Tras meses de amenazas, como era de esperarse, Washington, con Donald Trump a la cabeza, está tomando medidas cuestionables jurídicamente contra migrantes y criminales.
El pasado 20 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a ocho grupos criminales transnacionales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras; uno de ellos venezolano (Tren de Aragua), uno centroamericano (Mara Salvatrucha MS-13) y seis mexicanos (Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo y Cárteles Unidos). Esta designación lleva consigo sanciones financieras y de viajes a los grupos criminales y a miembros de ellos, así como también expone a acciones penales a cualquiera que les proporcione apoyo material.
Con base en la designación de organizaciones terroristas, el 15 de marzo la Casa Blanca invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar una deportación masiva hacia El Salvador de 238 venezolanos, de los cuales 137 fueron catalogados como miembros del grupo criminal venezolano conocido como Tren de Aragua.
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La deportación de los venezolanos no hace más que refrendar la retorcida visión de Donald Trump de que los migrantes son criminales, basta mencionar que el gobierno estadounidense no presentó pruebas de que 101 de los 238 venezolanos deportados pertenecieran al Tren de Aragua, su falta es que ingresaron sin documentos a Estados Unidos y actualmente están recluidos en un penal de alta seguridad en El Salvador con miras a ser trasladados a Venezuela.
Es cierto que la entrada a territorio estadounidense sin documentos es un delito catalogado en el fuero civil que amerita expulsión, claro dependiendo de la nacionalidad que ostente el migrante, pero de eso a encerrarlos en una prisión destinada a presos de alta peligrosidad es otra cosa. De ahí que la Administración Trump enfrente recursos legales presentados por los afectados, no obstante, mientras su situación se resuelve en tribunales, la vida de ellos ha sido trastocada de muchas maneras, al tiempo que Trump y sus seguidores se regocijan al ver las escenas en que todos, sin distinción, son tratados como criminales peligrosos.
Es claro que la estratagema de Donald Trump tiene la intención de abordar a la inmigración ilegal y al crimen organizado como un mismo paquete sin consideración racional y legal alguna, ya que invocar a la Ley de Enemigos Extranjeros en ausencia de guerra para esquivar la ley migratoria convencional constituye un abuso desmedido de poder con el propósito de expulsar a inmigrantes indocumentados e invalidar el derecho de residencia de otros sin que tengan la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración.
Pero más allá de un atentado en contra del Estado de derecho estadounidense, no es fortuito que la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a miembros del Tren de Aragua se fundamente en la designación de éste como grupo terrorista, lo que lleva a pensar que este hecho es preludio para el tratamiento de integrantes de otros grupos criminales considerados terroristas, especialmente si el gobierno involucrado no colabora recibiendo a sus connacionales.
Aprovechando las coincidencias de mano dura entre los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele y claro, después de que Bukele recibiera una compensación económica de 6 millones de dólares por mantener presos a los deportados, no fue extraño el traslado de 17 personas más a El Salvador el 30 de marzo, procedentes de Guantánamo. Esto hace recordar el plan desplegado por el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni en Italia, quien está deportando a los migrantes interceptados en aguas italianas a centros de detención en Albania.
En el caso de los cárteles mexicanos de la droga, ahora considerados también organizaciones terroristas, se vislumbran medidas más militarizadas que no terminan de aterrizar por ahora.
El escenario cada vez más desvelado de las acciones estadounidenses en contra de la migración y del crimen organizado parece dirigir el debate migratorio hacia un enfoque de criminalización y seguridad. Mientras tanto en Latinoamérica se esperan de manera aprensiva las consecuencias sociales, económicas y políticas de las deportaciones de inmigrantes y la carga que conlleva para los gobiernos reticentes a aceptar las deportaciones masivas.