El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha no es un recordatorio simbólico, sino un llamado urgente a la reflexión y al reconocimiento de que la violencia de género persiste como una de las crisis más profundas, dolorosas y normalizadas en México.
Por ello, es oportuno y necesario recordar que, como sociedad, tenemos la responsabilidad de nombrar y reconocer la violencia contra las mujeres (en todas sus diversidades), para exigir justicia y compromiso de las instituciones, así como de los gobiernos encargados de proteger y garantizar derechos. La Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en el género, que cause daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, ya sea en espacios públicos o privados. Esta amplitud expresa la complejidad del fenómeno: la violencia no solo hiere cuerpos, también quiebra proyectos de vida, limita la autonomía y reduce el bienestar.
La evidencia es contundente. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 35.4 millones de mujeres en México han vivido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida. Esto significa que cuatro de cada cinco mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia en algún momento. No se trata de una cifra aislada, sino de un diagnóstico que revela que la violencia es, para las mujeres, una experiencia cotidiana más que una excepción.
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Los distintos tipos de violencia hacia las mujeres, alimentan un entorno que restringe derechos y perpetúa desigualdades.
Frente a esta realidad, cabría esperar una respuesta institucional a la altura del problema. Sin embargo, el presupuesto federal destinado a erradicar la violencia de género continúa siendo insuficiente. Para 2026, el presupuesto público contempla 2,767 millones de pesos en seis programas que atienden esta problemática, lo que equivale apenas a 0.007 % del Producto Interno Bruto y 0.027 % del gasto neto del país. Si se distribuye este monto entre las mujeres que han vivido violencia, el resultado es preocupante: solo se podrían asignar 78 pesos anuales por mujer. En 2025, esa cifra era de 64 pesos. En ambos casos, estamos ante una inversión que no alcanza ni para cubrir un servicio básico de apoyo por persona a lo largo de un año.
Dentro de los programas con mayor presupuesto para 2026 destacan: el Programa de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, el Programa de Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y Atención de las Causas, y el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, orientados a promover y garantizar los derechos humanos, prevenir y atender las violencias feminicidas, y fortalecer la autonomía y las redes de apoyo de las mujeres. En este último se integraron los recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), antes destinado a fortalecer a los institutos de las mujeres en los estados y municipios mediante el financiamiento de centros de atención, líneas de emergencia, brigadas territoriales y servicios especializados.
De manera paralela, el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos y el programa para Promover la Atención y Prevención de la violencia contra la mujer—responsables de acciones de prevención primaria y de la operación de espacios seguros para mujeres y niñas en riesgo extremo— fueron “fusionados”, según la Secretaría de las Mujeres, para eficientar su implementación y preservar sus objetivos en el nuevo Programa de Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y Atención de las Causas. No obstante, esta reorganización de la estructura programática concentra en menos programas funciones que antes estaban diferenciadas, lo que reduce la claridad y debilita el andamiaje institucional necesario para dar seguimiento a los mismos.
La brecha entre la magnitud de la violencia y los recursos destinados a combatirla revela una contradicción profunda: se reconoce la gravedad del problema, pero no se asignan los medios necesarios para enfrentarlo. Sin financiamiento suficiente, las políticas públicas quedan incompletas, los refugios operan al límite, la prevención se vuelve marginal y la justicia permanece distante para quienes necesitan protección.
La violencia contra las mujeres no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas, presupuestarias y sociales. El 25N debe recordarnos que la indiferencia también mata, y que cada peso que no se destina a la prevención y atención de la violencia es una oportunidad perdida para construir un país más seguro y más justo. Financiar la igualdad de género no es un lujo ni un gesto simbólico: es una condición indispensable para garantizar vidas libres de violencia para todas las mujeres y niñas mexicanas.
Alejandra Macías Sánchez*
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y actualmente es directora ejecutiva en el CIEP. Se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, con especial interés en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectiva de género.
Nubia M. Pedraza Chávez*
Es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en temas de competencia y regulación económica, especialmente relacionados con mercados digitales en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como en temas de género, cuidados y presupuestarios. Se ha desempeñado como Directora de Análisis Cuantitativo en la Dirección General de Condiciones de Mercado dentro de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Asimismo, ha colaborado como analista económica en torno a indicadores macroeconómicos en otras instituciones públicas como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).