Al momento en que me siento a escribir este artículo -madrugada del viernes 26 de diciembre-, no es posible saber con exactitud, ni cuántos presos políticos venezolanos han sido liberados en las últimas horas, como tampoco cuántos secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro han ingresado en alguna de sus dantescas prisiones, distribuidas en distintas partes del país, a lo largo de los días recientes.
El Nacional ha publicado una lista con los nombres de 33 personas, entre ellos, 3 menores de edad, que han sido liberadas. Un mensaje de Gonzalo Himiob, directivo del Foro Penal, emitido desde la red X anoche, cuenta que esa organización ha confirmado la excarcelación de 45 personas. Alguna otra fuente mencionaba a un total de 71 personas. Lo previsible es que todavía transcurran algunas horas y hasta días para disponer de una actualización fundamentada de lo que está ocurriendo.
Y es que, simultáneamente, en la última semana, los esbirros de la Dirección de Contrainteligencia Militar -DGCIM-, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional -SEBIN-, de la Policía Nacional Bolivariana -PNB-, de la Guardia Nacional y de varias policías regionales, han recibido una orden: desaparecer a dirigentes sociales, políticos, y a simples ciudadanos opositores, cuando transitan en las calles, en estacionamientos o al salir de comercios o centros de salud. En la medida de lo posible, evitan el allanamiento de los hogares, porque eso permite a los familiares denunciar la detención desde el primer minuto. Cazados en las calles, los desaparecen forzosamente. Tras el paso de las horas, comienza el sufrimiento de las familias. La víctima no aparece. Acuden a las sedes de las distintas organizaciones y en todas reciben la misma respuesta: ninguna información del supuesto capturado. Que las familias se sumerjan en estado de sufrimiento forma parte de los objetivos de la dictadura.
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A veces pasan días o semanas hasta que, desde los mismos centros de detención, algún otro preso político logra comunicar los nombres de los nuevos cazados. Las familias de estos, a su vez, lo comunican a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, y es así como los familiares en estado de desesperación alcanzan a saber dónde está el esposo o la madre o el hijo o la hermana o hasta el menor desaparecido.
Esta práctica terrorífica es un patrón y responde a una planificación. El modelo exige que la víctima sea capturada sin el cumplimiento del debido proceso. Es decir, se la desaparece y se la mantiene en condición de secuestro por días, lo que disemina una sensación de terror generalizada: a cualquiera le podría pasar en cualquier momento.
En Venezuela no hay ciudadanos exonerados o estructuralmente libres. No hay inocentes. Dentro del territorio venezolano, todos viven en estado de amenaza, no importa si tienen o no actividad política, de opinión o de participación en algún gremio o asociación. Se les caza en las calles, para llenar una cuota, porque ‘parecen’ opositores, por mirar a un funcionario, por tener el aspecto de disponibilidad económica, es decir, por ser alguien a quien se le podría extorsionar a cambio de mejores condiciones de reclusión o de liberación. Es decir, se secuestra a ciudadanos que son obligados a pagar un rescate.
Difícilmente podría narrarse el padecimiento de las familias de los desaparecidos, cuyas vidas son también arrastradas por la perversa fábrica de presos políticos de la dictadura. Cada preso constituye una fuente de sufrimientos indecibles y sin pausa para decenas de familiares y amigos.
Tras la desaparición de madres o de padres que son el sostén económico, las familias se empobrecen todavía más. Conozco casos de grupos familiares que han comenzado a pasar hambre y han debido endeudarse con prestamistas, no solo para mantenerse con vida, sino para poder, en la medida de lo posible, mantener alimentado y con sus tratamientos médicos, a quienes permanecen encerrados.
Pero el horror no termina aquí: las familias deben humillarse, pagar y conceder favores (incluso sexuales) a los cancerberos, para que alimentos y medicamentos lleguen a sus destinatarios. Una vez desaparecidos, los secuestrados ingresan en un universo de podredumbre moral, que alcanza extremos de ruindad y bajeza casi inconcebibles.
A lo anterior hay que añadir el estado de los centros de detención: instalaciones sucias, habitadas por alimañas, en las que se concentran aguas negras y malos olores permanentes. Se suman el maltrato verbal constante; las sesiones de tortura a las que son sometidos algunos de los detenidos -especialmente funcionarios militares-; las acusaciones absurdas y falsas que les formulan; la negación del derecho a atención médica, que ha conducido a la muerte de decenas de detenidos. Se trata de un infierno sin final: borrado el derecho a la defensa, se escenifican juicios sumarios, en el que jueces desalmados dictan penas brutales y carentes de toda lógica. En Venezuela se acumulan por miles las personas acusadas de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
En las horas en que se informa la liberación de personas que nunca han debido estar detenidos, en las mismas horas otros ciudadanos y otras familias han iniciado un período desgraciado en sus vidas: han sido secuestrados y desaparecidos en las entrañas de la perversa fábrica de presos políticos que dirigen, personalmente, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Alexander Granko Arteaga y otros criminales.
Podemos celebrar, sin duda alguna, por los que han podido regresar a sus hogares. Sin embargo, es inevitable lamentar el recorrido por el infierno carcelario y tribunalicio venezolano, que otros acaban de iniciar, no sabemos en qué condiciones ni por cuánto tiempo.