El Congreso de San Luis Potosí vive uno de esos momentos donde las máscaras caen sin disimulo y se desvela la ajada moral corrosiva de quien las porta.
Un legislador de Morena, Carlos Artemio Arreola Mallol, se ha convertido en el arquitecto de una hipoteca multimillonaria para municipios y estado. El diputado local propuso cuatro iniciativas para autorizar un endeudamiento que, en total, asciende a 13 mil 404 millones de pesos.
El monto cuadruplica la deuda actual del estado y compromete las arcas futuras por décadas. Es una fiebre repentina de gasto con visos de pánico.
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Lo paradójico es que el fondo de esta maniobra legislativa de un morenista resolvería la desesperación financiera del gobierno verde de Ricardo Gallardo Cardona. Para nadie medianamente informado en San Luis Potosí es un secreto que las arcas estatales están agujereadas, parchadas de manera temporal a golpe de quirografarios.
Hará un semestre que varios bancos echaron números, enlazaron coordenadas para delinear contexto y sus consejos internos recomendaron cerrar la llave a los préstamos “temporales” al gobierno estatal. Ahora son públicos los adeudos críticos e injustificables a la UASLP y al IMSS Bienestar.
Desde el inicio de la administración, el fondo de Pensiones del Estado entró a una opaca labor de desfonde. Jubilados reclaman el impago de una liquidación superior a 700 mil pesos que no les entregan. No hay una forma clara y transparente de saber cuánto hay en ese fondo, cuánto dinero ha salido y cuánto fue descontado a los trabajadores del Estado en cuatro años.
Mientras tanto, los recursos se han evaporado en obras de relumbrón, aficiones personales del gobernador, como los espectáculos y la charrería. El morenista Arreola Mallol, con este paquete glorioso de endeudamiento a espuertas, actúa como un tránsfuga de facto, un diputado que cambia los principios de su bancada por el favor del Palacio de Gobierno. No lo avisó a sus compañeros, no le dijo nada a su partido.
La justificación del paquetazo hipotecario arreolista es retórica: “más desarrollo, infraestructura, movilidad y reducir el rezago social”. La primera iniciativa es un asalto a los fondos federales con un barniz social.
Arreola propone que los municipios se endeuden con cargo al FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social). La lista de montos permitidos de su iniciativa está convenientemente encabezada por municipios del PVEM: Tamazunchale, Aquismón y Xilitla. No es coincidencia, es la entrega de capital político a la base electoral del gobernador. Una jugada que huele a 2027.
El mecanismo de endeudamiento es la trampa centralizadora. Faculta a la Secretaría de Finanzas para crear un fideicomiso irrevocable de pago. Esto significa que los recursos federales, destinados a la pobreza, quedarán comprometidos hasta la liquidación total de la deuda.
El Estado, vía Finanzas, se convierte en el administrador supremo, reduciendo la autonomía de los ayuntamientos a una mera figura decorativa. El decreto reproduce un modelo financiero opaco que no incluye mecanismos de supervisión independientes ni límites a los costos operativos.
La segunda iniciativa es aún más audaz: una línea de crédito general por 2 mil 378 millones de pesos con cargo al Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal (participaciones de libre disposición).
Este esquema permite el endeudamiento múltiple y simultáneo de los 59 ayuntamientos sin necesidad de nuevas aprobaciones legislativas por cada crédito. Una jauja del crédito con el control de las operaciones centralizado en el Ejecutivo del Estado, es decir, Ricardo Gallardo Cardona.
San Luis Potosí y Soledad concentran los techos más altos, lo que facilita el uso de los fondos para proyectos de alto impacto político a corto plazo. A Villa de Pozos también le ponen un tope alto, cuando no logra ahora ni definir su estrategia de recaudación como nuevo municipio.
El corazón del riesgo es la tercera iniciativa: el crédito estatal de 7 mil 140 millones de pesos. Una cifra que duplica la deuda pública actual. Su plazo de 20 años abarca tres períodos de gobiernos posteriores al de Ricardo Gallardo Cardona y lo que a éste le falta para concluir el suyo. Es una deuda intergeneracional que hipoteca a la ciudadanía potosina hasta 2046.
La iniciativa es alarmantemente vaga. Invoca la "inversión pública productiva" pero no detalla proyectos concretos, ni rentabilidad social.
Esta ambigüedad es el espacio perfecto para el desvío hacia gasto corriente o, peor aún, gasto político-electoral en un contexto preelectoral. Se rompen los principios de planeación y se corre el riesgo de violación al principio de destino legal de la deuda.
El Congreso, de aprobar sin reservas, se convierte en cómplice y corresponsable político de la falta de transparencia del Ejecutivo. La promesa de "niveles de endeudamiento sostenible" es hueca, pues no se presenta un análisis actualizado de proyecciones de flujo a 2046.
El diputado Arreola, al entregar esta herramienta financiera, regala un cheque en blanco a un gobierno que desde el primer día oculta el gasto y pone todo tipo de pretextos para no hacer públicas las licitaciones, si es que las hay. Para los morenistas, Arreola actuó como “topo”, el término usado en política para la persona que se infiltra en una organización o partido para trabajar en beneficio de un rival. El paquete hipotecario reduce el margen de maniobra de los próximos tres gobiernos estatales. Y los próximos cinco de los municipales.
El Congreso potosino tiene una bancada verde borrosa y domesticada, el erial perfecto para la aritmética legislativa; no cabe esperar de los verdes otra cosa que la aprobación sin leerla siquiera. Tampoco notarán que la autorización global de endeudamiento otorga facultades amplísimas a la Secretaría de Finanzas, restando capacidad de supervisión posterior del Poder Legislativo hasta convertirlo en un mero validador del Ejecutivo.
La falta de un plan técnico detallado de inversión y el contexto preelectoral de 2026 aumentan el riesgo de que los recursos se usen para financiar obras visibles de alto impacto político a corto plazo, sin planeación técnica, a mero interés político.
Actuar como contrapeso es la obligación de los opositores, más de Morena, que enfrenta un acto de transfuguismo oportunista en su bancada. Es evidente la falta de convicción ideológica y audaz la facilidad para alinearse a proyectos que no son los del partido.
Sí, desde luego, cabe preguntarse a cambio de qué.