Este lunes se inició en el Senado una discusión abierta y plural en torno a las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que reactiva el debate en torno a la función social de los medios de comunicación y los derechos de las audiencias; el tema cobró fuerza después de que las televisoras privadas, durante la jornada futbolera del fin semana, transmitieron los anuncios donde Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, amenaza y culpa a los migrantes de los delitos violentos y el tráfico de drogas en su país.
La respuesta inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum fue enviar al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, que inicialmente sólo planteaba prohibir la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros en medios nacionales, salvo con fines culturales o turísticos.
Sin embargo, trascendió que la iniciativa planteaba la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo que regulaba el sector, y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una entidad bajo el control del Ejecutivo que asumiría funciones como la asignación de concesiones, supervisión del espectro radioeléctrico y regulación de contenidos.
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Para algunos sectores privados y organizaciones civiles, se trata de un intento autoritario del Estado por recuperar atribuciones y controlar las comunicaciones mediante la censura; para otros, es una corrección necesaria tras una década de concesiones a los empresarios y del fracaso del modelo de “autorregulación” bajo el amparo del IFT.
La reforma no incluye disposiciones claras para garantizar los derechos de las audiencias, como el acceso a información veraz y la distinción entre contenidos informativos y de opinión; además preocupa la concentración de poder en la ATDT, que tendría facultades para supervisar y regular contenidos, lo que podría afectar la pluralidad y diversidad informativa.
Hasta 1995, el sector de las telecomunicaciones estaba regulado por la Ley de Radio y Televisión de 1960, con un control centralizado del gobierno sobre la concesión de frecuencias y la existencia de un duopolio representado por Televisa y TV Azteca.
La Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) de 1995 buscó abrir el sector a la competencia privada, crear un marco regulador más transparente y diversificar a los actores en el mercado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se estableció en 2013 y la reforma de 2014 estableció el derecho de las audiencias.
La ley establecía en sus artículos 6 y 7 que los medios de comunicación (radio y televisión) deberían garantizar derechos de las audiencias, como recibir información veraz, distinguir entre noticias y opiniones, y exigir mecanismos de defensa ante contenidos engañosos o discriminatorios.
El artículo 255 obligaba a los concesionarios (las empresas de radio y televisión) a garantizar la imparcialidad y veracidad de los contenidos transmitidos, en tanto que los ciudadanos (artículo 256) podían presentar quejas por contenidos que se consideraran ofensivos, engañosos o discriminatorios.
Sin embargo, en 2014 –el mismo año en que se publicó la ley–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) favoreció a las empresas de radio y televisión que impugnaron la regulación alegando que vulneraba su libertad de expresión.
De esta manera, la Corte prácticamente nulificó al IFT y limitó la aplicación obligatoria de los derechos de audiencia, argumentando que: Obligar a los medios a diferenciar de forma estricta entre información y opinión, o a corregir contenidos, podía ser una censura previa o una restricción indebida a su libertad editorial.
Ante la reforma promovida por Sheinbaum se ha reactivado el debate sobre la libertad de expresión y el libre mercado. La presidenta recalcó que en su gobierno no hay censura; incluso expresó su disposición de eliminar el artículo 109 de la ley y que se discuta ampliamente el tema, pero dejó en claro: “Ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que nada tiene que ver con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones”.