En Nicaragua, todo cambió el 18 de abril de 2018.
La protesta nacional que estalló sin aviso en abril de 2018, demandando el fin de la dictadura, y la respuesta brutal, de la represión estatal y la persecución política, marcó un parteaguas en la historia nacional.
La atropellada relación que durante una década mantuvo el régimen de Daniel Ortega con la prensa independiente también cambió para siempre. Con la imposición del Estado policial que eliminó todas las libertades, vino el encarcelamiento de decenas de periodistas, la confiscación de CONFIDENCIAL, 100% Noticias, y La Prensa, el cierre de más de 50 medios de comunicación, y la criminalización de las libertades de prensa y de expresión, provocando el exilio de más de 180 periodistas.
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Aún bajo la deriva autoritaria de una dictadura, nunca en mis más de cuatro décadas como periodista había contemplado la posibilidad de salir al exilio, pero en estos últimos siete años me he visto obligado a exiliarme dos veces en Costa Rica. La primera vez, el 1 de enero de 2019, después del asalto policial a la redacción de CONFIDENCIAL a finales de 2018, el exilio duró 11 meses y retorné al país el 25 de noviembre de 2019. Mi segundo exilio empezó el 15 de junio de 2021, durante la redada policial en que la dictadura encarceló a todos los precandidatos presidenciales y a decenas de líderes políticos y cívicos para cancelar las elecciones, y ya lleva más de cuatro años. En ambos casos, el detonante fue una situación límite de amenazas contra mi integridad personal, que me empujó a preservar mi libertad para poder seguir haciendo periodismo; la diferencia es que el segundo exilio dejó de ser una situación de emergencia y se convirtió en una condición permanente, no solamente para mí como director de CONFIDENCIAL, sino para todos los periodistas de mi redacción y de otros medios, que en los últimos tres años también se vieron obligados a salir al exilio para evitar la cárcel.
Periodismo bajo una década de dictadura
Durante la primera década de la dictadura familiar Ortega Murillo, entre 2007 y 2017, el régimen impuso una política de acoso e intimidación para intentar silenciar a la prensa independiente. Mucho antes de la aparición de Donald Trump, en Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, en Brasil, Daniel Ortega calificó a la prensa como “el enemigo”, y descalificó a los periodistas como “hijos de Goebbels”. En agosto de 2007, a raíz del destape en Esta Semana y CONFIDENCIAL de “Extorsión en Tola”, el primer caso de corrupción pública del régimen Estado-partido-familia, fui objeto de una campaña de linchamiento público en los canales oficiales de televisión, que a diario publicaban viñetas con mi fotografía y el rótulo de “Se Busca”, acusándome de “narcotraficante”, “geófago”, y autor de “crímenes contra campesinos”. Un año después, el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía iniciaron una investigación por “lavado de dinero”, en contra de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), de la cual yo era presidente, que derivó en un allanamiento policial a las oficinas de CINCO en octubre de 2008. Sin embargo, bajo el precario Estado de derecho que entonces aún existía en Nicaragua, cuatro meses después un juez admitió que carecía de pruebas para condenarnos por “lavado de dinero”, por haber ejecutado con fondos de los contribuyentes de la Unión Europea, un proyecto para promover los derechos de las mujeres en contra de la penalización del aborto terapéutico.
El acoso continuó con la estrategia de “información incontaminada” de la primera dama Rosario Murillo, que impuso el bloqueo del acceso a la información pública a los medios, el monopolio de la publicidad estatal para castigar a la prensa independiente y financiar el nuevo emporio de medios privados de la familia gobernante, la penalización a la crítica y la libertad de opinión, y el espionaje de la Inteligencia Política del Ejército, que intentaba reclutar a periodistas, el webmaster, y trabajadores administrativos de CONFIDENCIAL.
