Recientemente, hemos visto cómo el tema de la gentrificación ha tomado relevancia en las discusiones públicas del país; desde marchas, movimientos sociales, resistencia a desalojos por mencionar algunas; y no es para menos, pues es un tema serio que merece toda nuestra atención, conocimiento, discusión y toma de acción.
Entendamos la gentrificación como el proceso por el cual ciertos barrios urbanos se transforman por la llegada de nuevos residentes con mayores ingresos. Este fenómeno se ha debatido desde una perspectiva social y económica, por el aumento de precios, desplazamiento de poblaciones vulnerables y pérdida de identidad cultural, que sin duda son temas relevantes. Sin embargo, ha recibido menor atención el impacto ambiental que la gentrificación causa también en estos barrios y en las ciudades que se ven afectadas.
Cuando un barrio se gentrifica, muchas veces los residentes originarios son desplazados a zonas periféricas o marginadas que no tienen la misma infraestructura ni servicios básicos adecuados. El desplazamiento poblacional contribuye a la expansión de la mancha urbana, donde se construyen nuevas viviendas en áreas antes rurales o naturales donde se pierde vegetación y fauna nativa y/o endémica, además de la degradación de los suelo. En este sentido, las presiones sobre el ambiente no desaparecen, simplemente se trasladan. En zonas costeras como Tulum, o cercanas a la costa como Mérida, la expansión urbana en áreas protegidas ha llevado a una deforestación alarmante de la selva maya. De acuerdo con un estudio del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre 2001 y 2021 se perdieron más de 3,000 hectáreas de cobertura vegetal en la región, muchas de ellas por desarrollos turísticos y residenciales ligados al auge gentrificador.
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En colonias como Roma y Condesa en la Ciudad de México (CDMX), según datos del INEGI, entre 2010 y 2020 se construyeron más de 13,000 nuevas unidades habitacionales, muchas de ellas en edificios verticales verdes y de lujo que reemplazaron casas antiguas. Los nuevos barrios gentrificados se vuelven más "verdes", limpios y saludables contando algunos de ellos con certificaciones sostenibles (LEED, por poner un ejemplo), pero que sólo están al alcance de quienes pueden pagar rentas altas, por lo que no se promueve una vivienda ecológica a un costo accesible para quienes ahí habitaban.
La gentrificación cambia los patrones de movilidad. Nuevos residentes, con mayor poder adquisitivo, tienden a usar automóviles particulares en lugar de transporte público. Por ejemplo, en Mérida, se estima que más del 75% de los desplazamientos diarios se realizan en coche, lo que ha generado un aumento significativo en el tráfico y como consecuencia en el aumento de las emisiones contaminantes, agravando la calidad del aire. De acuerdo con el Inventario de Emisiones de la Ciudad de México, el sector transporte representa el 50.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la ciudad y buena parte de este crecimiento está vinculado al patrón de dispersión urbana y cambios en la composición socioeconómica de ciertas zonas céntricas de la ciudad. Por otro lado, los nuevos residentes suelen vivir más cerca del centro, con mejor acceso a transporte público, mientras que los habitantes desplazados deben mudarse a zonas más lejanas, muchas veces mal conectadas, obligándolos a usar más vehículos privados, por lo que la fórmula: mayor parque vehicular = a mayor tráfico, mayor tiempo en los traslados, mayor contaminación atmosférica y auditiva, que lleva a tener una menor calidad de vida.
Otro factor crítico es el consumo hídrico. Nuevos complejos habitacionales, con albercas, jardines, campos de golf, etc. consumen de dos a cuatro veces más agua que las viviendas tradicionales. Además, muchas construcciones nuevas carecen de sistemas de captación de agua de lluvia o tratamiento, lo que lleva a un mayor desperdicio. Esta sobreexplotación, agrava la ya crítica situación hídrica de muchas ciudades. Según la CONAGUA, más del 40% de los acuíferos del país están sobreexplotados, y ciudades como Monterrey y la CDMX enfrentan crisis recurrentes de abastecimiento. Además, muchos desarrollos habitacionales no están conectados adecuadamente al drenaje público, lo cual genera filtraciones contaminantes, sobre todo en municipios turísticos donde la regulación no es la más adecuada como sucede en la ciudad de Tulum.
