En agosto pasado, en este mismo espacio hablé sobre la reunión nacional de autoridades responsables de la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Hablé de sus buenas intenciones, pero dije que en los hechos habían incumplido compromisos asumidos desde el 17 de mayo de 2017, cuando gobiernos estatales y la Presidencia de la República firmaron acuerdos para fortalecer la protección de periodistas.
Y, pues, en aquel encuentro, esas autoridades llegaron presumiendo todo lo que han hecho a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión, pero los hechos hablan por sí solos.
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La revista “Proceso” publicó una historia sobre las ineficiencias del Consejo de Protección de Periodistas de Guanajuato, organismo creado en 2017, pero que, a poco más de ocho años de operación, simplemente deja mucho que desear; muestra reducciones de presupuesto, falta de personal, deficientes modelos de evaluación de riesgo, peores deficiencias en hacer su trabajo con perspectiva de género y en aquella entidad gobernada por el Partido Acción Nacional desde hace tres décadas, la violencia es imparable.
En Morelos, entidad que ha sido gobernada por todas las fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD, PES y Morena), su Consejo de protección ha decidido unilateralmente retirar medidas a una persona que se encuentra en riesgo permanente por su labor de defensa de derechos humanos.
En San Luis Potosí, el organismo responsable guarda silencio cómplice ante las permanentes amenazas en contra de periodistas proferidas por el mismísimo gobernador Ricardo Gallardo Cardona, vestido del Partido Verde pero muy obediente a los dictados de Morena.
En Puebla, además de que el principal agresor de periodistas es el gobernador morenista Alejandro Armenta, persiste la persecución judicial por parte de la fiscalía estatal y la persecución administrativa por parte del propio gobierno del estado, ante lo que el organismo de protección prefiere voltear hacia otro lado. Y podríamos seguir estado por estado.
Y ante eso, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación solo atina a decir que no puede hacer nada, porque respeta la autonomía de cada gobierno local. Claro, esa autonomía se mide diferente cuando se trata de pedir personas acarreadas como las que acudieron puntualmente al evento morenista de principios de diciembre en la plaza De la Constitución, en Ciudad de México.
PD. Gracias al Centro Nacional de Comunicación Social, al Instituto Raoul Wallenberg de Suecia y a los ministerios de Asuntos Internacionales de Dinamarca y Noruega por invitarme a este interesantísimo taller sobre periodismo y derechos humanos. Muchos cursos de estos hacen falta en todo el mundo.
* Columna publicada en https://codigoqro.mx/nota/gurues/2025/12/17/discurso-realidad-quedan-deber