Dos años y medio después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificara la sentencia emitida el 7 de noviembre de 2022 sobre el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, en la que determinó su responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad, libertad y garantías judiciales en contra de los hermanos de origen náhuatl Tzompaxtle Tecpile y de su amigo Gustavo Robles, quienes fueron detenidos ilegalmente por la policía federal mientras circulaban por la carretera México-Veracruz en enero de 2006, en las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría pronunciarse sobre el futuro de esta polémica figura en nuestro país.
En esa sentencia, la CIDH señaló que un Estado parte, como México, no puede invocar disposiciones de su derecho interno para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales, por lo que nuestro país debía adecuar su marco jurídico interno a efecto de que la prisión preventiva solo pueda determinarse de manera excepcional previa justificación.
Sin embargo, lejos de ello, el catálogo de delitos que ameritan la también llamada prisión automática, es decir, que se pueda meter a la cárcel por muchos años a una persona a la que no se ha demostrado su culpabilidad ni dictado sentencia, se ha seguido ampliando indiscriminadamente hasta llegar a dos decenas que van desde el robo a vivienda o en transporte de carga, secuestro, violencia sexual, extorsión o falsificación de documentos fiscales. Ante ello, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostienen que la aplicación de la prisión preventiva obligatoria es violatoria al derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, la convierte en una pena anticipada y constituye una interferencia ilegítima del legislador en las facultades de valoración que competen a la autoridad judicial.
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Desde el sexenio anterior, el gobierno ha tratado de evitar que la SCJN declare la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana –que es obligatoria–, ya que además de ser uno de los pilares de su estrategia de seguridad, argumentan que cerca de 70 mil personas pudieran ser puestas en libertad, y recientemente han solicitado que se aplace su discusión hasta el 1º de septiembre para que resuelva la nueva integración de la Corte como resultado de la pasada elección judicial.
Al respecto, es importante precisar que, contrario a lo que afirma el gobierno, ello no implicaría la liberación de todas estas personas, puesto que primero las fiscalías y los jueces tendrían que hacer su trabajo y analizar cada uno de los casos para determinar el nivel de riesgo que representan, por lo que delincuentes de alta peligrosidad seguirían su proceso en reclusión, evitando así que las miles de personas detenidas injustamente, entre quienes se encuentran las más vulnerables al que no cuentan con la posibilidad de una buena defensa por falta de recursos, sigan padeciendo esta arbitrariedad.
Por lo pronto, la ministra Margarita Ríos Farjat ha circulado un proyecto en el cual propone una interpretación sobre la prisión preventiva oficiosa para que no sea automática y el juez abra una discusión caso por caso sobre los elementos para decidir si procede o no aplicar esta figura, es decir, la prisión preventiva tendría que justificarse. También está el asunto que tiene en sus manos el ministro Pardo Rebolledo para determinar la inaplicación de la norma constitucional que contempla la prisión automática. Habrá que ver como quieren despedirse las y los ministros aún en funciones, en poco tiempo lo sabremos.