El aumento del consumo eléctrico en estas ciudades es sin duda, otro factor a considerar a causa de la gentrificación. Estas ciudades cada vez más pobladas, ponen mayor presión en la carga de energía eléctrica. Además, en climas calurosos, donde las temperaturas pueden llegar a elevarse hasta más de 43 grados centígrados con sensaciones térmicas arriba de 50 grados, se requiere un uso constante de aire acondicionado. Mientras que muchas edificaciones nuevas incorporan más y más de estos aparatos, sistemas de vigilancia 24-7, iluminación LED permanente y elevadores, se dispara el consumo de electricidad por hogar aumentando el precio, pero, sobre todo, generando mayores emisiones de CO2 que aumentan la temperatura global, misma que provoca la crisis climática que ya vivimos. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el consumo eléctrico residencial en Mérida aumentó un 35% entre 2015 y 2022, en parte por el crecimiento de viviendas de lujo. Cabe señalar, que la mayoría de estos complejos no son construidos como las viviendas tradicionales u originarias, que contaban con sistemas pasivos de ventilación construidas con materiales locales y frescos, así como techos altos. Este consumo intensivo presiona aún más al sistema eléctrico nacional, especialmente en momentos de estrés climático, con olas de calor que se experimentan mayormente en el mes de mayo, cuando la demanda supera la capacidad instalada, generando apagones como los ya registrados desde hace varios años en el sureste del país.
Asimismo, el arribo de nuevos habitantes con sus propios patrones de consumo de alimentos, productos y servicios, modifican los establecidos en esas ciudades o barrios, impactando directamente a los mercados y productores locales, por lo que espacios comunitarios como los huertos urbanos, son eliminados por proyectos "formales”, construidos muchas veces por las mismas inmobiliarias, que lucen bien, pero que quitan autonomía y participación comunitaria. La gentrificación, trae consigo la demanda de productos importados, servicios a domicilio, supermercados y cafeterías gourmet y cadenas de comida rápida. Este fenómeno genera una doble presión: por un lado, una mayor huella de carbono asociada al transporte de este tipo de alimentos, rompiendo con la identidad y valor cultural y, por otro, un incremento en los residuos sólidos urbanos (RSU) no reciclables. En muchas de estas ciudades, el sistema de recolección de basura ya opera por encima de su capacidad. Los rellenos sanitarios, en caso de que existan, o en su mayoría, vertederos a cielo abierto, están cerca del colapso. A nivel nacional, México genera más de 120 mil toneladas diarias de RSU, y menos del 10% se recicla, lo cual representa una amenaza directa a la salud ambiental de las ciudades gentrificadas, donde el volumen de residuos crece sin control.
La falta de regulación y de visión ambiental ha hecho que este fenómeno detone procesos de degradación ecológica, exclusión social y presión sobre los recursos naturales. Para mitigar sus efectos, es urgente evitar el desplazamiento de las presiones ambientales, es decir, planificar las ciudades con un enfoque de justicia socio-ambiental. Para ello, es necesario integrar políticas de vivienda asequible y ecológica en los centros urbanos. Que las mejoras ambientales no impliquen expulsión, se debe respetar el derechos de permanencia de los residentes originales. Incentivar la infraestructura verde en todas las ciudades, y que los servicios (agua, luz, drenaje, movilidad, conectividad, gestión en el manejo de los residuos, etc.) en zonas periféricas donde ya vive población vulnerable sean de calidad, para no seguir desplazando el problema ambiental. Que los habitantes de cada barrio participen en el diseño y gestión de sus espacios públicos como parques, mercados, áreas verdes, huertos, etc. y que desde el gobierno se apoyen dichas iniciativas.
La gentrificación no solo desplaza personas, también desplaza ecosistemas, sobreexplota recursos y dispara consumos urbanos insostenibles. Ciudades que aún conservan parte de su identidad cultural y natural están en un momento crítico. Si no se toman medidas inmediatas, corren el riesgo de convertirse en ciudades excluyentes, artificiales y ambientalmente insostenibles. Porque un barrio renovado que expulsa a sus habitantes originarios y destruye su entorno, no es progreso ni desarrollo. En México, donde la desigualdad social y la fragilidad ambiental coexisten, este fenómeno debe abordarse con responsabilidad y políticas públicas integrales que equilibren el desarrollo urbano con la protección del medio ambiente como centro. Si bien el Gobierno de la CDMX en estos días ha comenzado a tratar de regular el tema, el problema debe abordarse con cambios estructurales de fondo que garanticen el derecho a la ciudad, a la equidad territorial y a una planificación urbana que reconozca tanto a las personas como al medio ambiente, como elementos centrales del territorio. El reto está en reconocer que el crecimiento debe ser no solo inclusivo, sino también ambientalmente justo.
Ximena Celis Barquera*
Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en la gestión de proyectos ambientales, pues ahí está su pasión y compromiso; sobre todo en temas de cambio climático, educación ambiental, energías renovables, agua, gobernanza, participación ciudadana y legislación y política pública ambiental.
Ha trabajado en el sector privado, en organizaciones de la sociedad civil, como WWF México, el Consejo Consultivo del Agua y POLEA; ha sido consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, ha tenido colaboraciones con el Banco Mundial y ONU-Hábitat. Fue parte del gabinete ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de 2018 a 2020 como Titular del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) y como directora nacional de los Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad también en la SEMARNAT. Actualmente trabaja en un proyecto a gran escala para el uso de bioenergía en el Sureste de México.