Este 15 de junio de 2025 se cumplieron siete años de la publicación de la Ley General de Archivos (LGA) y seis de su entrada en vigor, momento oportuno para reflexionar sobre sus alcances y los retos que persisten para fortalecer la cultura archivística en México.
En nuestro país, los avances normativos en materia de información pública y datos personales no siguieron el orden ideal. Primero se legisló el acceso a la información en 2002; después, la protección de datos personales, en 2010 y 2017; y, finalmente, los archivos, en 2018. Hay quienes dicen que lo lógico hubiera sido comenzar exactamente al revés: primero los archivos, como sustento de la información; luego establecer las reglas para proteger la información sensible; y solo entonces regular el acceso público al resto de la información.
Este desfase legislativo ha tenido implicaciones prácticas, pero lo cierto es que hoy la LGA representa un pilar indispensable para asegurar la veracidad, disponibilidad y conservación de la información. No obstante, aún enfrentamos importantes desafíos para su cumplimiento: la débil puesta en marcha de los Sistemas Institucionales de Archivos, especialmente en entes públicos con menor capacidad técnica o presupuestales; la falta de profesionalización del personal archivístico; y resistencias culturales para entender a los archivos como herramientas vitales para la gestión pública y la garantía de derechos.
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En el contexto de reconfiguraciones en el ámbito federal de cara al nuevo modelo de transparencia y protección de datos personales, así como de discusiones locales para su armonización, esta ley adquiere una relevancia aún mayor, al permanecer vigente y ofrecer un marco claro que asegure continuidad, certeza y legalidad en el tratamiento de la información.
Además, nos encontramos en medio de una transición clave: partidos políticos y sindicatos que hasta ahora eran competencia de las autoridades locales, comenzarán a ser sujetos obligados de las nuevas autoridades a nivel federal. Este cambio implica desafíos concretos en materia archivística, como la transferencia ordenada de expedientes, la clasificación adecuada de información y la homologación de criterios de gestión documental.
De cara a estos retos, es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades federales y locales; destinar recursos para el desarrollo de capacidades archivísticas; impulsar diagnósticos sobre el estado de los archivos; y fomentar una visión integral que ponga a la gestión documental como eje transversal del quehacer institucional.
Los archivos representan la memoria activa del Estado y el punto de partida para el ejercicio de derechos. Por ello, la voluntad política es indispensable para impulsar, desde el interior de las instituciones públicas, una verdadera transformación en materia archivística. No basta con celebrar aniversarios, asumamos nuestra responsabilidad. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.