El modelo electoral y de participación ciudadana en México es altamente técnico y especializado. En su diseño, estructura y operación, las autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia, tanto federales como estatales, han buscado generar condiciones y garantías, para todas las personas que intervienen en él, así como para el electorado, que reflejen confianza, integridad y legitimidad en cada uno de los procesos electorales de su competencia.
En el contexto de una inminente pero necesaria reforma electoral, considero indispensable reflexionar sobre la eficacia del modelo predominante del sistema electoral y las áreas de oportunidad que las innovaciones tecnológicas han revelado en distintos ámbitos, entre los cuales, el político-electoral, no debe ser la excepción.
Me refiero a la posibilidad de transitar de un modelo material, físico o presencial, a uno predominantemente digital. Esta innovación, que se originó a partir de la iniciativa del sistema electoral estatal y que más recientemente migró al electoral federal, ha mostrado buenos resultados, sin embargo, su implementación sigue siendo, en la mayoría de los casos, reducida o limitada a casos específicos como los relacionados con mexicanos residentes en el extranjero, en la obtención de apoyos ciudadanos para los mecanismos de participación ciudadana, la acreditación del requisito mínimo de respaldos para la obtención de alguna candidatura ciudadana, o en urnas electrónicas cuya importancia, aunque relevante, sigue siendo marginal y poco representativa en comparación con el esquema tradicional de boleta en papel o voto presencial.
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La implementación del voto electrónico debe ser uno de los temas impostergables que deben tratarse en la reforma electoral, pero tampoco debe ser el único que deba transitar a su modernización y digitalización. Existen otros ámbitos dentro de nuestro sistema electoral en los que la digitalización funcionaría como una herramienta de mejora.
Por ejemplo, en los procesos internos de los partidos políticos, en la colaboración entre las distintas autoridades de fiscalización, en el monitoreo de redes sociales sobre noticias falsas y en el empleo de la inteligencia artificial. Este último puede ser empleado para eficientar los distintos procesos de monitoreo, búsqueda, comparación e identificación de información en la revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas a cargos de elección popular, en el combate al robo o usurpación de identidad así como del anonimato en redes sociales, en el fortalecimiento de la ciberseguridad en las elecciones y la creación de órganos especializados en la materia, entre otros muchos más en los que la era digital puede y, debe, estar presente.
En el ámbito jurisdiccional, se ha avanzado en la creación de expedientes digitales y de presentación de medios de impugnación a través de estas vías, pero también se puede fortalecer en ámbitos como la presentación de pruebas, su validez, el empleo de la inteligencia artificial en la asistencia jurídica, en la creación de un modelo incluyente para personas con discapacidad, accesible para integrantes de pueblos y comunidades indígenas, en la asistencia y orientación jurídica, en la elaboración de promociones o en la identificación de precedentes incluso para la construcción de criterios jurisprudenciales, solo por citar algunos ejemplos.
En el ámbito de procuración de justicia penal electoral, estos mecanismos pueden ser útiles en los mecanismos para la presentación de denuncias, en la asistencia u orientación a las personas denunciantes, en la atención a las víctimas, en el procesamiento y agilización de las investigaciones, entre varios más.
El fantasma de la desconfianza en el que se ha construido nuestro sistema electoral, el temor y la resistencia al cambio y otras posibles causas, pueden ser algunos de los motivos que han impedido un avance más acelerado en la digitalización de las elecciones, lo cierto es que la tecnología nos ha alcanzado y que el sistema electoral debe dar pasos firmes hacia una transición inevitable. En esta tarea, la educación y la cultura digital deben ser no solo una prioridad sino una política pública compartida.
Hasta nuestra próxima entrega.