En esta semana se tuvo en cuenta de manera muy escueta la expulsión de 26 personas de nacionalidad mexicana que se encontraban privadas de su libertad en distintos centros federales de reinserción social (CERESO).
Siempre he dicho que el significado de las palabras sí importan, en un mensaje en una red social que te cuentan el número de caracteres empleados, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal comunicó que: en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México. La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte.
El completo respeto de la soberanía, tiene que ver con el trato que desde fuera le dan al Estado mexicano, sin duda, los vecinos del norte que fueron los receptores de este paquete de capos de la delincuencia organizada, lo hizo por la vía diplomática y política, ya que las visitas de varios integrantes del gabinete del Gobierno de México son oficiales y en el marco de estas reuniones se han generado las solicitudes de entrega. El compromiso de no pedir la pena de muerte es un tema de respeto a los Derechos Humanos en los que los vecinos del norte se han auto asignado ser jueces del mundo, lo cual es más por beneficio para ellos que para los expulsados de nacionalidad mexicana. Lo preocupante es que se justifique en estricto apego a la ley de seguridad nacional y esto tiene implícito tergiversar la figura de extradición como mecanismo de cooperación internacional, su pretexto de la vinculación con grupos de la delincuencia organizada ponen en riesgo la seguridad de México.
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De forma y fondo, la felicitación que hace el Gobierno del país al vecino del norte, resulta ser una navaja de doble filo, ya que a ellos les conviene en razón a fortalecer sus procesos de persecución, de cumplir y hacer cumplir la ley (concepto de enforcement), eso es respeto al Estado de Derecho anglosajón de los Estados Unidos de América; pero la pregunta y la reflexión es si nosotros estamos aplicando la misma regla de respeto al Estado de Derecho y si nos engañamos nosotros mismos con la justificación del riesgo de México o su población.
Ya en una entrega anterior, se había aplicado esta “fórmula” el problema es que debe ser de excepción; pero así se justificó aquel evento que pasó a la historia de México como “el Culiacanazo”, “la extracción del Mayo del que el gobierno de México al día de hoy no supo cómo operaron el arreglo las agencias de investigación y persecución del delito de Estados Unidos de América con los hermanos Ovidio y Joaquín ambos de apellidos Guzmán López”. Esto es lo que desde hace casi un año tiene como campo de batalla al estado de Sinaloa.
El Estado de Derecho en México, no debe ser sacrificado; más cuando tenemos leyes especializadas en materia de extradición y tratados bilaterales en materia de extradición; pareciera que la instancia con que cuente la Fiscalía General de la República para atender estos menesteres al igual que las áreas jurídicas de la Cancillería están de espectadores de lo que el gabinete de seguridad nacional determina y lo grave es que si esta es la constante colocan a la presidentA del gabinete en una posición como la que han criticado; me viene a la mente esa frase de “haiga sido, como haiga sido” ya nos quitamos un problema, o quizá no.
Nota al pie de página
Tláloc, se ha manifestado tanto que ha dejado ver el pésimo nivel de servicios y de infraestructura hídrica que tiene el AICM y en un año tendremos el mundial de fútbol.