Pésima señal la que envió el gobierno federal respecto a regularizar las viviendas con crédito Infonavit que fueron invadidas. Empresarios del sector inmobiliario e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtieron que ofrecer esquemas de arrendamiento con opción a compra y a precios subsidiados para los que se metieron “a la mala” es una amenaza para el estado de derecho.
De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, hay un número importante de viviendas que están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios, por lo que pretender que los ocupantes puedan adquirir los inmuebles por debajo de su valor real, significa un grave precedente.
Desde 2015, el Infonavit registra un índice de morosidad importante, pasó de 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024; y si se consideran los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%, según estimaciones de la Coparmex.
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Con ello, uno de cada tres financiamientos presenta incumplimientos de pago, por lo que en lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto.
Integrantes de la máxima cúpula del sector privado alertaron que la medida contradice el mandato del Instituto, ya que aceptar la ilegalidad pondría en riesgo el ahorro de millones de mexicanos que aportan a este fondo.
Nos cuentan que los organismos de vivienda y el sector privado buscarán reuniones “urgentes” con las autoridades y con legisladores para hacerles ver la gravedad de la propuesta, debido a que el Infonavit se creó para proteger el patrimonio de los trabajadores “no para avalar ocupaciones irregulares y convertir en beneficiarios a quienes toman por la fuerza un inmueble que no les pertenece”.
Hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, si bien la propiedad privada está resguardada, es necesario que el gobierno federal actúe en contra de los invasores porque de lo contrario, se institucionalizará la ocupación irregular de viviendas, por lo que la certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones sino de políticas claras, legales y alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
No hay que olvidar que la administración anterior pidió que no se procediera con desalojos de acreditados con pagos vencidos, pero el actual gobierno busca ir más allá y pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit sino que son parte del patrimonio de acreditados que han incumplido con sus obligaciones de pago.
Al alza precios del petróleo
Luego de los ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán, continuará la aversión al riesgo a nivel global y se espera que continúen al alza los precios del petróleo, por lo que sí se prevé un impacto para la economía mexicana ante el aumento de los energéticos, además de que se anticipa un nuevo repunte de la inflación.
Así las cosas…