Los periodistas asumimos esas flagrantes violaciones a la libertad de prensa como “gajes del oficio” ante una dictadura que controlaba todos poderes del Estado, mientras el caudillismo de Ortega gozaba de apoyo popular gracias a sus políticas asistencialistas, y consolidaba su poder en una alianza con los grandes empresarios privados que le dio a ambos, legitimidad y oportunidades de negocios, a costa de democracia y transparencia. En esos años grises, de mucha soledad en nuestra redacción, investigamos y denunciamos la corrupción, los fraudes electorales, la reelección inconstitucional, las violaciones a los derechos humanos, el desvío millonario de los petrodólares de Venezuela a las arcas privadas de la familia Ortega Murillo, el “cuento chino” del canal interoceánico que hipotecó la soberanía nacional, y la depredación ambiental en la reserva protegida de Bosawas. CONFIDENCIAL aportaba las pruebas de la corrupción pública e incluso documentaba hechos delictivos en la cúpula del poder, pero no podía provocar algún cambio, o reformas en las políticas públicas en un poder centralizado que anuló totalmente el Estado de derecho, hasta que el “modelo” colapsó con la rebelión de abril en 2018.
La rebelión de abril en 2018 y el ataque a la prensa
Con el estallido de la insurrección cívica el 18 de abril de 2018 el régimen perdió el control de las calles y los espacios públicos, y por primera vez enfrentó el desafío de una formidable oposición que puso en jaque su control del poder político. Durante 100 días, a través de marchas masivas en las calles; barricadas y tranques en los barrios, carreteras y universidades; huelgas empresariales; y un Diálogo Nacional, el movimiento autoconvocado presionó por una salida cívica a la crisis nacional, demandando la convocatoria a nuevas elecciones. La dictadura, en cambio, respondió con la represión policial y paramilitar y el encarcelamiento masivo de los participantes en las protestas, colocando a los medios y a los periodistas como blanco en la primera línea de sus ataques.
Cuando el régimen vio su poder amenazado por la rebelión cívica, lo que había sido una relación de mínima tolerancia ante la existencia de la prensa crítica, se convirtió en una guerra sin cuartel para aniquilar a la prensa independiente. En abril de 2018, se ejecutó el asesinato del periodista Angel Gahona, en Bluefields, cuando transmitía en vivo una protesta, el asalto paramilitar contra Radio Darío, en León, la censura televisiva a los canales independientes, una ola de agresiones físicas y amenazas contra los reporteros, y comenzó el bloqueo aduanero de las importaciones de papel e insumos contra los periódicos.
En julio de 2018, cuando ya había sido aplastada la protesta cívica por la represión, el régimen aprobó la Ley de Financiamiento del Terrorismo, que criminalizaba desde una donación extranjera hasta una colecta de la iglesia local, para intervenir y cerrar empresas y asociaciones que, de forma discrecional, podrían ser calificadas como “enemigas de la seguridad nacional”. Con la asesoría de un equipo multidisciplinario de los mejores abogados del país diseñamos una estrategia de defensa legal, preparándonos para enfrentar una eventual acusación contra CONFIDENCIAL. Sin embargo, el golpe llegó por las vías de hecho en la madrugada del 14 de diciembre de 2018, cuando la Policía asaltó, sin una orden judicial, la redacción de CONFIDENCIAL, saqueó todos nuestros equipos, computadoras y cámaras de televisión, y se robó nuestra documentación institucional y personal. Un día después, acudimos a presentar un reclamo en Plaza del Sol, las oficinas centrales de la Policía Nacional, donde fuimos expulsados a golpes por las tropas antimotines, y en la Fiscalía recibieron con displicencia una denuncia por robo contra la Policía que jamás sería tramitada, igual que los Recursos de Amparo que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia.
