En el marco de la reforma constitucional al Poder Judicial, la primer característica a destacar fue que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Magistrados y Jueces a nivel federal y local, serán electos por elección libre, democrática y directa. Para organizar elecciones, el país cuenta con el Instituto Nacional Electoral (INE) quien está a cargo de este proceso, el cual además de histórico por ser la primera vez que se realizará, impacta de manera íntegra a la vida de todos y cada uno de los mexicanos; tal evento tendrá verificativo el 1º de junio de 2025.
La elección será a nivel nacional, es decir, igual que como se elige al titular del Poder Ejecutivo por el que todos votan. En esta ocasión se hará por los 9 ministros que integrarán la SCJN que serán 5 mujeres y 4 hombres. Se votará por Magistrados Federales en todas las materias excepto en justicia administrativa, tanto en lo federal como en lo local, se votará por jueces también en ambos ámbitos; por cada puesto vacante habrá seis posibles candidatos. Lo que implica que son miles los candidatos; sólo a nivel federal se tienen lo siguiente:
- 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
- 15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.
- 5 Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
- 464 Magistraturas de Circuito.
- 386 Juezas y Jueces de Distrito.
Lo anterior se replica por cada entidad federativa, lo que quiere decir, que tendremos mucho que hacer como ciudadanos responsables del destino jurídico del país, ya que una incongruencia es que a diferencia de cuanto las elecciones son con intervención de los partidos políticos, se tiene una campaña con medios de difusión, carteles, trípticos, etc. Lo novedoso y riesgoso en este caso es que, no habrá campaña con basura electoral (carteles, mantas, trípticos, etc.) sólo es posible que entre el periodo de 60 días que comienza el 30 de marzo y concluye el 28 de mayo de 2025.
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De forma y fondo, debemos analizar y participar en la elección del 1º de junio respecto de quienes son las candidatas y candidatos a estos puestos, qué saben del derecho, qué experiencia institucional tienen, si actualmente ocupan un cargo en materia jurisdiccional, cuáles han sido sus criterios, sí tienen conflicto de intereses, etc. Ya que el INE como parte de las reglas al respecto estableció que las y los candidatos deberán financiar sus propias campañas, ya que se prohíbe el financiamiento público o privado, en dinero o especie, de manera directa o indirecta para sus campañas, de cualquier persona física o jurídica colectiva en territorio nacional o extranjero.
Los topes de gasto aprobados por el INE ascienden a 220 mil 326 pesos; es decir, cada aspirante podrá erogar 3 mil 672 pesos diarios. (INE/CG200/2025)
No pueden tener patrocinio de nadie, y con esos “gastos” que resultan irrisorios, no hay la posibilidad de hacer una campaña como tal, además el INE no cuenta con un fichaje de datos curriculares mínimos de cada uno de los cientos de candidatas y candidatos, lo que hasta ahora se gaste cada quien en hacer lo que considere para hacerse publicidad, no tiene regulación específica, han dicho “debe ser una campaña orgánica de boca en boca”. Por ello, lejos de elegir al más capaz, el más experimentado, etc., muchos le han apostado a usar las redes sociales, haciendo de todo, como cocinar, bailar, disfrazarse de personaje de cómic, cantar, mostrar sus gustos personales; lo cual no puedo decir que esté mal, solo considero fuera de lugar. Los puestos a los que aspiran deben de generar certeza jurídica, legalidad y muchas otras cosas muy serias, que impactarán al país y me preocupa que más que personas expertas con capacidad, estudios jurídicos sólidos y criterio en temas jurisdiccionales queden fuera por dejarse llevar por “las benditas redes sociales”, tomar la votación a la ligera y terminar con influencer de todas las redes en cargos tan importantes que lo único que a la postre generará para México es un poder judicial débil, sometido o manipulable por el titular del Poder Ejecutivo del partido político en turno, uno como un contrapeso en términos del diseño Institucional de un Estado Constitucional, Democrático y de Derecho.
Nota al pie de página
La presidentA ha dado un giro a la política de seguridad de 180º que sin decir que ya no es la época de los abrazos no balazos, ha optado por la mano casi igual de dura que cuando se declaró la alianza con Estados Unidos la guerra al narcotráfico; y eso hace que valga la pena ser un servidor público en materia de seguridad y justicia de primera línea como las fuerzas armadas, policías y ministerios públicos.