Hace un mes, el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió una sentencia para determinar que las mujeres trans no pueden ser consideradas como mujeres, desde el punto de vista legal, pues, dicha categoría sólo se puede adquirir de manera biológica. En clara contraposición a la Ley de Igualdad promulgada en 2010, que no diferenciaba a quien fuera percibida o se autopercibiera como mujer.
A comienzos de año, una de las primeras acciones tomadas por Donald Trump al iniciar su nuevo período presidencial fue emitir una declaratoria en la que dejó claro que la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros: masculino y femenino. Reforzada días después con la prohibición de la participación de mujeres trans en las categorías deportivas femeniles.
La situación no es exclusiva de Europa o de Estados Unidos, donde la intervención de las autoridades en contra de las poblaciones LGBTIQ+ es clara y directa. En América Latina se han presentado episodios similares en varias naciones desde hace algunos años, con un incremento en los últimos doce meses. Un recuento que vale la pena hacer a propósito de este 17 de mayo, Día contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.
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Por “incompatibilidad de agendas”, el gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, despidió a más de 300 personas del Ministerio de Cultura en junio pasado, en días previos a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. El motivo fue la autorización del montaje de la obra de teatro Inmoral, programada para presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional.
Dichas presentaciones solo duraron un día, pues la autoridad cultural local consideró que la representación escénica “no era apta para las familias salvadoreñas”, además de argumentar que desconocían el contenido de la misma. Sin embargo, la parte afectada, la compañía Proyecto Inari había presentado anteriormente obras en dicho recinto, sin modificar uno de los principales elementos de sus proyectos creativos: la incorporación de personajes drag.
La medida fue apoyada por legisladores y otros integrantes del gabinete, quienes aseguraron ante los medios de comunicación que “El Salvador es provida, profamilia tradicional, y la agenda 2030 no tiene cabida”.
Lo anterior, sumado al cierre de la Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaría de Inclusión Social, cuyos proyectos pasaron a manos de una oficina cultural, además del congelamiento de la Ley Especial para la Igualdad y la no discriminación y la Ley de Identidad de Género y la eliminación de los contenidos relacionados con la perspectiva de género en las escuelas de educación básica.
También en el marco del Mes del Orgullo pasado, en el vecino Costa Rica, ocurrió algo similar con la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz, y el comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa, quienes, de acuerdo con la versión oficial del gobierno, fueron destituidos por “tramitar una declaratoria de interés cultural para una marcha de orgullo LGTBI sin la autorización del presidente”.
En Guatemala, el debate llegó al máximo tribunal, a la Corte de Constitucionalidad, pues el abogado Roberto Antonio Cano López interpuso un amparo constitucional contra el presidente, Bernardo Arévalo, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para prohibir la celebración de la marcha LGBTIQ+, con el argumento de que “dicho desfile contiene escenas inmorales, sexuales, depravadas, contrarias al desarrollo moral e integral de la niñez, induciendo a la hipersexualidad infantil”.
En su decisión, la Corte aprobó la celebración de la conmemoración, pero ordenó a la Policía Nacional Civil la vigilancia de la misma para que ésta no incluyera “actos inmorales” y supervisar que todo se realizará bajo las “buenas costumbres”.
En Brasil, se presentaron dos proyectos en contra de las familias homoparentales para evitar que las parejas LGBT+ sean reconocidas como entidades familiares, se casen o establezcan uniones civiles.
Después de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina se tomaron algunas medidas como la prohibición del uso de lenguaje inclusivo en materia de género en cualquier oficina gubernamental; la sustitución del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad por una subsecretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, y el cierre de la Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, absorbido por el Ministerio de Justicia
En Perú, el Ministerio de Sanidad emitió un decreto para actualizar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, entre cuyas cláusulas considera a “el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” como problemas de salud mental.
Todo lo anterior, ejemplos de gobiernos que han adoptado una agenda política más enfocada hacia las derechas, desde donde se cuestiona el reconocimiento de la diversidad sexual, salvo en algunos casos, cuando, de forma contradictoria, sirve para contrarrestar otros movimientos.
Una lectura que ya ha dado el sociólogo argentino, Pablo Stefanoni, y que es retomada por Alejandro Grimson, quien lanzó el reto de entender cuáles fueron los factores detonadores de esta situación, sobre todo, si se toman en cuenta experiencias históricas previas con autoridades de derecha.
Para el estudioso del peronismo y la cultura local, una de las paradojas del escenario actual es que el mismo día en que se celebran las cuatro décadas de democracia en la Argentina, comenzaba el gobierno de Milei, autocalificado como libertario, debido a que cree en las bondades del neoliberalismo, en la libertad del mercado, pero no en la de opinión ni en los derechos civiles o humanos.
Por el contrario, su propuesta es que actualmente vivimos una liminaridad democrática, caracterizada por las crisis de representación parcial, cierta tensión entre los poderes, antagonismo político y el surgimiento de un liderazgo carismático. Sumado a cambios políticos, en los que, una cierta fracción, muy específica, contraria a las visiones ampliadas de la sociedad, es capaz de ganar elecciones, con características como la reducción del trabajo asalariado y el incremento de la precarización, el aumento de uso de redes sociales y el aislamiento social, el individualismo autoritario y la falta de un proyecto económico y político cimentado en el progresismo o la centro democracia.
Ante el escenario, convocó a un grupo de estudiosos para analizar, desde diferentes posturas y temáticas, la instauración de un gobierno de derecha contemporánea, tomando como punto de partida el escenario argentino. De esta manera, se revisan aspectos como las derechas políticas, las blanquitudes, la moral, el individualismo, las identidades y la derechización de las agendas económicas.
El resultado fue el libro ”Desquiciados. Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha” (Siglo XXI, 2024), entre cuyos apartados se encuentra uno dedicado al género, el retroceso del reconocimiento de ciertos derechos y la irrupción de algunos fenómenos como el homonacionalismo, la biologización del género, el antintelectualismo, la misoginia, y muchas otras expresiones en contra de las posibilidades de la diversidad sexual.
Detonadores de una LGBTIQfobia institucional, comprendida como la intervención del Estado para promover leyes o políticas públicas en contra de las poblaciones LGBTIQ+, una discriminación abierta en contra de las personas por su orientación sexual o identidad o expresión de género por parte de gobiernos o instituciones. Un escenario que, para el momento en el que vivimos, debería estar superado y nuestras sociedades deberían ser igualitarias e incluyentes.