En días pasados, una empleada que labora en una empresa comercializadora me escribió al enterarse de cómo tratan a los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a quienes trabajan al servicio del Poder Judicial de la Ciudad de México: “¡Imagínese, si así los tratan a ellos, ¡qué pasará con nuestros derechos!”
Ellos, los trabajadores que se encargan de atender los aparatos de impartición de justicia, bajo responsabilidad del Ejecutivo, en los ámbitos federal y local en la capital del país, han tenido que usar la acción directa de manera pacífica, aquella que se ejerce como último recurso: parar labores a riesgo de lo que sea. Además, la Junta Federal de Morelos se ha sumado a esta acción.
A pesar de que los han amenazado con levantar actas y rescindir sus contratos de trabajo por apoyar a los funcionarios despedidos, los trabajadores encargados de la procuración de justicia son quienes menos tienen acceso a ella.
Te podría interesar
Martin Luther King Jr., durante su lucha por defender los derechos humanos en Estados Unidos, en un texto escrito el 16 de abril de 1963, llamado “Carta desde una cárcel de Birmingham”, escribió una frase que estremece: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”.
Los empleados que tienen como misión hacer efectiva la atención de la justicia se percatan que no cuentan con un mecanismo para ser atendidos. Sobrecargas de trabajo, malos tratos de los justiciables, oídos sordos de sus superiores, sindicatos inoperantes y leyes hechas para otros, no para ellos.
Luther King escribió esa carta estremecedora donde denuncia la negación a ser atendidos y escuchados, en la que explica que no tuvieron otro remedio que ejercer la acción directa ante la prohibición de dejarlos entrar a esos lugares que llaman templos de justicia, que no tienen nada de templos, ni de justicia.
El activista, al describir la acción directa, la reflejó en su pensar: “Presentaríamos nuestros propios cuerpos como un medio de exponer nuestro caso ante la conciencia de Dios”.
Los trabajadores burocráticos que, en México, laboran en esas anquilosadas instituciones, no gozan siquiera de un buzón, tampoco hay quien les escriba al menos una línea de justicia.
Existe una institución llamada Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dirigida por un funcionario sensato, a la cual no se le dota de presupuesto para atender los casos laborales que provienen del Gobierno Federal y de la Ciudad de México.
¿Para qué acudir a esa institución si los juicios duran años para ser atendidos?
Los funcionarios de la Ciudad de México demandan aumento de salario, y los de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje buscan ser reubicados y tratados con dignidad, pero a unos y otros los consideran personas ingratas únicamente por defender sus derechos, y apuestan a que se cansen para que acepten cualquier ofrecimiento mínimo.
En estos tiempos de esperanza sobre nuevos gobiernos de cambio no es suficiente que haya nuevos juzgadores si no se les dota a las instituciones públicas con presupuesto. También son necesarias nuevas y depuradas instancias de justicia donde atiendan a los trabajadores del Estado.
La reforma laboral del apartado “A” del artículo 123 Constitucional dota a los trabajadores de mayores recursos colectivos, aunque limitados, como el que sean consultados en las revisiones de contratos colectivos. Mientras que, los servidores públicos del apartado “B” y de los gobiernos de los Estados no disfrutan de este beneficio, simplemente son ignorados.
Los servidores públicos no cuentan con bilateralidad en sus relaciones laborales y los juzgadores que atienden sus casos, en primera instancia, no se designan por elección. Solo pueden mirar estos procesos electorales a través del vidrio sin que los beneficie de manera alguna.
Los tribunales laborales que atienden los casos de los trabajadores al servicio del Estado todavía viven en tiempos medievales. Aún son nombrados desde la Presidencia de la República en el ámbito federal y con el beneplácito de los gobernadores en el local. En los pasillos del palacio se aplica el dicho: “Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre”.
¿Elecciones de juzgadores para elegir a los que van a condenar al Estado? Contestan: ¡Eso sí que no! ¿Mayor presupuesto? Responden: ¡No es prioritario!
Albert Camus mencionó alguna vez: “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”.
Esperemos que los funcionarios que atienden estos casos, donde representan al Estado como patrón, no fracasen, porque entonces los perdedores seremos todos.
De otros avatares
Me dicen los enterados del anuncio por la reducción de la jornada semanal de 40 horas de trabajo que los foros convocados por la Secretaría del Trabajo son toda una simulación. Los ponentes fueron electos “desde arriba”. No fue una convocatoria abierta a quienes estamos interesados en participar.
¿Será que les temen a las críticas?