; que la ley establezca la cooperación obligatoria de diversas instituciones como el SAT, la UIF, la FGR y otras para garantizar que el INE cuente con información fiscal, bancaria y legal; modelos de riesgos; debida diligencia del cliente; conformación de auditorias preventivas con la captura de información de gastos de campaña en tiempo real; el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación como la inteligencia artificial, minería de datos, entre otros, así como contar con un modelo de fiscalización con perspectiva de género.
Finalmente, debe valorarse la dificultad de empatar las elecciones federales que concurren con múltiples elecciones locales en 2027 con las elecciones para personas juzgadoras del Poder Judicial. Esto por que constituyen dos ejercicios totalmente distintos que sólo dificultarían el ejercicio del voto e incrementan de manera importante la organización de los procesos electorales.
Estos temas constituyen, en mi opinión, piedras angulares en la discusión de la reforma electoral que invariablemente deberá contar con el consenso más amplio posible en beneficio de todos los actores políticos involucrados, pero, sobre todo, de la ciudadanía.