El siglo XX, recién estrenado, trajo consigo aires renovadores en la política. Tal es el caso de la auscultación popular que se efectuaría mediante votación directa para elegir al candidato que apoyaba la mayor parte de los ciudadanos para que ocupara la presidencia de la República. Pero ¿quién o quiénes se encargaron de organizar esa convocatoria? Lo hizo la Convención Nacional.
La Convención Nacional era una forma relativamente nueva de organización política en el país, tenía menos de una década de vida en el escenario público, se organizaba desde 1892 en las coyunturas electorales presidenciales. La de 1899 quedó formalmente instalada a principios de octubre y la directiva de su Junta Central conformada por un presidente, dos vicepresidentes, un tesorero, dos secretarios, ocho vocales propietarios y ocho vocales suplentes. Como presidente de la junta directiva fue elegido el médico Eduardo Liceaga y como vicepresidentes el ingeniero Sebastián Camacho y Ramón Alcázar, individuo dedicado principalmente a los negocios, aunque con experiencia en la administración pública; los tres, personajes conocidos de la vida política.
El diseño de su estructura consistía en una “Junta central”, radicada en la ciudad de México, que encabezaba a las “Juntas locales” que se instalaban en las capitales de los estados, que a su vez tenían la responsabilidad de formar “Juntas menores” en la cabeceras municipales. Las mesas directivas de las juntas locales tuvieron composiciones variadas, unas se conformaron con un presidente, dos vocales, un secretario y un tesorero, pero las había que tenían también uno o dos vicepresidentes y varios vocales. La Junta directiva de la ciudad de México quedó integrada por 22 individuos. Los miembros “fundadores” en la junta de instalación sumaban más de 200, la mayoría de los cuales no figuraban en la primera línea de la acción política. El hecho de que no fueran figuras prominentes sugiere la intención de crear una asociación plural en términos de las facciones porfiristas y generar un frente amplio que los aglutinara a todos.
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Aunque la organización se constituyó formalmente en octubre, los trabajos para darle forma habían iniciado desde mucho antes. Con el proyecto en marcha, en el mes de agosto José Casarín y Juan de la Torre –dos de sus integrantes–, habían visitado diversos estados del país con el objetivo de dar a conocer el programa de la Convención. Con igual finalidad procedieron a escribir a personas de aquellos lugares a los que no asistieron personalmente. Los puntos donde establecieron contactos que respondieron favorablemente a la iniciativa fueron: Aguascalientes, Colima, Campeche, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Chilpancingo, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, Jalapa, Monterrey, Mérida, Morelia, Pachuca, Querétaro, Saltillo, San Juan Bautista, San Luis Potosí, Toluca, Tepic, Tuxtla Gutiérrez y Zacatecas. También habían establecido comunicación, aunque aún faltaban las respuestas, con: Ensenada de Todos Santos, La Paz, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, entre otros.
Producto de sus labores de organización para el 20 de octubre, cuando se publicó el primer número del periódico de “La Convención Nacional”, se contaba ya con Juntas locales en varios Estados: Aguascalientes, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, según lo consignaban. Posteriormente se fueron sumando otras poblaciones, tal es el caso de la Villa de Huehuetlán, del Partido de Tancanhuitz, del estado de San Luis Potosí, por ejemplo.
Instalada la Junta Central, la mesa directiva procedió a designar delegados especiales que tenían la encomienda de formar las Juntas menores en las municipalidades del Distrito Federal: Tlalpan, Mixcoac, San Ángel, Guadalupe-Hidalgo y Coyoacán. Algunas de las Juntas menores de los municipios de las entidades federativas designaron representantes en México, una estrategia para hacerse presente en las reuniones celebradas en la capital del país.
Para el mejor éxito de sus propósitos, la Convención Nacional estuvo en estrecha asociación con otras organizaciones, igualmente cercanas al gobierno: en Guanajuato con el “Club liberal”, el “Círculo nacional porfirista” y la “Asamblea constitucionalistas”; en Monterrey se auguraba que, al menos, los 49 clubes políticos de los que era vocero “La Voz de Nuevo León”, secundarían el “patriótico proyecto”. Como puede observarse, se trataba del tejido de una red que se articuló en dos sentidos: una, al interior de la propia organización y, dos, hacia el exterior con otras organizaciones políticas.
Si bien algunas de las acciones que se emprendieron constituían una forma de afinamiento de estrategias legitimadoras del sufragio, lo cierto es que, junto a fórmulas probadas y repetidas, se valieron también de la implementación de recursos y prácticas político-electorales poco comunes en el país, como fue el caso de la auscultación a la que aludimos al iniciar este escrito, las cuales resultaban imprescindibles tanto para mantener vigente el interés de la sociedad política como actualizada a la institución electoral. Esto es, las estrategias implementadas traslucían una preocupación por reconfigurar la esfera política.
Profesora e investigadora del Instituto Mora e integrante del SNII. Especialista en historia política, electoral, de la prensa y de las imágenes. Entre sus publicaciones más recientes se cuentan los libros Introducción a la política del siglo XIX mexicano (2025), “Historia política de una ciudad. Campeche, siglos XIX-XX” (2024) y “Caricatura e historia. Reflexión teórica y propuesta metodológica” (2023); así como la co-coordinación de “Un siglo de tensiones: gobiernos generales y fuerzas regionales. Dinámicas políticas en el México del siglo XIX” (2024) y “Emociones en clave política: el resentimiento en la historia. Argentina y México, siglos XVIII-XX” (2024).