El primero de mayo pasado se cumplieron seis años de la reforma laboral más importante en los últimos cien años que, con el transcurso del tiempo, el Estado mexicano la fue abandonando por ser una hija adoptada a la fuerza.
En el cumpleaños de la niña obrera, en vez de contar velitas en su pastel, contó los 498 mil 584 expedientes que tiene en sus lustrosos juzgados laborales, esos de los que presumieron sería lo mejor de la justicia laboral.
165 mil 681 expedientes en los tribunales laborales federales (33.23%) y 332 mil 903 en los juzgados locales de todo el país (66.77%). ¡Casi medio millón! son los que se han estado apilando hasta el primero de mayo de 2025, según datos de la Secretaría del Trabajo.
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El dato relevante es que durante tres años y medio, que en promedio han laborado los juzgados laborales en todo el país la adopción de la niña obrera, casi tienen el 50% del número total de expedientes que se sumaron por decenas y decenas de años en las olvidadas Juntas de Conciliación.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cerró con 575 mil expedientes, mientras que sumadas con el resto de las Juntas Locales en todo el país alcanzaron, un millón de expedientes. Apenas a seis años de la reforma laboral, ésta ha alcanzado en poco tiempo un número de juicios que se está convirtiendo en inmanejable.
Ojalá que los funcionarios que presumen una primavera laboral se asomen a los juzgados laborales y se den cuenta de los retrasos enormes tan sólo para que se acepte una demanda. La ley laboral mandató que en tres días deberían de admitirse, pero eso quedó en la teoría. Como digo a mis alumnos: “en letra muerta”. Actualmente, algunos juzgados tardan entre ocho y nueve meses (incluso hasta más tiempo) para sacarlos del archivo, polvoso, para que se notifique a los demandados el inicio del juicio.
Los funcionarios que laboran en los juzgados laborales trabajan bajo una presión impresionante y, cuando le reclaman a sus superiores que se contrate más personal o se abran nuevos tribunales, la respuesta es: “eso es imposible, no ven la crisis que tenemos en el país”.
Nuestros gobernantes igualmente deberían asomarse a los juzgados de distrito que están atiborrados de amparos ante los numerosos reclamos por los atrasos en los juicios laborales. Hoy, un amparo llega a tardar entre ocho y diez meses. Los tribunales colegiados en materia laboral también son un suplicio de retrasos y deficientes sentencias.
Cuando resuelven el conflicto, la justicia laboral ha llegado muy tarde. Como diría la cocinera: “ya en ese tiempo se quemó la sopa, los frijoles, el baño, la sala y la casa entera”.
La renuncia de más de la mitad de los jueces y magistrados ha puesto en una severa crisis al sistema de justicia federal. Personas improvisadas de juzgadores que han suplido a los renunciantes han convertido en un caos el reclamo de justicia.
Hasta el momento, la reforma judicial ha traído más daño que beneficio. No se imaginan la afectación que ha provocado en la mayor parte de los trabajadores.
A la niña obrera, a pesar de tener seis años, la tratan como adulta, y no la han dejado gozar su niñez. Como lo menciono en mi libro más reciente, fue “Una reforma laboral con zapatos viejos”. Sus vestidos ya están raídos y hasta rotos.
Al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que, se supone, es la institución más importante de la reforma del primero de mayo de dos mil diecinueve, le redujeron este año un 30% de su presupuesto, con los salarios más bajos del promedio de instituciones laborales existentes en el país.
El 81% de los empleados de ese Centro son eventuales. El proceso de rotación mantiene en constante capacitación a los de nuevo ingreso y las consecuencias son para los trabajadores. He conocido a varios de ellos con lágrimas en los ojos que han tenido que dejar la institución por el bajo nivel salarial y por la presión que soportan todos los días.
La mayoría de los obreros que nunca supieron del nacimiento de esa niña obrera siguen sin saber de su existencia. No saben el significado de la libertad sindical ni la contratación colectiva. Más del 99% de los centros laborales carece de un contrato colectivo.
De acuerdo con datos del INEGI, en nuestro país tenemos 6 millones 600 mil centros de trabajo, y tan sólo alrededor de 38 mil contratos colectivos, que representan 0.0044% del total de los existentes. Si quisiéramos que ese número alcanzara apenas el 1%, tendríamos que multiplicar 227 veces esa cantidad.
El acceso a la justicia laboral en México de forma eficiente, eficaz y equitativa se conseguirá con centros de conciliación y juzgados laborales que estén a la altura de las necesidades en materia laboral.
Si el Estado Mexicano deja de ser el garante del acceso a la justicia y no contribuye a través de instituciones públicas sólidas que fortalezcan la igualdad de las relaciones laborales, así como sistemas de prevención y resolución de conflictos prontos y expeditos, se convertirá en una mera falacia formal.
¿Cómo podremos salvar esa reforma laboral que día con día se convierte en un fracaso?
¿Quién podrá salvar a esa niña obrera con sus seis años a cuestas?
De otros avatares
Me entero por noticias que me llegan del norte de Sonora que los trabajadores de la minera de Cananea, que son un poco más de 2 mil 200, acaban de recibir su reparto de utilidades, probablemente el más alto del país, con un promedio de 450 mil pesos por persona, “libre de impuestos”.
Javier Villarreal Gámez y algunos dirigentes de los trabajadores, comentaron: “Aquí gana Cananea entera. Este dinero se multiplica en los comercios, en la vivienda, en la salud, en toda la población”. Enhorabuena se reconoce un éxito en la defensa de los derechos colectivos.
Me gustaría saber, y que me reportaran a esta columna, si existe otro grupo de trabajadores que haya alcanzado más de 450 mil pesos por trabajador en materia de reparto de utilidades. Estoy atento a su respuesta.