Con nuestro medio de comunicación ocupado por elementos armados de la Policía y sin ninguna posibilidad de defensa legal, nunca dejamos de informar en línea un solo día y seguimos adelante con la convicción de que el periodismo de CONFIDENCIAL no dependía del espacio físico de una redacción, sino del compromiso de los periodistas de informar la verdad a cualquier costo, sin someternos a la censura. Una semana después, se produjo el campanazo final de la escalada represiva con el asalto policial al canal de cable 100% Noticias, donde fueron capturados los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, mientras transmitían el noticiero, y al día siguiente los acusaron ante los tribunales del régimen por el presunto delito de “incitación al odio y conspiración para el terrorismo”. En esa extraña Navidad de 2018, cuando me debatía entre el temor y la incertidumbre, una fuente de toda mi confianza que tuvo acceso de forma fortuita a la información que manejaba la cúpula policial, me alertó que ya había sido dada la orden de encarcelarme en cualquier momento, “se puede ejecutar mañana, o la próxima semana,”, me dijo, “para después inventar los cargos en un proceso judicial”.
Todavía aferrado al compromiso de seguir reporteando en Nicaragua, me tomó más de 72 horas aceptar que estaba ante la disyuntiva de ir a la cárcel y convertirme en un periodista silenciado, o salir al exilio y seguir siendo un periodista libre para darle voz a las víctimas de la persecución política. Fue una decisión agónica, que logré tomar gracias al coraje y el respaldo de mi esposa y mis hijos, y de un día para otro empacamos una mochila y con el apoyo de una red anónima de colaboradores, mi esposa y yo logramos salir de Managua, evadiendo los retenes policiales implantados en las carreteras, hasta cruzar la frontera de Costa Rica por puntos ciegos. En esos días finales de diciembre 2018, otros cinco periodistas de CONFIDENCIAL decidieron salir del país por sus propios medios, en base al análisis de riesgo individual realizado en cada caso, pero la mayoría de nuestros reporteros y editores se mantuvieron en Nicaragua, trabajando desde un local improvisado, desafiando la amenaza permanente del Estado policial.
El primer exilio en Costa Rica: periodismo en emergencia
Durante la emergencia de mi primer exilio, en San José me acogió la comunidad nicaragüense, el pueblo y Gobierno de Costa Rica, y sobre todo, la extraordinaria solidaridad de Telenoticias, Canal 7, que me permitió seguir dirigiendo CONFIDENCIAL de forma remota y producir Esta Semana y Esta Noche desde los estudios de Teletica. Al imponerse en Nicaragua la censura contra Canal 12, convocamos a la audiencia televisiva a migrar al canal de YouTube de CONFIDENCIAL que hoy, seis años después, tiene más de 524 000 suscriptores.
Desde el exilio en Costa Rica, fundé una nueva Asociación para relanzar un medio que había sido ilegalizado y criminalizado por la dictadura, y seguí reporteando con los ojos y oídos puestos en Nicaragua 24/7, con la única prioridad de retornar al país apenas se restablecieran las libertades mínimas que me permitieran hacer periodismo sin ser encarcelado.
Como resultado del segundo Diálogo Nacional, celebrado entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, entre febrero y abril de 2019, el régimen se comprometió a liberar a todos los presos políticos y a restablecer los derechos constitucionales. La dictadura cumplió a medias lo primero y dictó una ley de autoamnistía para proteger a sus partidarios, responsables de los crímenes de la represión. Al amparo de esa ley también excarceló a más de 300 presos políticos entre ellos a mis colegas periodistas, pero mantuvo invariable el Estado policial y no aceptó discutir o negociar una reforma electoral que permitiera realizar elecciones libres en 2021.
Unos meses después de la liberación de los presos, un pequeño grupo de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, decidimos asumir el riesgo de regresar a Nicaragua. El 25 de noviembre de 2019, reinicié en Managua el reclamo por la devolución de la redacción de CONFIDENCIAL, que seguía ocupada por la Policía, y mientras tanto instalamos una nueva redacción y un improvisado estudio de televisión en un edificio comercial, donde se reagrupó todo el equipo de CONFIDENCIAL, hasta que en marzo de 2020 la pandemia de la COVID-19 nos obligó a replegarnos en nuestros hogares.
