Aún cuando según cifras oficiales, en los últimos meses se ha registrado una reducción en el número de homicidios y en otros delitos como secuestro –aunque en algunas entidades se ha incrementado de manera preocupante– o robo a comercio, bajo ninguna óptica esto significa que se va ganando terreno al crimen organizado como lo evidencia cualquier investigación seria sobre el control prácticamente total que detentan los grupos delincuenciales en cada vez más zonas del país, y que se manifiesta por ejemplo en la desaparición de personas o el grave crecimiento en los niveles de extorsión.
De acuerdo con datos de COPARMEX, en el primer semestre de este año se registraron 5 mil 887 víctimas del delito de extorsión que ha tenido un aumento de más del 80% en los últimos 10 años –ello sin tomar en cuenta la cifra negra que es de alrededor del 97%–, siendo la más recurrente la extorsión telefónica pero sin duda la de mayor impacto es el cobro de derecho de piso. Hace no mucho tiempo este derecho de piso también llamado impuesto criminal se exigía sobre todo a lugares donde circulan alcohol y drogas e incluso en los que se da la trata de personas, pero ahora lo mismo van contra agricultores, farmacias, tiendas de abarrotes, pequeños establecimientos de comida o hasta tortillerías y puestos en vía pública a cambio de supuesta protección, pero que en realidad se trata de amenazas disfrazadas ya que si no pagan, atentan contra los negocios, o de plano contra sus propietarios y familias.
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Son muchos los casos que se han dado a conocer como el cierre por alrededor de una semana de casi 200 tiendas Oxxo en Nuevo Laredo, Tamaulipas debido a intentos de extorsión, el paro de productores de limón en Apatzingán, Michoacán por las altas cuotas que les exige el crimen organizado, o el enfrentamiento de agricultores del municipio de Texcaltitlán, Estado de México con el jefe de plaza de la Familia Michoacana que provocó 10 personas muertas entre tantos otros. Pero sin duda el de la maestra Irma es uno de los más dolorosos y que nos recuerda los extremos a los que hemos llegado ante el pasmo o complicidad de las autoridades. Para poner en contexto, Irma Hernández de 62 años, era una maestra de primaria en un municipio de Veracruz quien, al alcanzar su jubilación, compró un taxi que le permitía contar con un poco más de ingresos para su subsistencia.
Sin embargo, el 18 de julio la maestra Irma fue levantada en el sitio de taxis que se encuentra junto al mercado municipal, es decir, en una zona muy concurrida, porque se negó a pagar la cuota que le pretendía imponer un grupo criminal. A pesar de que sus familiares denunciaron inmediato estos hechos se toparon, como generalmente pasa, con la indiferencia de las autoridades que iniciaron su búsqueda tres días después hasta que circuló un vídeo en el que obligaron a doña Irma a leer arrodillada y rodeada de hombres armados, un mensaje advirtiendo que todos debían pagar sus cuotas ya que con la mafia veracruzana no se juega o terminarán como yo. Lamentablemente el pasado 24 de julio se encontró el cuerpo de la maestra ante lo cual, la gobernadora de Veracruz ha insistido que la causa de la muerte fue un infarto posiblemente provocado por el impacto de la situación por la que atravesaba, con lo que de alguna manera sugiere que tan solo fue una desafortunada víctima de la circunstancias restándole responsabilidad a los delincuentes que la privaron de su libertad y violentaron de una forma tan artera y cobarde.
Que no pretendan engañarnos ni matizar la gravedad de lo sucedido, Irma Hernández, una respetada maestra que trataba de ganarse el sustento trabajando honestamente después de haber entregado su vida a la educación, no falleció por una causa natural, la mataron la violencia, el sentimiento de indefensión e impotencia frente a la impunidad con que actúan los grupos criminales, y también la incapacidad e indiferencia del gobierno.