El hecho de que 180 servidores públicos, la mayoría abogados de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fueran mandados a la calle el pasado lunes 26 de mayo, deja en evidencia que el gobierno no es capaz de respetar sus propias reglas, las normas laborales que está obligado a cumplir y que le dan sustento ético y moral.
Lo dispuesto en el Transitorio Vigésimo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el 1º de mayo de 2019 garantizó que: “Los derechos laborales de las y los trabajadores de las instituciones que se vean involucradas en esta transición deberán ser respetados en su totalidad”.
Si bien es cierto que el acuerdo que suprime seis juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje no se refiere a la afectación laboral de los funcionarios que laboraban en esos espacios, lo contradictorio fue que se montó un aparato para llamar uno a uno a los servidores públicos para exigirles su renuncia y, ante la negativa, acompañarlos a la calle, con personal de seguridad, sin posibilidad de que recogieran sus bienes personales.
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Lo más grave es que en el operativo para deshacerse de estos funcionarios estaban representantes no sólo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sino también de la propia Secretaría del Trabajo. La pregunta inmediata que surge es: ¿por qué al momento de su separación tratan como si fueran viles delincuentes a los servidores públicos que sufrieron de manera constante las cargas laborales?
La actitud de atropello a los derechos de sus propios trabajadores no es congruente con la política que defiende este gobierno.
¿Por qué se desconoce el valor más importante –el derecho al trabajo– en esta transición de la reforma laboral? ¿Por qué se trata de simular el cese fulminante de estos funcionarios imponiendo renuncias voluntarias? Además, con el agravante de desconocer antigüedades, salarios y prestaciones.
Un gobierno garante de los derechos laborales y humanos no sólo tiene el compromiso de hacerlos respetar para todos los trabajadores, sino también de quienes le prestan servicios. ¿Cometieron faltas de probidad? ¿Robaron? ¿Abusaron de su puesto? Nada de eso ocurrió; por el contrario, siempre cumplieron con sus funciones de operar una institución llena de carencias.
Se justificó la supresión de las seis juntas especiales por la reducción de trabajo en esos espacios; sin embargo, ocurría todo lo contrario. El cúmulo de expedientes era tal que sólo podían avanzar con una orden de jueces de distrito. La mayoría de los juicios tienen retrasos de más de siete meses para acordar la siguiente etapa.
Ahora mandan los expedientes a Juntas Especiales donde aún imperan los rezagos y la falta de personal. El problema se agravará más ante esta apresurada decisión.
Servidores públicos, tanto despedidos como activos, están en las puertas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desde el pasado lunes 2 de junio por la falta de diálogo. No han abandonado las instalaciones, permaneciendo en plena calle, ante el silencio por parte de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incluso con la amenaza de levantar actas administrativas al personal no despedido que apoya a sus compañeros. ¡Qué vergüenza!
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que camina como elefante viejo, carga en su desgastado cuerpo más de 440 mil expedientes, que no sólo son pedazos de papel, sino personas, trabajadores, hombres y mujeres, familiares beneficiarios que aún esperan justicia y que miran con sorpresa que nada de eso interesa al actual gobierno.
Quiero pensar que sólo son algunos funcionarios quienes ven esos expedientes como un estorbo, una especie de monserga, en lugar de un compromiso que se debe asumir para terminar en el corto plazo con asuntos que llevan años rezagados.
Este gobierno aplica la política del cangrejo, que en vez de avanzar retrocede en sus objetivos. Cuando se requiere de mayor presupuesto para que terminen los juicios con mayor celeridad y sencillez procesal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje retira, corre, despide y desprecia a su propio personal.
Parece que se busca que ese elefante de la justicia laboral, que se encarna en la Junta Federal, muera enfermo, lleno de carencias y, lo más grave, con el desprecio de un gobierno que debe protegerlo.