Acción Nacional ha retomado una propuesta clave para el desarrollo de la capital del país: dividir algunas demarcaciones de la Ciudad de México. Es una idea que lleva años en el aire, pero que nunca se ha abordado con seriedad, ni siquiera tras la promulgación de la Constitución local. La discusión siempre termina en lo mismo: “sí, hay que hacerlo, pero ...”.
¿Y por qué no se ha hecho? Tal vez porque implica replantear todo el diseño institucional de la ciudad. Si revisamos la Constitución de la Ciudad de México, en sus artículos 52 al 56, encontramos un catálogo de facultades para las alcaldías. Sin embargo, más que empoderarlas, estas disposiciones las encasillan como ejecutoras de políticas dictadas desde el centro. Las demarcaciones están pensadas no para planear, sino para administrar lo inmediato: servicios públicos básicos y de contacto cotidiano.
Desde el año 2000, los gobiernos capitalinos han centralizado facultades, permisos y recursos, empobreciendo a las alcaldías. Hoy operan con presupuestos insuficientes para atender tareas básicas como bacheo, reparación de fugas, alumbrado, poda o recolección de basura. Esta precariedad ha incentivado prácticas indeseables: en lugar de fomentar la apertura de negocios, algunas alcaldías recurren a la extorsión como fuente de ingresos, porque el crecimiento económico local no les representa ningún beneficio tangible.
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A eso se suman cargas heredadas, como pasivos laborales asfixiantes. Muchos empleados sindicalizados ocupan cargos administrativos sin aportar valor operativo, mientras miles de obstáculos burocráticos impiden una atención eficaz a las necesidades ciudadanas. Incluso hay demarcaciones que no cuentan con instalaciones dignas para operar. Cualquier división territorial implicaría invertir millones en inmuebles y en la creación de plazas.
El propio secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Alejandro Encinas, ha dicho que ve con buenos ojos la propuesta del PAN. Coincide en su necesidad, pero advierte que debe ir acompañada de recursos para fortalecer a las nuevas demarcaciones. El problema es que ya hemos escuchado esa promesa antes. Y siempre se queda en el discurso.
Desde que los capitalinos elegimos a nuestros jefes delegacionales en los noventa —y más aún con su transformación en alcaldías— ha existido una resistencia constante a fortalecerlas verdaderamente. El artículo 55.1 de la Constitución local establece que “la hacienda pública de la Ciudad de México transferirá directamente a las alcaldías los recursos financieros del Presupuesto de Egresos”. Eso las reduce a simples ventanillas de trámite, y a sus habitantes, a ciudadanos de segunda frente a quienes viven en municipios del resto del país.
Allá, las presidencias municipales tienen atribuciones plenas: recaudación, autonomía financiera, personalidad jurídica. Aquí, se cree que eso debilitaría al gobierno central. Así de limitada es la visión que nos gobierna.
No se trata de entregarles todo de golpe, pero sí de avanzar hacia un modelo más justo y funcional. Algunas contribuciones, particularmente de contribuyentes menores, —como el predial, el agua o ciertas multas— podrían cobrarse de forma compartida buscando elevar la recaudación, generando un primer paso hacia la autonomía financiera. Eso abriría la puerta a una verdadera independencia operativa, como la que existe en el Municipio Libre, y permitiría a las demarcaciones comprometerse con una visión de largo plazo.
Hoy, esa visión no existe. Salvo contadas excepciones —Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo— los alcaldes no innovan. Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo lo hacen porque son epicentro del debate público; Iztapalapa, por su tamaño presupuestal, ha podido transformar espacios públicos (como ocurrió con Jesús Valencia) o crear equipamiento urbano innovador (como las Utopías, impulsadas por Clara Brugada).
Hay casos, como Benito Juárez, donde los servicios públicos han mantenido buen nivel y eso se cuida con esmero. Pero ahí tampoco se arriesga demasiado. En demarcaciones con mayores carencias, sólo se atiende lo urgente. Y donde gobiernan Morena o el PT, la relación con la ciudadanía suele ser clientelar. Hoy, los incentivos están construidos para que las alcaldías operen con visión de corto plazo y bajo lógica electoral.
Lo correcto, lo urgente, lo trascendente, es trazar una ruta hacia la autonomía financiera de las demarcaciones. Hacer una división territorial inteligente, que se pague sola con una mejor recaudación local, con gastos administrativos proporcionales y operaciones sostenibles. Todo eso es posible si se amplía la base fiscal, si se involucra a las alcaldías en su propio desarrollo y si existe una supervisión autónoma que garantice el uso honesto y eficiente de los recursos públicos.