Nuestra sociedad requiere un cambio en la gestión de la justicia. Hoy nos damos cuenta que el trabajo operacional de los jueces, magistrados y ministros no es algo aislado. Hoy debemos enfocarnos en la forma de cómo los servidores públicos desarrollan los procesos en cada uno de los procedimientos para resolver diversos tipos de conflictos que suceden en nuestra vida diaria: divorcios, despidos injustificados, abusos de autoridad, incumplimiento de contratos, disputas entre herederos, pensión alimenticia, violencia intrafamiliar, etc. Sin embargo, en estos casos también son partícipes las fiscalías, ya que son pieza clave en la gestión de los diferendos y el esclarecimiento de los hechos y donde nacen las violaciones al debido proceso.
Este flujo de trabajo es el que impacta enormemente la relación entre el ciudadano y el estado, porque no se logra establecer el derecho de cada uno de forma fehaciente. Esta problemática es la que define la comisión por omisión y la burocracia que genera corrupción. El retraso de las audiencias, el acceso a la información, las copias y certificaciones, provocan procesos demasiado lentos, lo cual genera el aumento del coyotaje y el tráfico de influencias.
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La justicia no debe realizar diferencias en el trato jurídico que cada ciudadano recibe. Hay que combatir los monopolios de la justicia y el mal funcionamiento o vacíos jurídicos de este sistema que va produciendo desigualdad entre la ciudadanía. Por esta razón las decisiones de los jueces son las que van determinando el grado de igualdad jurídica y de justicia en una sociedad, evitando que la justicia se convierta en una prostituta que pocos puedan pagar. Hoy podemos generar el cambio donde lo más común es que el injusto adinerado abuse del débil y obtenga total impunidad.
Hoy es común que quien no tenga dinero quede atrapado en la corrupción en la primera y segunda instancias de tribunales locales; aquí nacen las principales desigualdades de trato entre quienes tienen capacidad económica para litigar y quienes no la tienen. Por todo esto es necesario crear una política judicial centrada en fortalecer los desarrollos de los procedimientos en las diferentes jurisdicciones para contrarrestar todos esos vicios que afectan en mayor grado a las entidades más débiles.
Por último, el Poder Judicial debe recobrar su honorabilidad y credibilidad.