¿Para qué una nueva reforma electoral? O, incluso, ¿para qué sirven las elecciones? Hace unos años, Adam Przeworski señalaba que, lejos de incrementar el nivel de vida de la población o lograr una mayor justicia, las elecciones son el método más eficaz para resolver los conflictos políticos de una manera pacífica. (1) Considerando que los tipos de diferencias políticas en las sociedades son cambiantes, es lógico pensar que las normas que regulan su solución se modifiquen de manera constante, por lo que es normal e incluso deseable que en cualquier sistema democrático del mundo las leyes electorales sufran modificaciones frecuentes.
En ese sentido, en México hemos tenido diversas reformas en materia político–electoral, desde la implementación del sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional, pasando por la creación del entonces Instituto Federal Electoral, hasta la adopción de criterios que velan por la igualdad sustantiva y combaten la violencia política de género.
Hace algunas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum empezó a hablar de una nueva reforma, que tendría como objetivos desaparecer el mecanismo de representación proporcional, disminuir el gasto de los procesos electorales y reducir el financiamiento de los partidos políticos, además de buscar mayor austeridad en las autoridades electorales. No es la primera vez que en los gobiernos de la Cuarta Transformación se mencionan estas ideas; de hecho, una iniciativa presidencial que iba en ese sentido formó parte del paquete presentado el 5 de febrero de 2024, pero fue desechada por no haberse dictaminado en el plazo requerido.
Te podría interesar
Sheinbaum señaló que su propuesta aún no está lista, pero que en lo esencial sería similar a la presentada a finales del sexenio anterior, cuyos puntos centrales eran: reducción a la mitad del financiamiento público a los partidos políticos, nuevo modelo de acceso a los tiempos de radio y televisión, reconfiguración de las autoridades electorales; eliminación del principio de representación proporcional en legisladores federales (disminuyendo el número de diputados a trescientos y senadores a sesenta y cuatro) y reducción de integrantes de los congresos locales y municipios.
Ya se ha anunciado la conformación de un grupo de trabajo al interior del gobierno federal, que estará a cargo de la elaboración de la iniciativa. ¿Qué aspectos deberían ser tomados en cuenta? A continuación, se aportan algunos elementos:
Representación proporcional. En la percepción pública, la existencia de los legisladores “plurinominales”, especialmente los diputados, es uno de los temas más controvertidos, al considerar que “nadie los eligió” y llegaron al cargo sin esfuerzo alguno, sólo por favoritismo de las cúpulas partidistas. No obstante, esos espacios son fundamentales para darle representación a las minorías; cuando esta modalidad fue implementada, en 1977, se tuvo como objetivo reflejar de manera la conformación de las fuerzas políticas en el Congreso. Su existencia busca compensar las desigualdades derivadas del principio de mayoría absoluta, para evitar que un gran número de ciudadanos que votaron por candidatos perdedores, se quede sin representación. En ese sentido, lejos de eliminar este esquema, se considera adecuado adaptarlo a los tiempos actuales, usando la modalidad de “listas abiertas”, en el que los electores pueden ordenar los candidatos en la lista según sus preferencias; (2) ello podría afectar positivamente la actitud de la población hacia el sistema electoral mexicano, al percibir que tienen mayor posibilidad de influir en las decisiones de su partido de preferencia.
Mención aparte merecen los treinta y dos senadores electos bajo ese mismo principio de representación proporcional, provenientes de una gran circunscripción nacional. La llamada Cámara alta tiene la función de velar por los intereses de las entidades federativas. Por ello, no resulta lógico que exista una gran circunscripción nacional, en la que los senadores no representan a alguna entidad federativa, sino a su partido político. Ello incidiría en la conformación del Senado, que, recuperando los objetivos de su diseño institucional, daría voz únicamente a entidades federativas, eliminando treinta y dos escaños.
Reducción al financiamiento de los partidos políticos. Otro elemento muy popular en el imaginario colectivo mexicano es que los partidos políticos reciben demasiado presupuesto público. Cada sexenio, diversos actores políticos, incluso del partido en turno en el poder, promueven una reforma para disminuir el financiamiento; sin embargo, las iniciativas que van en ese sentido siempre son desechadas. El diseño vigente de la fórmula constitucional impide que los recursos públicos puedan disminuir. Actualmente, el monto para el financiamiento de las actividades ordinarias se obtiene al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor total de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de esa cantidad se reparte de forma igualitaria entre los partidos políticos, mientras que el setenta por ciento restante se otorga de forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados.
En tal sentido, el financiamiento público no sólo no disminuye (dado que el padrón electoral se incrementa de manera constante), sino que también es regresivo, pues premia a los partidos políticos ganadores, reforzando el estatus quo y dificultando las actividades de la oposición. Una reforma electoral verdaderamente democrática debería modificar los porcentajes de reparto para promover elecciones en mayor igualdad de circunstancias. Además, se podría sustituir el total del padrón electoral, por la votación total efectiva, lo que refleja más adecuadamente la realidad de los procesos electorales en el país.
Democratización de los partidos políticos. Uno de los mayores retos del sistema político mexicano es la formación de ciudadanía. Los partidos políticos tienen la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática; sin embargo, en su mayoría, su papel se ha ceñido a buscar el voto durante los procesos electorales, dejando de lado las actividades cotidianas con sus simpatizantes. Ello, aunado a los escándalos de corrupción, la falta de transparencia y la toma cupular de decisiones, han incentivado el descontento no sólo con los partidos políticos, sino con la democracia misma.
Si bien es cierto que esta es una problemática multifactorial, es muy posible que una mayor incidencia de la gente en la toma de decisiones de los partidos políticos contribuya a forjar una ciudadanía de alta intensidad, como diría Boaventura de Sousa Santos. Un rumbo de acción para ello podría consistir en el establecimiento de elecciones primarias por parte de todos los partidos políticos, para que sus simpatizantes pudiesen seleccionar las y los candidatos que los representarán en las jornadas electorales.
Si tenemos en mente, que, como dice Norberto Bobbio, la legitimidad se refiere a la aceptación de una gran parte de la población de las decisiones del Estado sin que sea necesario el uso de la fuerza, (3) entonces para el régimen actual es muy necesario promover una nueva reforma electoral, que responda a la nueva realidad en que vivimos desde 2018. El punto será identificar qué se privilegia; una verdadera representación democrática o la adopción de mecanismos para conservar el poder.
(1) PRZEWORSKI, Adam. Why bother with Elections?. Polity Press, UK, 2018.
(2) WALL, Alan. Open list proportional representation. IDEA. Recuperado de: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/open-list-proportional-representation.pdf
(3) BOBBIO, Norberto, et al. Diccionario de política, vol. 2, Siglo XXI 2018
*Ernesto Pérez Rodríguez
Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora, así como Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Egresado de la Maestrías en Ciencias Jurídicas de la Universidad Panamericana y en Derecho Parlamentario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue Secretario Técnico en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y actualmente es Coordinador de Asesores en la Vicecoordinación de Estrategia y Proceso Legislativo en la Cámara de Diputados.