Es común que cuando en un proceso electoral o mecanismo de democracia participativa se registra una baja asistencia a las urnas, tal y como ocurrió el pasado domingo en la elección judicial en que la participación ciudadana no alcanzó el 13% de la lista nominal, además de que los votos nulos y en blanco superaron el 20% por lo que en realidad la votación fue de un dígito, se abre la discusión sobre el voto obligatorio y la imposición de sanciones a quienes no cumplan con este deber cívico.
En nuestro país, el voto es un derecho pero también una obligación conforme a lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución al igual que en la legislación electoral, pero a pesar de su obligatoriedad, lo cierto es que no hay ninguna consecuencia para quienes no acuden a votar, por lo que distintos partidos han presentado iniciativas en el Congreso para que la inasistencia injustificada el día de la jornada se castigue con la cancelación de la credencial de elector por un determinado periodo de tiempo o una multa entre otras sanciones, con la intención de que se incremente sustancialmente el nivel de participación de la ciudadanía tal y como sucede en otros países.
Dependiendo del tipo de elección, el abstencionismo en México ronda el 40% siendo mucho menor en los procesos de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato, y sus causas pueden ser diversas como la imposibilidad física de acudir por una condición de salud o edad –ante lo cual el INE ha implementado el voto anticipado para las personas en esa situación y sus cuidadoras–, por estar de viaje, por considerar que ninguna opción electoral merece su apoyo, como una forma deliberada de protesta, o de plano por indiferencia. Para tratar de disminuir la abstención hay fundamentalmente tres opciones: como ya se mencionó la imposición de sanciones, promover incentivos como un día de asueto, descuentos en establecimientos, de hecho así lo hacen algunas empresas, y fortalecer la educación cívica.
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Actualmente alrededor de 26 países contemplan la obligación del voto, pero solamente 13 consideran sanciones para quienes no participen en las elecciones como Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Singapur, Turquía, Uruguay y recientemente Chile, aunque también hay algunos que en la práctica no las aplican como Egipto o Paraguay. De acuerdo con algunos estudios, los niveles de participación en países con voto obligatorio y sanción son superiores al 82%, sin embargo, es necesario tomar en cuenta tanto las ventajas como los posibles efectos negativos que se pueden presentar.
Entre los principales argumentos a favor se pueden mencionar además de impulsar la participación electoral de la ciudadanía, disminuye la polarización pues debido a que la mayoría de las y los ciudadanos acuden a votar, partidos y candidatos asumen posturas moderadas para conseguir un mayor apoyo, y las candidaturas se pueden enfocar más las propuestas al no tener que destinar tiempo y recursos en llamar a participar o en la movilización, con lo que también se desincentivan las prácticas clientelares.
No obstante, en contraposición, se ha sostenido que no es democrático obligar a las personas a votar ya que ello atenta contra su libertad, provoca inconformidad y enojo en la ciudadanía, quienes votan de manera voluntaria generalmente emiten un voto más informado que quienes lo hacen bajo coerción, se puede incrementar significativamente la anulación de votos o que se vote al azar, y el aumento en la participación no necesariamente se refleja en una mayor calidad de la democracia. Se trata sin duda de un tema complejo, que se debe discutir con toda amplitud, pero que de ninguna manera debe sustituir a la urgente necesidad de apostarle a la formación de ciudadanía.