Reporteando en Nicaragua bajo pandemia y Estado policial
La pandemia de la covid-19 nos enseñó a trabajar de forma remota y a poner a prueba las mejores prácticas del periodismo para vencer el triple cerco del Estado policial, la censura, y el negacionismo oficial de la crisis sanitaria. Según el Ministerio de Salud, en Nicaragua solamente murieron 179 personas a causa de la covid-19, lo cual habría sido una proeza mundial, pero en base a la observación de los entierros exprés, los testimonios de los familiares de las víctimas y los médicos independientes en los hospitales, y las proyecciones de los salubristas basadas en el subregistro de la información oficial, CONFIDENCIAL estimó que Nicaragua tuvo uno de los índices más altos de sobremortalidad en el mundo. Mientras morían varias decenas de miles de personas, entre ellas centenares de altos funcionarios del régimen que creyeron a pies juntillas la mentira oficial a ritmo de cumbia, de que la COVID-19 era un “virus importado”, la dictadura se preparaba para liquidar la última oportunidad para permitir un cambio a través de las elecciones del 7 de noviembre 2021.
Entre octubre de 2020 y febrero de 2021 la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista aprobó el tridente de leyes represivas: la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros, y la Ley de Soberanía (que tipifica el delito de traición a la patria), que se aplicarían a posteriori para justificar la condena de los presos políticos en las cárceles. Pero la punta de lanza de la represión continuó siendo el Estado policial, la prohibición de los derechos de reunión y movilización, estrechando cada vez más el cerco policial. Entre septiembre 2020 y junio 2021, la única entrada al reparto de mi casa ubicada en Intermezzo del Bosque, estuvo vigilada por un retén policial las 24 horas del día, mientras los principales líderes de la rebelión cívica y potenciales candidatos presidenciales, quedaron inmovilizados bajo un régimen de casa por cárcel de facto.
En diciembre de 2020, la dictadura oficializó la confiscación ilegal de CONFIDENCIAL, declarando el inmueble propiedad del Ministerio de Salud (Minsa), y en un burdo intento por lavar el crimen contra la libertad de prensa la ministra del Minsa inauguró con bombo y platillo una “Casa Materna” para mujeres embarazadas en nuestra redacción, que eventualmente quedaría abandonada. El 20 de mayo de 2021, la Policía asaltó por segunda vez la nueva redacción de CONFIDENCIAL, otra vez se robó todos nuestros equipos, documentos de trabajo, legales y financieros, y mantuvo por 10 horas en la cárcel de El Chipote a nuestro productor audiovisual Leonel Gutiérrez (q.e.p.d.).
Con nuestra segunda redacción confiscada y bajo la amenaza de la nueva escalada represiva, persistimos en seguir haciendo periodismo y nos preparamos para cubrir las “primarias” con las que, a pesar de la falta de garantías electorales, la oposición pretendía seleccionar a un candidato único para competir en las elecciones de noviembre de 2021 contra el dictador Daniel Ortega. En las siguientes tres semanas se desató una redada policial que culminó con la captura de los siete precandidatos presidenciales de la oposición —Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Miguel Mora, y Noel Vidaurre—, y más de 40 líderes políticos y cívicos, incluyendo estudiantes universitarios, campesinos, empresarios, activistas políticos, periodistas, y defensores de derechos humanos. El objetivo era ilegalizar a la oposición y eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre, en las que según todas las encuestas Daniel Ortega habría perdido contra cualquiera de los candidatos de la oposición, para imponer por la fuerza su reelección.
