La trata de personas es un crimen invisibilizado que exige respuestas urgentes, más aún si hablamos de niñas y niños en temprana edad. América Latina es una de las regiones con más alto índice de trata de niñas, niños y adolescentes en el mundo.
De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en su Informe Global sobre Trata de Personas (2023), 1 de cada 3 víctimas de trata identificadas en América Latina es menor de 16 años, en su mayoría niñas que son explotadas sexualmente.
Los países con mayor número de casos reportados son Brasil, México, Colombia, Perú y República Dominicana, lugares en los que las redes de trata operan con altos niveles de impunidad, sofisticación y control territorial, muchas veces, en colusión con autoridades locales.
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Es necesario reconocer que, en México, la trata de personas representa una de las crisis humanitarias más profundas y persistentes. Aunque forma parte de los discursos oficiales y programas institucionales, en la práctica sigue siendo un delito altamente invisibilizado, impune, normalizado y con considerable desconocimiento sobre su prevención, particularmente cuando las víctimas son niñas y niños en cualquier contexto, siendo altamente vulnerables aquellos que viven en pobreza o migración.
Por su posición geográfica y otros factores intrínsecos, México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. En las comunidades de mayor pobreza y rezago, niñas y niños son captados mediante engaños, violencia o uso del poder, a la par del riesgo latente en las rutas migratorias que cruzan nuestro país, convirtiéndose en corredores factibles para la captación y explotación. En consecuencia, existen hoy miles de personas desaparecidas y forzadas a trabajar dentro del comercio sexual, prostitución, actividades delictivas y la delincuencia organizada.
Es así como el territorio mexicano alberga mercados locales de explotación infantil en lo oscurito dentro del turismo sexual, trabajo forzado en las capitales, como en la explotación laboral en maquilas, agricultura o comercio informal, incluyendo cada vez más niñas y niños en encubierto con cifras negras que podrían escalar a más de 50 mil casos.
Al ser un país de origen de la trata, miles de personas, incluyendo a niñas y niños entre los 2 y 12 años, son captadas por redes de tratantes desde sus propias comunidades o bajo contextos de violencia, incluso por sus familiares o personas más cercanas. Además de los cientos de personas que transitan por nuestro país desde Centroamérica, entre ellos niñas y niños, que son captados y su destino es la trata principalmente para el comercio sexual y otras formas de explotación.
Tomemos con seriedad la trata infantil. Somos el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil, primer proveedor de pornografía infantil, sumando a ello que Estados Unidos, país vecino, es el primer consumidor de estos delitos(1). Es importante tratar este como un problema urgente, y entender que la trata de personas también llega hasta nuestras niñas y niños de menor edad.
Aun cuando hay avances regulatorios, cada vez más niñas y niños son sometidos a prácticas de trata por explotación sexual e involucrados en actividades delictivas, incluidas redes de narcotráfico y crimen organizado, y no menor, en prácticas dirigidas al tráfico de órganos en menores y adopciones ilegales.
Es necesario reforzar en este sentido los sistemas de protección, hacer leyes más robustas y coercitivas para reducir la impunidad, promover el registro obligatorio de nacimientos, y establecer mecanismos y protocolos para el acompañamiento de la población más vulnerable. Paralelamente, reforzar acciones para romper con la corrupción e impunidad presente en este delito, fortalecer la investigación y judicialización, como los mecanismos de coordinación entre gobiernos, como un registro confiable de las víctimas.
1. https://www.nationalchildrensalliance.org/media-room/national-statistics-on-child-abuse/
* Rosa Martha Loría San Martín
Cuenta con estudios profesionales como Licenciada en Educación, Maestría en Políticas Públicas y Diplomados en Administración Pública, Educación Especial, Desarrollo Organizacional, Trata de Personas, y en Mecanismos y herramientas para la prevención, atención y combate del trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas por la OIT.
Con capacitación curricular en Derechos Humanos, Evaluación de Proyectos, Políticas de Género, Cultura de Legalidad, Incidencia y evaluación, Prevención Social de la Violencia y la Agenda de Desarrollo Sostenible.
Desempeñó cargos directivos por 18 años en el servicio público y ha colaborado como panelista y articulista por más de 20 años en temas de Género, Derechos de Infancia, Derechos Humanos, Prevención de la Violencia, Desarrollo Organizacional y Administración Pública. Ha realizado contribuciones en investigación en las temáticas anteriores en instituciones como el CIDE, Instituto Mora y la UNAM. Actualmente es mimbro de LA SOMEDE y representante de la agenda de infancia por parte de Sociedad Civil ante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2025 y Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2025, en Santiago de Chile.
Es docente en materia de Derechos Humanos, Género, Derechos de Infancia y Adolescencia, Trata de Mujeres de la UNAM, Agenda 2030 y Fortalecimiento a Sociedad Civil.
Se le han otorgado reconocimientos por la Business Leadership, la Embajada de Estados Unidos, ONU Mujeres, OMS/OPS, USAID, el Senado de la República, el Congreso de la Ciudad de México, la Academia Mexicana de la Educación, la Universidad de las Américas Puebla, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad México.
Hace 13 años fundó Corresponsabilidad Social Mexicana, asociación civil dedicada a la prevención, protección y fortalecimiento a acciones de prevención de violencia y desigualdad principalmente en la agenda de derechos de niñas, niños, adolescentes y las mujeres.