La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue creada con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 con la finalidad de resolver, en primera instancia, los procedimientos especiales sancionadores derivados de las elecciones federales en materia de vulneración al modelo de comunicación política (radio, televisión y medios impresos), intervención indebida en los procesos electorales y, consecuentemente, vulneración a principios constitucionales, como la equidad en la contienda, la neutralidad de servidores públicos en los procesos electorales, laicidad y separación Estado-Iglesia.
Asimismo, la Sala construyó criterios en materia de actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos con fines electorales, coacción o presión al electorado, condicionamiento de programas sociales o en la intervención indebida de sindicatos, corporaciones, observadores electorales y vulneración a la veda electoral.
Cada proceso comicial representó diversos retos en los que la Sala Especializada tuvo que abrir brecha, pero también en muchos otros aspectos como la propaganda en medios digitales tales como el internet, las redes sociales, las plataformas de streaming, difusión de encuestas falsas y, de manera más reciente, con el empleo de herramientas de inteligencia artificial en la creación y difusión de propaganda política y electoral.
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En sus criterios, la Sala Especializada siempre buscó aquellas interpretaciones que, acordes con el diseño constitucional, maximizaran las libertades de expresión, prensa, opinión, información, libre difusión de las ideas; también, en materia de protección al interés superior de la infancia y adolescencia, garantizó de manera plena su derecho a la intimidad y la salvaguarda a su imagen.
La protección de grupos sociales históricamente discriminados fue uno de sus grandes desafíos, por ejemplo, en la garantía de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y la comunidad LGBTIQ+.
El combate a la violencia política en razón de género contra las mujeres ha sido uno de los grandes desafíos de la Sala Especializada. Garantizar la libre, pacífica e igualitaria participación de las mujeres en política frente a las diversas resistencias de una estructura patriarcal, representó no solo la necesidad de redimensionar, reformular y construir, deconstruir y reconstruir la forma de juzgar, sino imprimir una fuerte perspectiva de género que buscara contribuir, no solo a través de la aplicación de sanciones, sino generar condiciones encaminadas a que sus sentencias evidenciaran la problemática y contribuyeran a una reparación integral del daño, así como a la disuasión y no repetición o reincidencia de estas conductas antidemocráticas.
A esta labor también se sumaron casos relacionados con infracciones en el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato, legislaciones que al carecer de un apartado de infracciones, también implicaron un gran reto para la vigencia de los principios constitucionales que debía observarse en este tipo de ejercicios y que hicieron que la Sala Especializada contribuyera en la definición de criterios de avanzada en el establecimiento de directrices en este ámbito.
Con el paso de los años, la Sala Especializada dejó de ser un órgano de legalidad para convertirse en un órgano de garantía de los principios constitucionales que deben respetarse en el marco del modelo de comunicación política y de garantía de las libertades fundamentales en el ámbito electoral.
La Sala Especializada ha construido un legado jurisdiccional en materia del procedimiento especial sancionador el cual no solamente se ve reflejado en la vasta producción jurisprudencial que la Sala Superior, como instancia definitoria de estos criterios, pues esta última los ha venido definiendo a partir, en gran medida, de las sentencias de la Sala Especializada y que, sin duda, serán el horizonte que guiará tanto futuras decisiones en este ámbito, como el insumo esencial para una futura reforma electoral.
Hasta nuestra próxima entrega.