El 13 de junio de 2021, la Cancillería del régimen distribuyó a la comunidad internacional un comunicado, escrito en lenguaje orwelliano, titulado “En defensa del Estado de derecho”, en el que intentaba justificar la redada policial, afirmando que el Gobierno estaba siendo objeto de una “conspiración sediciosa” financiada con decenas de millones de dólares de USAID, IRI y NED, canalizados a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, que ya se encontraba bajo arresto domiciliario. El documento oficial alegaba que los fondos para financiar el “acto de traición” habían sido transferidos a mi persona y a CONFIDENCIAL, a La Prensa, y a otros medios independientes que estaban “bajo proceso de investigación” por el Ministerio Público. Y, aunque CONFIDENCIAL nunca había recibido una donación de dicha fundación, cuya relación de apoyo financiero con otros medios de comunicación tampoco representaba un ilícito, era evidente que sin haber sido entrevistado por la Fiscalía, ya me habían condenado de antemano por un supuesto crimen, y que no tendría ningún derecho a la defensa en la cárcel de El Chipote donde eran procesados los presos políticos.
Nuevamente, ante una inminente detención ilegal, el 15 de junio de 2021 salí con mi esposa por segunda vez al exilio hacia Costa Rica por una nueva ruta de puntos ciegos en la zona fronteriza. Seis días después, cuando empezaba a trabajar con el apoyo de Teletica, todavía de incógnito desde San José, un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía allanó mi casa de habitación en Managua para encarcelarme, la misma noche en que capturaron al cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza. Dos meses más tarde, la Fiscalía emitió una orden de captura en mi contra y me acusó formalmente por “lavado de dinero”, en la misma causa en que estaban procesando a otros seis presos políticos.
En agosto de 2021, cuando las cárceles de la dictadura se llenaban de presos políticos y se cerraba de forma de definitiva la posibilidad de un cambio, al anularse las elecciones del 7 de noviembre, finalmente, entendí que mi segundo exilio había dejado de ser una emergencia temporal para convertirse en una situación permanente. Mientras otros compañeros de mi redacción también se veían obligados a exiliarse para evitar el acoso de la Fiscalía y las amenazas de detención, esta vez, mi prioridad ya no sería el retorno inmediato a Nicaragua adonde iría directamente a la cárcel, sino proteger a mi redacción dispersa entre Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, y otros países, y trabajar de forma incansable para lograr la sostenibilidad del medio a largo plazo, para seguir haciendo periodismo desde el exilio y derrotar la censura de la dictadura.
El segundo exilio: vencer la censura en Nicaragua
El 7 de noviembre de 2021, el dictador Daniel Ortega se autoproclamó ganador en su tercera reelección consecutiva, sin competencia política, por segunda vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, consolidando una dictadura familiar dinástica. Contrario a la apertura política que pronosticaban algunos analistas internacionales, el régimen profundizó un proceso de radicalización totalitaria con la persecución religiosa contra la Iglesia católica; la eliminación de todos los espacios de la sociedad civil, cancelando más de 5500 asociaciones y organizaciones no gubernamentales, incluyendo universidades privadas y asociaciones empresariales; y lanzando una campaña de represión transnacional contra los exiliados, que incluyó la desnacionalización de más de 450 ciudadanos, entre ellos una veintena de periodistas, confiscando nuestros bienes; el destierro de facto de miles de ciudadanos, expulsados de forma arbitraria, o impedidos de ingresar al país; y la ejecución de operativos de terrorismo de Estado contra refugiados nicaragüenses en Costa Rica.
Entre 2022 y 2024, se incrementaron las detenciones arbitrarias y el acoso contra los periodistas independientes en Nicaragua, que fueron sometidos bajo un régimen de arresto domiciliario de facto, hasta el punto de que prácticamente todos los reporteros que permanecían en el país tuvieron que salir al exilio para evitar la cárcel o el silencio.
Bajo una dictadura totalitaria, el periodismo en el exilio representa la última reserva de todas las libertades en un país en que han sido cancelados todos los derechos, incluida la libertad de opinión, y también han sido criminalizadas las fuentes independientes de información. El primer desafío de los periodistas que estamos obligados a reportear desde el exterior, es evitar la “burbuja del exilio”, para seguir contando la historia de la represión y la resistencia, y también relatar la vida cotidiana de un país bajo dictadura que el régimen pretende “normalizar”. En consecuencia, nuestra prioridad es la seguridad de nuestros periodistas, y la seguridad física y digital de nuestras fuentes y colaboradores, a través de canales seguros de comunicación.
