En días pasados, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, después de una evaluación de sus políticas públicas y acciones a favor de dicho sector de la población, llevada a cabo en el marco de la Décima Revisión Periódica de la Convención del mismo nombre, instrumento internacional firmado y ratificado por México.
Si bien se reconocieron algunos avances en la garantía de derechos humanos de las mujeres en los últimos años como la creación de la Secretaría de la Mujer federal, la incorporación a la Constitución Federal el derecho a una vida libre de violencia, la ampliación de la definición de violencia familiar en el Código Penal Federal, la sentencia de la Suprema Corte en materia de aborto, el impulso de la paridad de género, entre otros.
También se emitieron 90 recomendaciones que visibilizan la grave crisis de derechos humanos que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en el país en diferentes rubros como la vida libre de violencia, la no discriminación, la defensa de los derechos humanos, la protección de la salud, la educación, la materia laboral, la salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia, la igualdad
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Como parte de estas recomendaciones, se pide a las autoridades mexicanas incorporar a su marco legislativo el derecho a la no discriminación por ser mujer y el reconocimiento de las diferentes posibles intersecciones por las cuales una mujer puede ser discriminada en la esfera pública y privada.
En materia de acceso a la justicia, se considera necesario continuar con la armonización de los códigos penales estatales en materia de violencia contra las mujeres, aplicar los protocolos de género vigentes, evitar los procesos judiciales simplificados en casos de violencias contra las niñas y mujeres, incluido el feminicidio, y fortalecer las labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la materia.
Además de mejorar los mecanismos de recopilación de datos sobre violencias contra las mujeres, de una forma en que se puedan conocer las diferentes posibles variantes de vulnerabilidad y de discriminación, los motivos de las mismas, los perfiles de quienes violentan, entre muchos otros datos. E incorporar a las familias en todo el proceso de investigación de una denuncia por violencia de género, feminicidio o desaparición.
En el rubro institucional, se pide continuar con el avance de la incorporación de las mujeres al servicio público y coordinar de mejor manera las políticas de igualdad y equidad de género al interior de las instituciones públicas, así como garantizar su continuidad, su independencia y el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil.
Sobre la participación política, se recomienda igualdad sustantiva en las posiciones de liderazgo y toma de decisiones en las instituciones políticas, así como el reforzamiento de la protección de las víctimas de violencia política contra las mujeres a través de investigaciones efectivas, procesamiento judicial de las mismas y sanciones a quienes la cometen.
Sumado al reforzamiento de la incorporación de la perspectiva de género a las políticas en materia de salud, educación y empleo, y a la garantía de ambientes libres de violencia y de acoso en estos rubros e igualdad de condiciones. Sumado a las posibilidades de un empoderamiento económico y la creación de un sistema de cuidados que permita a las mujeres acceder a oportunidades educativas y laborales y mejorar su acceso al derecho a la salud.
En cuanto a las mujeres indígenas y afrodescendientes, se señalaron las necesidades de garantizar darles a conocer sus derechos en sus propios idiomas, incorporar una perspectiva intercultural en los servicios públicos disponibles para mujeres, contar con intérpretes en instancias de justicia, promover su acceso a la educación en su propia lengua e incentivar la participación política.
En el mismo sentido, se hacen recomendaciones para el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres con diferentes tipos de discapacidad a fin de que puedan incorporarse a los ámbitos educativo, laboral y político, gocen de su derecho a la salud y se incorporen a las políticas públicas las recomendaciones internacionales en materia de discapacidad.
Asimismo, se recomendó el fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mediante la implementación de evaluaciones de riesgos interseccionales y con perspectiva de género, asegurando un financiamiento adecuado y una coordinación efectiva entre las instituciones federales y estatales para su funcionamiento efectivo.
En el caso de las mujeres que realizan búsqueda de familiares desaparecidos, se exigió al Estado reconocer a “las buscadoras” como una categoría especial de defensoras de derechos humanos, a las que deben de garantizárseles, a lo largo de todo el territorio nacional, estándares mínimos de seguridad y de protección. Sumado a su reconocimiento como defensoras de derechos humanos y su inclusión en los mecanismos de protección de quienes se dedican a la salvaguarda de estos derechos fundamentales.
La próxima evaluación será en un quinquenio, en espera de un avance significativo en la materia, y de que las brechas de desigualdad motivadas por el género disminuyan de forma más rápida, pues, la falta de reconocimiento de derechos es una de las principales barreras para alcanzar una igualdad entre personas, sin importar su género.