El 8 de marzo es una fecha emblemática para los movimientos del feminismo internacional, convertido sin duda en la conmemoración que moviliza más personas hoy día en el mundo. La fecha originalmente propuesta por la sindicalista alemana Clara Zetkin como Día Internacional de la Mujer en 1910, aparece también vinculada a los movimientos feministas en el marco de la Revolución Rusa de 1917. Incluso se asegura que la fecha responde al incendio de la fábrica de confección Triangle Shirtwaist (Blusas Triángulo, que acentuaban la cintura de las mujeres) del Greenwich Village, donde murieron 146 hombres y mujeres trabajadorxs, encerrados con candado por los patrones. De aquellas muertes nació el primer “Sindicato internacional de mujeres trabajadoras textiles”.
Las movilizaciones de mujeres por el derecho a tener derechos: derechos civiles como el apellido propio, consentimiento al matrimonio, derecho a la educación, a la propiedad, la libertad de movimiento, pero también derecho al trabajo, derecho al voto, a la participación política y, reconocimiento o, retribución pública por la maternidad, comenzó desde 1830. Las mujeres fueron parte activa de las movilizaciones sociales en favor de los derechos laborales en Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Argentina. Fueron también parte importante de los movimientos del socialismo utópico, con propuestas innovadoras que buscaban replantear las formas de vida, la organización social y las relaciones de género, en contra de las que se estaban proyectando en la naciente sociedad burguesa. Y en su lugar proponían formas colectivas y comunitarias de trabajo y convivencia, así como relaciones más libres e igualitarias entre mujeres y hombres. De modo que para 1848, el término feminismo, atribuido según apunta Karen Offe a Charles Fourier, se utilizó desde entonces para identificar las propuestas y la movilización de mujeres y hombres, que propugnaban por la libertad y el progreso social de las mujeres.
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Será hasta 1975 que la ONU rescatara la fecha como emblema de las luchas por los derechos de las mujeres y se reactive la Agenda conformada por la Comisión para la Igualdad Jurídica de la Mujer (CSW) creada desde 1948. La Plataforma y el Programa de Cuarta Conferencia Internacional en Beijing (1995) será el punto culminante de esta agenda, con un mapa de objetivos todavía no logrado a treinta años del evento. Beijing abrió la era del feminismo de estado (Celia Valente) con políticas de igualdad de trato, acciones afirmativas y transversalidad de la perspectiva de género en las políticas sectoriales. Desde los organismos internacionales públicos y privados, se generaron centenas de proyectos, guías, lineamientos, metodologías, planes, programas, etc. con financiamiento a todo el mundo en desarrollo, para impulsar la integración socioeconómica y política de las mujeres al crecimiento económico, el desarrollo social, el cuidado del medio ambiente y, un gran etcétera. El lugar preponderante que se dio a las mujeres en esta etapa, coincidente con la crisis fiscal del estado social, las políticas de ajuste, el estancamiento económico y la caída del empleo formal sobre todo en los sectores de la industria, fue la de jugar como una suerte de palanca para paliar el empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida de las familias, especialmente las niñas y los niños. Es la época en que los estudios económicos destacaron el papel más eficiente de las mujeres en la administración de los recursos para el hogar, su rol estratégico para el cuidado de la salud y la alimentación infantil y, su lugar tutelar en el aprovechamiento educativo de sus hijos e hijas. Se le habilita para recibir los apoyos directos de una política social focalizada, a través de transferencias monetarias y microcréditos, que se orientaban a paliar y gobernar la pobreza. Entre los años 80 y 90, mientras los bienes públicos se privatizaban y la salud y la educación se mercantilizaban, la figura de la mujer fue estratégica.
La Plataforma de Beijing impelía a los estados integrantes de la ONU a remontar cuatro ejes de la desigualdad de las mujeres en el orden moderno: la jurídica que tanto en las constituciones como en leyes secundarias las mantenía en estado de subalternas o subordinadas; la económica, que a partir de su ubicación en la vida doméstica la había condenado a la dependencia; la social que la invisibilizaba del espacio cívico; la política que las excluía de la participación en la toma de decisiones, en la mayor parte de las organizaciones políticas o representativas y, la cultural, que había reducido toda la simbolización, expresiones y saberes femeninos a la oscuridad y minusvalía.
De los años 90 a la primera década del siglo XXI, los emprendimientos de los estados y gobiernos, algunos en plena ola de democratización o transición de la dictadura a la democracia, acicateados por grupos de mujeres organizadas, comprometidas o sensibles ante estas condiciones de desigualdad, lucharon dentro de sus partidos para lograr apoyo a sus propuestas. Y fueron cruciales en la aprobación de legislaciones contra la discriminación, la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Gracias a ello del año 2000 en adelante se crearon mecanismos que institucionalizaron las políticas de igualdad y acciones afirmativas en pro de la participación social, el empoderamiento y la voz de las mujeres.
El caso de México es emblemático en estos aspectos: de 1996 a 2015, una élite de mujeres de cuando menos dos generaciones, que venía acompañando el proceso de democratización con su participación en partidos de oposición, tanto de izquierda como de derecha, lograron construir, a partir de acuerdos y pactos entre ellas, un entramado de recursos, leyes, normas, etc. para el despliegue de políticas de igualdad, en más de una docena de sectores de política pública. Destaco aquí los casos de la salud, educación, desarrollo económico, desarrollo rural, seguridad, justicia, participación política, movilidad segura, guarderías, etc. Además de procurar el fortalecimiento de las capacidades institucionales para hacer políticas con lentes de género, como desarrollar conocimiento e información sobre la situación y condiciones de las mexicanas, básicos para la toma de decisiones. Todos estos avances culminan en 2014 con la reforma del artículo 41 Constitucional que establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y locales. Ese día, las mujeres rasgamos el manto del poder patriarcal.
Hay una larga reflexión que hacer sobre este hurto al fuego sagrado de los dioses, porque los patriarcas han resistido a través de retorcimientos y recursos espurios diversos, la aplicación de las cuotas y la paridad de género: desde las lamentables juanitas, que se aprestaron a renunciar a sus curules al día siguiente de haber declarado respetar y hacer respetar las leyes, hasta hacerse pasar por mujeres para beneficiarse de la norma.
Contrariamente a lo esperado, la llegada de la izquierda al poder en 2018 asestó indirectamente y por diversas vías, un duro golpe a los pactos intra partidarios de las mujeres que cabría analizar con detalle más adelante. El caso es que por diversas razones se paró en seco la iniciativa y defensa conjunta de los bastiones conquistados por las mujeres feministas o comprometidas con el progreso de las mujeres en los espacios legislativos y gubernamentales. La cuestión es que este impasse, que debilitó sensiblemente el andamiaje institucional de género, se encontró con la emergencia del feminismo juvenil, popular, en las calles, las escuelas y las universidades, como respuesta ante una violencia machista creciente, armada, impune y aparentemente imparable. Y hoy, cuando el antifeminismo neoconservador y ultraliberal iza sus banderas, el desencuentro entre la atonía institucional de las políticas de igualdad, de cara a la rabia y al dolor de las mujeres en las calles, abre una brecha de incomunicación y legitimidad que es preciso acotar cuanto antes.