El próximo primero de junio, día de la elección judicial, los ciudadanos que acudan a las casillas recibirán seis boletas de distinto color y con una combinación de números y siglas, donde el mayor reto será identificar a 26 candidatos de dudosa reputación, impugnados por el Congreso por presuntas irregularidades que van desde vínculos con el crimen organizado hasta el incumplimiento de requisitos académicos.
Ante la imposibilidad de borrar sus nombres o imprimir nuevas boletas, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió posponer la revisión de las impugnaciones hasta después de la elección, argumentando que el proceso de evaluación de elegibilidad ya se realizó por los comités correspondientes y que intervenir ahora podría comprometer la certeza del proceso electoral.
En consecuencia, los ciudadanos tendrán que escoger la mejor opción de acuerdo a sus motivaciones políticas y personales. Aunque ahora, se recomienda informarse previamente en las listas del INE y del Congreso para distinguir entre los “buenos” y “malos” candidatos.
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En la lista de las 26 candidaturas impugnadas, presentada al INE el pasado domingo 4 de mayo por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, se dan los nombres de 18 abogados que no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Además, hay 8 aspirantes que no alcanzan el promedio general de por lo menos 8 de calificación en la licenciatura de derecho.
El consejo general del INE rechazó cancelar el registro de los candidatos impugnados y revisar sus casos hasta después de la elección, en caso de ganara alguno de ellos. Al respecto, la presidenta del organismo, Guadalupe Tadei, dijo que “realizar juicios de valor o en contra de alguna candidatura en este momento de campañas, a 24 días de la elección, podría incidir de manera perjudicial en las preferencias”.
Los comicios del próximo domingo primero de junio son históricos, ya que por primera vez se elegirán por voto popular alrededor de 900 cargos judiciales, incluyendo jueces y magistrados. Sin embargo, la presencia de candidaturas impugnadas y la falta de competencia en muchas de ellas, podría minar la confianza de los ciudadanos y desalentar a los votantes.
La estimación más reciente sobre la participación ciudadana en las elecciones judiciales del primero de junio fue publicada el 10 de mayo por La Jornada, donde el INE prevé una asistencia de 20% del padrón electoral.
Es importante destacar que este porcentaje, aunque bajo, representa un incremento respecto a las proyecciones anteriores, que situaban la participación entre el 8% y el 15%, que podría atribuirse a la promoción que se ha realizado en los medios de comunicación.
Sin embargo, la mayoría de los aspirantes son prácticamente desconocidos, con la única excepción de las tres famosas ministras y una docena de abogados cuyos nombres para bien o para mal han aparecido regularmente en los medios.
El INE estableció en su página electrónica la estrategia CPU (para conocer a los candidatos, practicar cómo votar y ubicar la casilla); los aspirantes, a su vez, se han promovido en redes sociales identificándose con el número y cargo en que aparecerán en las boletas.
En medio del debate en torno a la transparencia de la elección, los opositores han difundido múltiples recomendaciones en redes sociales para que los ciudadanos, en caso de no tener favorito, voten por los candidatos que tengan las siglas PJ o EF, es decir, propuestos por el poder judicial o en funciones. Esto como una sugerencia para evitar que sean elegidos los candidatos “oficialistas” que, según esta lógica, son identificados con las siglas PE (Poder Ejecutivo) y PL (Poder Legislativo).
Aunque hay casos, como los de siete aspirantes a magistrados de circuito y una a jueza de distrito en Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Sinaloa y San Luis Potosí, que no tienen rival, y dos candidatos a magistrados que compiten en el mismo distrito por dos plazas.