Si bien la palabra desarrollo genera múltiples aversiones debido al mal uso de ella en aras de justificar un sinfín de acciones y medidas favorables para unas cuantas personas, en detrimento, de muchas otras, a partir de 2015, se estableció una agenda internacional que permitiera revertir esa premisa y se establecieran políticas públicas de desarrollo de alto impacto para los gruesos poblacionales.
A esta medida se le denominó los Objetivos de Desarrollo Sostenible y consistió en la enunciación de 17 metas a cumplir para el 2030 en materia de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.
A una década de la entrada en vigor de esta agenda en todos los países integrantes de las Organización de las Naciones Unidas, recién se dio a conocer en el Informe 2025 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que “solo el 35 por ciento de las metas van por buen camino o progresan moderadamente, mientras que casi la mitad avanza demasiado lento y el 18 por ciento ha retrocedido”.
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Algunos de los avances reportados son la reducción de 40 por ciento de las infecciones de VIH a nivel global; la prevención de dos mil 200 millones de casos de malaria; la ampliación de la protección social a la mitad de la población mundial; el ingreso a la escuela de 110 millones más de niños y jóvenes; el retroceso en las cifras de matrimonio infantil; aumento del uso del internet y de acceso a la electricidad; duplicación de la protección de ecosistemas clave.
Además de, la reducción de la tasa mundial de mortalidad materna de 228 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2015 a 197 en 2023; la eliminación de una enfermedad tropical desatendida en 54 países; la aplicación de 99 reformas legales positivas para eliminar leyes discriminatorias y establecer marcos de igualdad de género; el incremento de las mujeres en los escaños de los poderes legislativos locales y el incremento de uso de energía renovable.
Sin embargo, otras cifras indican que más de 800 millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema; miles de millones siguen sin tener acceso a agua potable, saneamiento y servicios de higiene; el cambio climático hizo que 2024 fuera el año más caluroso jamás registrado; los conflictos causaron casi 50 mil muertes en 2024 y más de 120 millones de personas se habían visto obligadas a desplazarse, y los países de renta baja y media tuvieron que hacer frente a unos costes del servicio de la deuda sin precedentes.
Sumado a que en 2024, dos mil 200 millones de personas carecían de agua potable gestionada de forma segura, 3 mil 400 millones no disponían de saneamiento gestionado de forma segura y mil 700 millones carecían de servicios básicos de higiene en el hogar; ocurrió un aumento de población mundial de refugiados hasta registrar 37.8 millones; mil 120 millones de personas viven en barrios marginales o asentamientos informales sin servicios básicos, y la ayuda oficial para desarrollo disminuyó un 7.1 por ciento en 2024, con pronóstico de recortes durante los próximos años.
Estas cifras son reflejo de una realidad mundial, de la cual no escapa nuestro país, tanto en los logros como en los retos, por lo que, como ciudadanía, debemos de monitorear que las políticas públicas propuestas en materia de desarrollo atiendan estas problemáticas a nivel local y las brechas de desigualdad en diversos rubros como agua, alimentación, educación, empleo, medio ambiente, salud, vidas libres de violencia, entre otros, realmente cumplan con un objetivo concreto.
Pues, “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”.