No sé si la molestia de quienes cuestionan la reforma de la Ley del Infonavit es porque los llamados consejeros, tanto sindicales como empresariales, dejarán de recibir 80 mil pesos mensuales y ahora su actividad será honoraria. No, no creo que sea esa la molestia. Debe ser algo superior.
¿El disgusto será porque el gobierno, con esta reforma, será el encargado de tener el mando en la construcción de viviendas con recursos que no son parte del presupuesto público, sino de los ahorros de los trabajadores?
¿Quiénes deben manejar los ahorros de los trabajadores? ¿Los representantes patronales y sindicales? ¿Los funcionarios públicos? ¿Qué experiencia positiva tenemos de ellos?
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¿Será que detrás de esta inconformidad se esconde la molestia de poderosas constructoras de estar sujetas a otras reglas del juego que antes se manejaban en los sótanos del Infonavit? No lo sé, pero hay acusaciones de irregularidades graves de que ello ocurría. Es más, hubo recursos económicos que se desviaron para beneficios personales en lugar de destinarlas a la construcción de viviendas.
En la última década del siglo XX y los primeros 20 años de este, el INFONAVIT privilegió un modelo de otorgamiento de créditos para la construcción de vivienda expansiva, tanto horizontal como vertical y de bajo costo, que se llevó a cabo sin considerar criterios para asegurar la calidad de la vivienda y una ubicación próxima a los servicios urbanos y centros de trabajo.
El mal diseño le generó a los trabajadores altos gastos en transporte, tiempo excesivo de desplazamiento, falta de seguridad pública, robos constantes a casa habitación, asaltos en calles, degradación del medio ambiente, intermitencia del servicio de basura, agua, luz, con centros médicos y escolares en condiciones deplorables y hasta ocupaciones por grupos delincuenciales.
El Censo de Población y Vivienda 2020 muestra un rezago habitacional de 26.5% de la población total. Esto es, se requieren viviendas para más de 33 millones de personas que no cuentan con alguna.
Actualmente se consideran en estado de abandono unas 650 mil viviendas aproximadamente, según el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024. Es un problema en el que la oferta parece estar al servicio de intereses privados y no de los asalariados, teniendo como resultado el evidente abandono de la vivienda y su implicación más inmediata: la falta de pago de los créditos respectivos.
Este fin de semana, al conversar con varios trabajadores, uno de ellos me comentó que una vivienda que logró obtener mediante un préstamo de 512 mil pesos en el año 2008, a la fecha y a pesar de no haber dejado de pagar su adeudo, éste se ha incrementado a un millón 200 mil pesos.
Antes de esta reforma, los directivos del INFONAVIT no eran servidores públicos, argumentando que el recurso que manejaban no era “público” sino “de los trabajadores” y, por lo tanto, no estaban sujetos a la vigilancia de los órganos de control gubernamental.
Un organismo constituido por el Estado mexicano, pero no estuvo controlado ni vigilado por él, sino por esa llamada Asamblea General tripartita que asumía la representación máxima de los trabajadores, sin contar con su voto, ni secreto ni público.
En esta reforma, ahora será el gobierno, quien a través de una empresa filial se encargará de coordinar y organizar la construcción de viviendas.
¿Será confiable este modelo? ¿El gobierno será la mejor opción para llevar a cabo la construcción de al menos 500 mil viviendas? ¿Cómo podremos estar seguros de que no habrá corrupción en este proceso? La reforma incluye la vigilancia ciudadana y la obligación de informar en la página del Infonavit todo lo relativo con la empresa filial, proveedores, monto y proyectos de construcción.
La empresa filial no estará sujeta a las licitaciones gubernamentales, que son lentas, burocráticas y llenas de trampas, y así podrá realizar contratos, compras de material, pero también designar con libertad a quienes serán los constructores elegidos. ¿Los amigos del régimen?, ¿o los mejores que no engañen con la calidad del producto y que no hagan negocios inflados con el transcurso del tiempo?
¿Quién no ha sabido de constructores que fijan un precio en el contrato y que con el tiempo elevan los precios bajo cualquier pretexto?
Casi nadie confía en que el gobierno sea buen administrador, del color que sea. Han venido y se han ido funcionarios públicos que se han llenado los bolsos con dinero proveniente del recurso público. La mayoría han quedado impunes.
Esta reforma en materia de vivienda es la gran prueba de que este tipo de vicios de antaño pueden terminarse de una vez por todas.
No se puede acusar a todos los líderes sindicales, representantes empresariales, ni funcionarios públicos de deshonestos. La mayor parte de ellos están preocupados por el manejo honesto y eficiente de estos recursos. No quieren que se desvíen para objetivos personales, ni para atender emergencias de gobierno con fines ajenos a los propósitos de construcción de viviendas.
La reforma se materializa en un momento en el que nadie confía en nadie, ni de su sombra que los persigue por doquier. Todos se acusan de perfidias, que si los empresarios, que si los líderes sindicales, que si los funcionarios públicos, que si el gobierno, que si las constructoras. La mayoría no olvida como en antaño reciente se desviaron los objetivos del Infonavit.
Esta reforma es el gran reto para que por fin haya un proyecto que muestre transparencia y eficacia. Los recursos que se manejarán serán multimillonarios y quienes los controlen estarán navegando en una barcaza en medio del océano lleno de tiburones deseosos de que este plan aborte y sea el mayor fracaso gubernamental de la historia. Eso no lo deseamos, queremos que sea exitoso.
Pero se requiere de un grupo de funcionarios de gran talante y honestidad que logre llevar a la orilla este proyecto con éxito.
La pregunta es: ¿Los tenemos?
Demos el voto de confianza de que se alcanzará el objetivo en favor de los trabajadores ¿Quién lo duda?
De otros avatares
Apenas el miércoles pasado 12 de febrero, en el marco de la presentación del plan de trabajo 2025-2029, la recién designada Fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, rindió su primer informe. Habló de miles de expedientes rezagados, de carpetas que tardan muchos meses en armarse, mientras que los delitos quedan impunes y con poco presupuesto. Sólo deseamos a la señora Fiscal el mayor de los éxitos para enfrentar este enorme reto.