En marzo de 2025, la dictadura canceló de forma arbitraria a CONFIDENCIAL y otros medios independientes el acceso al dominio com.ni, que administraba la Universidad Nacional de Ingeniería, iniciando una nueva etapa de ataques contra nuestro sitio web y nuestras audiencias. El periodismo en el exilio, por lo tanto, debe promover la innovación en la relación con nuestras audiencias, cuya confianza y credibilidad en nuestro trabajo es la única defensa con que contamos.
Con una audiencia mayoritariamente concentrada en Nicaragua (50%), Estados Unidos (18%), Costa Rica y Centroamérica (12%) y decenas de otros países, el periodismo en el exilio de CONFIDENCIAL está derrotando la censura de la dictadura. Las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad: los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, las torturas en la cárcel, la persecución política, las desnacionalizaciones, destierros y confiscaciones, están sembrando una semilla de verdad en los procesos internacionales de justicia en que están siendo señalados 54 altos funcionarios del régimen y el Estado nicaragüense.
CONFIDENCIAL ha investigado las coimas y la extorsión contra los ciudadanos y el sector privado empresarial; el enriquecimiento de la red de empresas privadas de la familia Ortega Murillo y sus testaferros, a costa del Estado; el negocio de la promoción de migrantes ilegales extracontinentales a Estados Unidos; el espionaje ruso con la complicidad del Ejército de Nicaragua; y el “tapón” de los 24 generales que bloquean los ascensos en la carrera militar; poniendo en evidencia la corrupción pública generalizada en que se sostiene el aparato represivo del régimen.
Por último, y no menos importante, las revelaciones sobre las purgas internas de altos oficiales del régimen, civiles y militares, provocadas por la sucesión dinástica en curso de la codictadora Rosario Murillo, representan “el plato del día” de una audiencia ávida de información confiable, para escapar de la desinformación y la propaganda oficial, que incluye a los mismos servidores públicos, que son rehenes de una dictadura familiar en proceso de descomposición.
CONFIDENCIAL también enfrenta el desafío de lograr la sostenibilidad económica del periodismo, bajo una condición de exilio permanente, cuando nuestros anunciantes tradicionales han sido criminalizados, los gigantes tecnológicos imponen sus reglas con una ventaja descomunal, y las agencias de cooperación cancelan sus programas o disminuyen sus donaciones, según sus nuevas prioridades. Igual que en Rusia, Irán, Afganistán, y Myammar, en Nicaragua, Cuba, Venezuela, y El Salvador, es imperativo un cambio en el paradigma de las agencias de cooperación internacional, para apoyar la viabilidad del periodismo en el exilio.
La determinación de seguir haciendo periodismo desde el exilio conlleva enormes costos humanos para los periodistas de CONFIDENCIAL que han sufrido las represalias contra sus familiares en Nicaragua, mientras que en Costa Rica predomina un clima de miedo e inseguridad por los atentados criminales orquestados por el régimen como el de el mayor en retiro Roberto Samcam, la voz más potente de denuncia contra el Ejército, que fue asesinado de ocho disparos en su casa en San José, el 19 de junio de 2025.
El exilio de los periodistas también implica el dolor del desgarramiento familiar provocado por el castigo del destierro. El pasado 14 de junio de 2025, mi madre, la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro, falleció en Costa Rica con nuestra familia desterrada en varios países. Por ahora, reposa temporalmente en San José y solamente podrá descansar en paz en su patria cuando Nicaragua sea libre y vuelva a ser República.
Más temprano que tarde, después de este exilio prolongado, al periodismo independiente también le tocará contar la historia de la caída de una dictadura y cómo empieza la tarea monumental de la reconstrucción de Nicaragua.
*Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica desde junio 2021. Despojado de su nacionalidad por la dictadura Ortega Murillo en febrero 2023. Director de www.confidencial.digital. Una versión de este texto se publicó originalmente en la edición de julio de El Faro.