El año pasado el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional para desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El decreto, publicado el 20 de diciembre, estableció que una vez aprobada la legislación secundaria, comenzarían los periodos de extinción para transferir las facultades al Ejecutivo.
Las iniciativas para ambas materias llegaron la semana pasada al Senado de la República. Algunos contenidos, principalmente en la de telecomunicaciones, generaron controversias que derivaron en el aplazamiento de su votación para escuchar a la industria. Empero, otras controversias han surgido de voces que merecen ser igualmente escuchadas.
El lunes, trabajadores del IFT se concentraron en la Cámara Alta para exigir claridad sobre su futuro. Muchos de ellos, profesionistas que han dado viabilidad técnica, jurídica y operativa a las tareas del Instituto a lo largo de los años, simplemente no saben qué les depara. Una de las deficiencias de la iniciativa es que deja en el limbo un eventual proceso de traslado del personal del IFT a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de Pepe Merino, o bien de su eventual liquidación y finiquito.
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Resulta curioso que, mientras la propuesta de competencia económica señala expresamente el paso de los recursos humanos de la COFECE a la Comisión Nacional Antimonopolio, la de telecomunicaciones haya sido omisa en este punto. De hecho, el Artículo Octavo Transitorio de la iniciativa de telecomunicaciones señala, de manera genérica, que los derechos laborales de las personas servidoras públicas del IFT “serán respetados”. Eso equivale a prácticamente nada.
Quizás lo más lamentable de la situación que atraviesan los casi mil 400 empleados es la indiferencia e insensibilidad de los Comisionados del IFT. A estos funcionarios que defendieron el legado institucional construido por más de 10 años, se les olvidó de pronto defender lo más importante: su base trabajadora. Un giro ingrato, sin duda.
Más aún, habiéndose publicado la reforma constitucional desde diciembre, los Comisionados liderados por Javier Juárez Mojica pudieron gestionar una salida digna de sus funciones, e intentar una migración coordinada entre órganos del Estado. No obstante, apostaron por el derrotismo, sin informar a sus trabajadores sobre qué sucedería una vez aprobada la legislación, mucho menos en cabildear por su futuro laboral. Ahora acuden a los foros de la Cámara de Diputados exigiendo el respeto a los derechos laborales, aunque no lo hicieron cuando aún podían.
No es casualidad, pues, que los trabajadores del IFT hayan entregado un pliego petitorio a los Comisionados, y pidan al Congreso lo que sus jefes no pudieron o quisieron hacer. Lo que piden es algo elemental: el respeto a sus derechos laborales, para que puedan ser liquidados conforme les corresponde, o bien, exista claridad sobre qué sucederá en el cambio del Instituto a la Agencia en la reforma que se apruebe. Ya fueron testigos de las dificultades que tuvieron empleados de otros órganos ya extintos, como el INAI, y no quieren que la historia se repita.
La buena noticia es que la discusión de la iniciativa se abrió en foros a realizarse la segunda y tercera semana de mayo en el Senado. Si la industria logró sensibilizar a las autoridades para ser escuchadas, la misma sensibilidad en cuanto a los derechos laborales debe tener lugar en estas discusiones. No pueden los legisladores omitir este llamado: sin trabajadores, no hay reforma que funcione.