Andrés Manuel lo tenía clarísimo: “Ayudando a los pobres, va uno a la segura”. En una sola frase logró resumir la estrategia política de Morena: “porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba […]” porque para el partido no es una cuestión de ideales, humanismo o asunto personal, es solo una simple “estrategia política” y garantía electoral.
En teoría, un salario mínimo no debería existir, ya que la competitividad del libre mercado por contratar al mejor empleado sería la que estableciera el salario. Según datos del INEGI, en México la tasa de informalidad laboral es de alrededor del 55%; esto, en un mercado laboral con pocos empleadores, permite a las empresas no competir con salarios y aprovecharse de la falta de opciones para maximizar sus ganancias y ofrecer trabajos formales, pero con salarios bajos.
En un entorno como este, el salario mínimo deja de ser un mecanismo ideológico y pasa a ser un instrumento para intentar equilibrar un mercado desequilibrado. Según estudios del CONEVAL y de BBVA, el incremento del salario mínimo fue el factor decisivo en la reducción de la pobreza, más que los programas sociales. De esta manera, el aumento del salario mínimo genera un derrame económico que debilita la lógica clientelar que sostiene la fuerza electoral de Morena.
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La lógica clientelar ya empieza a cansar. La encuesta global de Morning Consult —la misma que antes Morena presumía a menor provocación— muestra una caída de la aprobación de Sheinbaum de 62% a 41% en un año. Otras encuestas, como la de El Financiero, muestran que el 66% la reprueba por corrupción y el 73% por el crimen organizado. El deterioro es señal de que la narrativa asistencialista de la presidenta queda opacada ante el bajo desempeño en áreas que no se solucionan con transferencias.
Si el incremento del salario mínimo tuviera un efecto positivo, fortalecería el empleo formal y la producción, permitiendo a las familias dejar de votar por miedo a perder las transferencias, lo que dirigiría su voto hacia la indignación ante problemas sociales, como la corrupción, la violencia, la falta de medicamentos y el escaso crecimiento económico que impide la creación de más empleos. Además del impacto económico, habría un impacto político que debilitaría el poder electoral de Morena.
Por otro lado, si el incremento del salario mínimo y la reforma laboral salen mal, el aumento de los costos de operación sin un aumento equivalente en la producción llevaría al cierre de negocios, a la pérdida de empleos y a una mayor cantidad de personas en situación de pobreza.
El deterioro económico derivado de la reforma laboral alimentaría la frustración social de los trabajadores y pequeños empresarios, lo que terminaría atribuyendo a Morena el mal desempeño económico. En este escenario no solo se mantendría la dependencia clientelar, sino que se despertaría aún más el resentimiento social ante la ineficiencia del partido en el poder.
Al final, Morena tendrá que pagar el costo de haber gobernado despreciando la inversión privada y sin fortalecer el mercado laboral, confiando en su modelo clientelar de transferencias. La salida de empresas como AT&T, la pérdida del Estado de derecho, la infraestructura deteriorada y el favoritismo hacia las paraestatales muestran que ningún proyecto político es sostenible cuando se limita la creación de empleo. Será la realidad de menos oportunidades, menos crecimiento y menos seguridad la que termine por orientar el voto de los ciudadanos.