La cancelación del programa CBP One y las deportaciones masivas, primeras medidas contra la migración ilegal adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump, han tenido una repercusión inmediata no sólo en las ciudades de la frontera norte de nuestro país, que están en “alerta”, sino que también han impactado a Tapachula, la principal ciudad fronteriza del sur, que se perfila nuevamente como el epicentro de la crisis migratoria de México.
A pesar de las amenazas de Trump, en tres meses, desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, han salido 15 caravanas migrantes de Tapachula, la última el lunes 27 de enero; la delegación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), al cierre de diciembre de 2024, registró a 50 mil 742 personas –de un total de 78 mil 975 a nivel nacional– que solicitaron el reconocimiento de refugiado en México, ubicando a esta ciudad fronteriza como un punto clave de tránsito y atención migratoria.
La clausura de la frontera de Estados Unidos, indican los especialistas, no detendrá las migraciones procedentes de Centroamérica y existe el riesgo de que México pase de ser un país de “tránsito” a un país de “destino”, mientras que Tapachula podría convertirse en el “patio trasero” de la migración, donde quedarían centenares de extranjeros varados.
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Esta semana podría definirse el futuro de Tapachula como resultado del viaje que realizará Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, por varios países de Centroamérica, que incluirá una visita a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que se perfila como “Tercer País Seguro” y podría quitar presión a México.
Mientras tanto, en forma semejante a las ciudades fronterizas del norte del país, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, anunció la instalación de ocho albergues, como medida de emergencia para atender a los extranjeros varados, en tanto que el gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez, realizó una gira por la ciudad fronteriza, el 20 de enero, comprometiéndose a ayudar y dar empleo a los migrantes.
Sin embargo, los empresarios tapachultecos temen que ante el cierre de la frontera estadounidense, muchos migrantes opten por quedarse en la ciudad y esto genere escasez de productos básicos y el colapso de los servicios básicos. Aunque existe un proyecto para establecer un “polo de desarrollo”, por el momento la mayoría de los comercios locales generan entre 5 y 10 empleos directos, que son ocupados por los tapachultecos y algunos extranjeros, pero sería difícil emplear a una cantidad mayor de personas.
Al iniciar este año se tenía prevista la inauguración del Centro Multiservicios en Tapachula, según informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para brindar atención integral a los migrantes y solicitantes de refugio, pero el 20 de enero quedó en suspenso la política migratoria mexicana, después de que Trump, recién ungido presidente, canceló el programa CBP One e inició las deportaciones.
Esto provocó que la delegación de Comar en Tapachula anunciara la suspensión de citas “hasta nuevo aviso”, aunque al día siguiente la institución aclaró que esa oficina seguía trabajando de manera normal y no había cancelaciones en los procesos de solicitud de asilo.
En un principio, la presidenta Sheinbaum contempló la posibilidad de que Trump mantuviera la aplicación CBP One, por lo menos en la frontera sur, pero esto no sucedió; el presidente estadounidense restableció el programa “Quédate en México” y en la primera semana fueron deportados 4 mil 94 personas, la mayoría mexicanos, que llegaron en cuatro aviones al aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La reestructuración del Instituto Nacional de Migración (INM) a cargo de Sergio Salomón Céspedes, que había prometido Sheinbaum, tuvo que aplazarse y ante este “tema muy delicado de la migración”, se optó por mantener a Francisco Garduño al frente del INM, porque “hay un periodo de transición largo y hay experiencia en los equipos”. También se han recibido deportados de otras nacionalidades, pero la presidenta negó que México pudiera convertirse en “tercer país seguro”, ya que se está actuando de manera humanitaria y “después, de acuerdo con nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen”.