No hay duda de que el gobierno mexicano ha dado pasos firmes en materia de seguridad durante los primeros meses del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las detenciones, las históricas incautaciones de droga y precursores químicos han devuelto algo que parecía extraviado: la confianza de las agencias estadounidenses en sus contrapartes mexicanas.
Pero reconstruir un país corroído por el crimen organizado no es tarea de unos meses. Las estructuras criminales —hoy catalogadas como terroristas por distintos sectores— lograron incrustarse durante décadas en las economías locales, en los municipios, en los estados y, sobre todo, en el tejido social. Se apropiaron de espacios que los gobiernos abandonaron y que las comunidades y sociedades aceptaron y abrazaron por muchos factores. Y aunque en algunos territorios hay resistencia, los grupos criminales han redoblado su ofensiva. Será necesario evitar, a toda costa, su reinvención: la capacidad de mutar y reestructurarse es precisamente su mayor fortaleza. El reto más complejo será arrancar al narco de las entrañas de la sociedad.
Víctor Hugo Guerra, abogado y autor del libro “Economías criminales: enfoques multidimensionales”, prominente abogado y académico, lo destaca en tres puntos y una pregunta para asegurar que los resultados mantengan su éxito: “¿Qué habrá que hacer para asegurar la sostenibilidad de estas políticas de seguridad? Allá hay un signo de interrogación, porque ciertamente es evidente que al no haber continuidad y al no haber una disciplina en las políticas públicas, terminas nuevamente, más temprano que tarde, cayendo en el estado de origen, y a veces hasta peor, porque estás con un efecto rebote”.
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Por ejemplo, Colombia, después de tener excelentes resultados en sus políticas criminales contra los cárteles —al grado de llegar a desaparecer a los grupos delincuenciales tradicionales—, a los pocos años logró niveles récord en la producción de enervantes y, en consecuencia, en su tráfico. Esto sucedió porque las dinámicas políticas dejaron de lado la continuidad de las políticas que garantizaban la seguridad. Al poco tiempo, en un periodo de cinco años, parecía que nada había pasado.
Guerra advierte sobre las estructuras criminales como un sistema adaptativo complejo, con diversos nodos y distintos niveles de estructura que están interconectados. Así, habrá un nodo en esa estructura criminal enfocado en la cadena de distribución y comercialización, pero también habrá otro nodo estratégico, que es el que le da carácter transnacional. ¿En qué se traduce esto? En que las estructuras criminales están organizadas de tal forma que les permite encontrar una resiliencia rápida para la continuidad de su empresa. Con medios prácticamente ilimitados —corrupción, vacíos institucionales, políticos, sociales, en las cadenas de suministro, en el campo, en aduanas y en la policía—, vuelven a capturar o a tomar los espacios que les interesan para su expansión y negocios ilícitos.
Y advierte: “¿Qué debemos aprender y qué debemos esperar? Primero, busquemos la sostenibilidad de este tipo de medidas que se deben prestar. Debemos ir monitoreando, ir acompañando, ir educando sobre este tipo de decisiones y regulaciones para asegurar que nosotros, como sociedad civil, somos uno, que acompañamos el proceso y que estamos siendo garantes de la adecuada implementación”. Y remata: “El tercer punto: apoyemos el efecto o el elemento, el componente de comunidad y el elemento social”.
Este tipo de medidas debe ir acompañado de un apoyo social real, para asegurar que las comunidades desasistidas —vivimos en un continente con un grado de desigualdad tremendo— puedan integrarse a una economía formal y legal. Hay, entonces, una responsabilidad no solo del sector público, sino también del sector privado —que en buena medida lo ha hecho— para garantizar que estas comunidades encuentren un espacio legítimo. Este sería el principio para mantener una dinámica positiva que asegure la continuidad.
Moneda en el aire: el resultado de ese análisis sería el principio para mantener la dinámica positiva que asegure la continuidad y es ahí donde entra la política del Bienestar, propiciada y bien encaminada, se convierte en una herramienta contundente para cerrar espacios a la criminalidad.